España se sitúa a la cola en el ranking mundial sobre seguridad jurídica y calidad normativa
El Instituto de Estudios Económicos alerta de esta situación que perjudica sobre todo al mercado eléctrico español
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del ministro de Exteriores, Albares. | Europa Press
El último ranking del Banco Mundial publicado en el Worldwide Governance Indicators– deja a España en mal lugar por la baja puntuación de su marco institucional, en lo relativo a los indicadores de gobernanza, relacionados en este caso con la calidad regulatoria o normativa y, la seguridad jurídica o cumplimiento de la ley. Dos variables que están estrechamente unidas a la ecuación del desarrollo económico del país y a su nivel de PIB.
La encuesta del Banco Mundial coloca a España en el puesto 25 de 30 países, en cuanto a calidad regulatoria y, en el puesto 23 de 30 en seguridad jurídica, poniendo de relevancia que la situación de España no está en línea con los promedio de la UE, que ocupa los puestos 19 y 18 respectivamente. Una caída, por cierto, que ha sido significativa a partir del año 2018, y que no ha vuelto a remontar en los últimos registros.
Asimismo, el análisis de los indicadores cualitativos relativos la calidad regulatoria y la seguridad jurídica también evidencia que, para estar al mismo nivel de países con mejores prácticas como Finlandia, Dinamarca, Suecia o Alemania, entre otros, es necesario mejorar algunos aspectos de la política económica, como objetivo explícito para que ello tenga reflejo en la mejora de la calidad regulatoria y la seguridad jurídica.
Y es que la literatura empírica de la economía demuestra que -defendía esta semana pasada el Instituto de Estudios Económicos en un informe titulado, ‘Buenas prácticas regulatorias. Una propuesta para el sector eléctrico español’-, de no apostar por un marco institucional serio, eso acaba lastrando el desarrollo económico y la convergencia en términos de renta per cápita con los países de nuestro entorno.
La seguridad y la calidad en el sector eléctrico
En efecto, esta pasada semana, el IEE ponía en relieve un informe técnico al sector eléctrico español, elevando una propuesta para el próximo Gobierno e incluso para que entre en el debate del último semestre del Consejo Europeo, cuya presidencia recae a partir del 1 de julio en España.
Con ese propósito, el organismo de estudios dependiente de la CEOE sostiene que un diseño y aplicación de los principios de una mejor regulación, en este sentido, son fundamentales para la consecución de una garantía de suministro de electricidad a un mínimo coste posible y la conservación del medio ambiente.
Unas prácticas que van en el sentido contrario hasta ahora planteado en gran medida por el Ejecutivo progresista de Sánchez, que ha optado por mayor intervención, control y adopción de medidas que a la postre acaban alterando artificialmente los precios y generan ineficiencias.
De ahí la importancia que juega el papel del Estado con su calidad institucional, razón -plantea el IEE- por la que el conjunto de la economía europea y española han afrontar una serie de retos y objetivos que atañen al sector de la actividad eléctrica, después de comprobar la vulnerabilidad de estos países, una vez que Rusia ha cerrado el suministro de gas a Europa, lo que ha trastocado la política energética de la zona euro.
Retos y objetivos
La crisis de Ucrania -subraya el organismo presidido por Íñigo Fernández de Mesa y dirigido por el economista Gregorio Izquierdo– ha originado que los gobiernos hayan adoptado una serie de medidas extraordinarias y de carácter desigual. En el caso de España -reincide el informe- es criticable el establecimiento de un gravamen sobre los ingresos en lugar de aplicar sobre los beneficios extraordinarios como establecía el Reglamento Europeo. Pues bien, la adopción de medidas como esta aumenta la prima de riesgo del sector con el consiguiente freno de inversiones futuras. Una actuación política, con reforma estructural añadida concreta, que denota que no se ha regido por las buenas prácticas regulatorias.
Para el Instituto de Estudios Económicos, estas reformas, al calor de la crisis derivada de la invasión rusa Ucrania, con una consiguiente crisis económica, dejan al descubierto una serie de deficiencias que hay que atajar para que no acabe afectando al bolsillo de los consumidores y a agrandar la deuda y el déficit de las cuentas públicas. Por eso, el IEE considera imprescindible preservar la ortodoxia regulatoria, que evite medidas por parte del Gobierno enfocada en la intervención de los mercados.
En este sentido, el informe apuesta porque el mercado mayorista deba seguir siendo marginalista, para de ese modo, garantizar que la energía se produce al menor coste posible, y se asigne y se consuma eficientemente. Así, y en aras a reducir la volatilidad en los precios, el IEE apuesta porque los mercados de contratación cobren mayor protagonismo.
A su vez, y en oposición al diagnóstico del Gobierno, las señales que se producen en los mercados a través de los precios -indica el informe, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE– son mucho más eficientes que las subvenciones a la hora de incentivar los proceso de carbonización. en cuento a los mecanismos de capacidad -sostiene- estos son necesarios puesto que sin ellos se compromete la seguridad del suministro y será imposible acometer inversiones en almacenamiento, necesarias. De igual forma -apunta el IEE-, el proceso de electrificación de la economía también exigirá el despliegue de nuevas infraestructuras de red eléctrica (no solo para generación sino también para descarbonización de consumidores e incluso nuevas industrias.
Por último, y además de apostar por las interconexiones, el informe advierte que la tarifa regulada del mercado minorista de electricidad, tal y como se ha aprobado recientemente, puede ser innecesaria y se superpone con soluciones que ya provee el mercado a medio plazo, por lo que -recomienda el IEE- ha de abordarse su eliminación, dejándola exclusivamente para último recurso. De igual forma, recomiendan que los bonos sociales eléctrico y técnico deben fusionarse en un único instrumento de ayuda a consumidores vulnerables con el objetivo de facilitarles el pago de la factura energética, sustituyéndose los actuales descuentos porcentuales en el precio por ayudas directas a los consumidores considerados vulnerables, financiándose estas también desde los Presupuestos Generales del Estado.
