El Gobierno ha adjudicado 17.400 contratos a dedo y sin publicidad en toda la legislatura
Uno de cada diez contratos de la Administración desde 2020 se han negociado sin publicidad
Los ministerios de Irene Montero y José Luis Escrivá protagonizan los contratos menores. | Europa Press
Los contratos menores y a dedo, que deberían ser excepcionales, y los negociados sin publicidad, poco transparentes y demasiado frecuentes, siguen protagonizando la contratación pública. Todas las administraciones continúan apostando por instrumentos de contratación cuestionados desde diferentes ámbitos. La Administración General de Estado no es una excepción.
Un análisis de los contratos del Estado desde 2020 realizado por THE OBJECTIVE muestra que en uno de cada diez se utilizó el procedimiento negociado sin publicidad. Esta fórmula supone una adjudicación prácticamente a dedo en la que la administración elige el licitador o posibles licitadores.
Mientras, los contratos menores, siempre bajo lupa por su adjudicación a dedo, predominan en los Ministerios de Seguridad Social y de Igualdad. El examen muestra que hasta 6.403 de los contratos del Estado se ejecutaron sin publicidad -muchos con importes millonarios- y 10.975 fueron menores. Estos tienen menor cuantía, pero en algunos casos caen de forma repetitiva en las mismas empresas.
Contratos negociados sin publicidad
En 2015, cuando era ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, se abordó el abuso de los contratos negociados sin publicidad, una fórmula excepcional que restringe la participación. Las pymes son las principales afectadas por este procedimiento que limita las ofertas.
El negociado sin publicidad es un procedimiento que permite omitir el periodo de publicidad e invitar a los operadores para establecer las condiciones de contratación. Su excepcionalidad está motivada porque la competencia no puede garantizarse por cuestiones propias del mercado o porque los procesos anteriores no se han podido cubrir.
Hasta los cambios legislativos, había más procedimientos negociados que abiertos. Además, algunos de estos contratos han sido financiados con fondos europeos. Hasta 90 procedimientos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se han puesto en marcha esta fórmula.
Contratos Covid
Los tres mayores contratos negociados sin publicidad tienen que ver con las selección de suministradores y productos para hacer frente a la covid-19. Estos suministros siguen bajo lupa por su extraordinaria cuantía y los mínimos filtros que hubo en su concesión, debido a la urgencia que requería. En total, las diferentes licitaciones suman 2.131 millones fruto de un acuerdo marco.
Mientras, el segundo gran contrato negociado sin publicidad tiene que ver la fabricación de vehículos de combate sobre ruedas 8×8 y suma 1.736 millones). El tercero, prevé la «renovación de la capacidad de comunicaciones por satélite de la actual constelación de satélites SAPINSAT y XTAR-EUR». Su coste, 1.155 millones de euros.
De los financiados por la UE sin publicidad, que suman 223 millones, el principal contempla el desarrollo del plan de Digitalización Consular para el Ministerio de Asuntos Exteriores -77 millones-. El segundo gran contrato negociado sin publicidad prevé la construcción del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE, más de 38 millones de euros.
Contratos menores y a dedo
Otra de las fórmulas de adjudicación menos transparente son los contratos menores -a dedo-, de la que determinados organismos abusan, pese a ser excepcional. En la AGE, el Ministerio de Igualdad y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiran de forma frecuente de este parche para cubrir necesidades.
El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero desde 2020, ha decidido apostar radicalmente por esta contratación para cubrir la mayoría de las necesidades de sus departamentos y organismos adscritos. La fórmula, de ejecución muy rápida y que debería ser muy limitada, ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por su falta de transparencia, por los controles mínimos a los que es sometida y porque los aspirantes rechazados quedan con las manos atadas para poder reclamar cualquier irregularidad.
En la legislatura, los organismos que dependen de Igualdad han sacado adelante 661 contratos de este tipo, lo que supone el 75% del total de sus concesiones. Según ha podido comprobar THE OBJECTIVE, una parte de las adjudicaciones de contratos menores de Igualdad no cumple el precepto de que solo pueden utilizarse para satisfacer necesidades puntuales y esporádicas, concretas y perfectamente definidas, y urgentes.
Igualdad y Seguridad Social
Estudios sobre género, homofobia y transfobia, actos del 8-M -que se repiten cada año-, renovaciones informáticas, una biografía de Dolores Ibárruri La Pasionaria o el mantenimiento eléctrico y de comunicaciones, podrían ser cuestionados en una auditoria del Tribunal de Cuentas, que en su fiscalización de los contratos menores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dejó claro que la adjudicaciones menores a 15.000 euros solo deben utilizarse para satisfacer necesidades concretas y perfectamente definidas.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Social también ha tirado en casi mil ocasiones de este tipo de contratos. Esta fórmula permite la contratación sin concurso para decidir quién es el candidato y su falta de transparencia ha estado en el punto de mira. En total, el Estado utilizó este mecanismo para 10.675 contratos.
