El perdón de la deuda de 70.000 millones a Cataluña dispararía la prima de riesgo española
La decisión de hacer una quita a cualquier administración rebajaría el ‘rating’ de España frente a los inversores
Pedro Sánchez y Pere Aragonès, en la cumbre con Francia celebrada en Cataluña. | Europa Press
Condonar deuda o perdonar deuda a Cataluña, como quieren Junts y ERC, y como así se lo han trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez, de cara a la negociación de investidura, tendría un efecto devastador para la economía española. Además de consecuencias en la bolsa -explica a THE OBJECTIVE el economista y director del Observatorio Económico de la Universidad de Francisco de Vitoria, José María Rotellar-, «afectaría a nuestra prima de riesgo, de inmediato rebajaría también la calificación rating de las agencias y, lo que es aún más grave, dificultaría la financiación de la economía española del sector público, porque en el fondo se estaría enviando un mensaje muy peligroso a los mercados, que dejan de confiar en ti porque ya no saben si tu pagas».
Por eso -razona Rotellar-, cabe preguntar al Estado dónde está el limite de una condonación, porque eso conlleva que el Banco de España tenga que rectificar la deuda, y el Estado, si perdona la deuda, está reconociendo ese dinero como ingresos. Y hay que saber -insiste-, que la administración no puede responder subsidiariamente».
El debate de la quita de la deuda, siempre en la mesa por parte de las fuerzas independentistas catalanas, ha resurgido de nuevo, apenas cuatro días después de conocer los resultados electorales. Así, el jueves 27 de julio, el Parlamento de Cataluña aprobaba una moción de Junts -el partido de Carles Puigdemont-, sobre los agravios económicos fiscales del Estado hacia Cataluña.
En el contenido de la moción se explicita la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez de acabar con el déficit fiscal, aplicando el principio de ordinalidad, liquidar los importes que aun no se han ejecutado en infraestructura y, la compensación de partidas que se derivan de la disposición adicional tercera del Estatut, que literalmente reza que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras debe equipararse al porcentaje del PIB que Cataluña aporta al Estado.
De convertir esta demanda en realidad, habla para este periódico el economista Daniel Lacalle, quien mantiene que hacer una quita a la deuda de Cataluña es pasar esa deuda al resto de los españoles. Y si Cataluña tiene una deuda de más de 70.000 millones con el Fondo de Liquidez Autonómico y dicen que van a exigir una quita de 21.000, «eso significaría -explica-, que los ciudadanos de Extremadura, Asturias, de Murcia, de todo el resto de CCAA van a pagar más impuestos, y además van a asumir la deuda de Cataluña. Es decir -sostiene-, estamos ante una redistribución negativa que privilegia favores a la región más rica y, que pasa su deuda a los más pobres».
«Si se produce la condonación (incluso aunque sea parcial) de la deuda catalana -advierte por su parte el economista Javier Santacruz-, en realidad es un evento de default que encarece la deuda futura, pero además introduce el riesgo en las cuentas públicas a nivel nacional de tener que rescatar en el futuro más veces a autonomías en situación de quiebra. Es -puntualiza-, como cuando países federales tipo Alemania tienen que salir al rescate de sus länder».
La deuda de las administraciones
En la actualidad, y así lo constatan los últimos datos del Banco de España -ver gráfico-, la deuda de las comunidades autónomas asciende al 23% del total de la deuda nacional, lo que en 325.402 millones de euros, siendo Valencia y Cataluña las comunidades que mayor deuda alcanzan porcentualmente, con el 43,7% y 33%, frente al 14,1% y 14,2% de País Vasco y Comunidad de Madrid respectivamente.
Con estos datos, y a las puertas de recuperar las reglas fiscales, como pide Bruselas que se haga ya en 2024, Miguel Ángel Bernal, economista y socio del despacho patrimonial de Bernal & Sanz Bujanda, advierte del impacto, desde el punto de vista económico, que tendría condonar una deuda de 70.000 millones de euros, obviando además que nuestras cuentas están ya bastante deterioradas por el enorme gasto realizado por los gobiernos del Sr. Zapatero, el Sr. Rajoy y el de Pedro Sánchez. «Tenemos un déficit estructural insostenible -observa Bernal- y, al que hay que poner coto si no queremos dañar el crecimiento económico del país. Por otra parte -añade-, la ratio de deuda pública sobre el PIB está alrededor del 113,0%, una cifra no vista jamás y, la financiación de la misma, dada la subida de tipos de interés, nos costará en el futuro a todos los españoles más; algo que habrá que asumir con unos necesarios recortes de gastos o por una indeseable subida de la imposición fiscal. En este sentido -concreta-, y en cuanto a la calidad de nuestra deuda, hay que recordar que alguna agencia de calificación ha anunciado la posibilidad de recortar nuestra nota crediticia, algo que presionaría a la prima de riesgo al alza». Desde el punto de vista territorial -remata Bernal-, «crearía dolorosas comparaciones con otras comunidades autónomas, también, altamente endeudadas».
Para Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, la cuestión de la condonación de deuda de cualquier administración «debería seguir los procedimientos establecidos y respetar las instituciones y organismos de los que se ha dotado nuestro país. Es decir, lo primero pasa por plantearse una reforma del sistema de financiación autonómica en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que parece que todas las comunidades autónomas, con sus diferentes matices, están de acuerdo en que hay que iniciar esa negociación (la de una reforma del sistema, no la de una quita o condonación). E -indica-, una vez acordado esto será el momento de analizar las posibles compensaciones (yo nunca hablaría de quitas o condonaciones ), y en todo caso debería ser en función de lo acordado de forma global y, además, importante, del análisis del uso y gasto que cubrió y al que se dedicó la deuda».
«Todo lo que se salga de esos parámetros -afirma- no es un buen mensaje a los mercados y de nuestra economía, esta podría tener una cierta pérdida de consistencia a nivel de financiación internacional . Incluso a nivel de las comunidades autónomas , en su búsqueda de financiación fuera del ámbito estatal, sería otro mensaje contradictorio (una solución de c/p ilusoria)».
