Las eléctricas temen la reforma de la UE, que permitirá intervenir el precio en épocas de crisis
Fuentes cercanas a la negociación apuntan a que antes de este año se aprobarán topes temporales
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen | EuropaPress
El último semestre del año será clave para conocer el desenlace de la reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea. En Bruselas confían en cerrar un pacto in extremis, y apuntan a que este se produzca antes del 31 de diciembre de 2023. Un acuerdo que inquieta a las energéticas. Así, según comentan fuentes del sector a THE OBJECTIVE, las patronales europeas de este sector temen que finalmente se apruebe la reforma del mercado ya que permitirá, apuntan fuentes cercanas a la negociación, a dar un ‘cheque en blanco’ a los Estados para que aplique medidas intervencionistas en épocas de crisis.
La reforma energética, tras recibir luz verde del Parlamento, ahora se va a someter a un segundo escenario: los conocidos como ‘trílogos’, donde negociará el Parlamento Europeo con el Consejo de la Unión Europea mientras la Comisión Europea actúa como árbitro. En esta reforma, el europarlamentario socialista español, Nicolás González, ha defendido una propuesta que, finalmente, ha conseguido ‘colar’ uno de los grandes objetivos de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Esto es la posibilidad de intervenir los precios en momentos en los que exista tensión económica y energética, como la que se ha vivido en los últimos meses.
Existen dos claros bloques enfrentados por esta cuestión, los territorios del norte y los del sur. Los primeros se oponen a permitir una intervención de los precios, mientras que los segundos apuestan por esta solución cuando se afronten situaciones de tensión o de crisis, como la actual. De esta forma, altos cargos de Bruselas ya deslizan en sus círculos la posibilidad de llegar a un acuerdo aprobando una reforma eléctrica que permita la existencia de «lagunas legales» que se abran a la interpretación de la norma.
España es uno de los territorios de la Unión que más ha defendido la intervención en el mercado. De hecho, ha conseguido hace poco prorrogar dos medidas intervencionistas hasta finales de año. La primera es la conocida como ‘tope al gas’, que permitió durante muchos meses intervenir el precio de esta tecnología a cambio de un pequeña recargo en la factura de los clientes finales. Una medida de la que se aprovecharon nuestros vecinos —Portugal, Francia y Marruecos— que compraron el gas subvencionado por los españoles porque les resultaba más barato. Sin embargo, desde hace ya varios meses esta medida no tiene efecto porque el precio está por debajo del límite marcado por el Gobierno.
La otra medida intervencionista se aplicó a finales de 2021, conocida como la ley de minoración de ingresos, donde se impuso un tope de 67 euros a la energía nuclear, hidroeléctrica y también a aquellas renovables que ya no mantienen una prima. Otra iniciativa polémica ya que se aprobó un año antes de lo dictado por Europa y, además, su fin estaba estipulado para el pasado mes de junio. Un escenario que ha provocado un sentir negativo por parte de las eléctricas hacia el Gobierno de España.
Un Ejecutivo que, sin embargo, no se ha achicado ante las circunstancias y, sin ir más lejos, aprobó un impuesto contra las energéticas del país con el fin de lograr una recaudación de 2.000 millones de euros para los próximos dos años. Esta realidad ha mantenido al sector eléctrico en pie de guerra con el Gobierno que, tras las elecciones del pasado 23 de julio, parece que se reeditará.
El fantasma de Ribera sigue sobrepasando por encima de la reforma del mercado eléctrico en Europa. El pasado mes de enero, el Ministerio de Transición Ecológica presentó su propia reforma, que destiló algunos conceptos intervencionistas, como la apuesta por contratos por diferencia —los conocidos como CfD— para las diversas tecnologías: desde las renovables hasta la nuclear, pasando por la hidráulica y el ciclo combinado. Una petición que fue rechazada por el sector eléctrico y muchos de los países de la Unión.
Aunque los beneficios de las empresas están aumentando este año, por el contexto energético, son conscientes de que el escenario puede cambiar. Esta nueva regulación europea puede provocar que muchas de las compañías se sientan incómodas en suelo europeo y amenazadas por la intervención.
