Bildu exigirá al PSOE que el impuesto a las eléctricas sea permanente a partir de 2024
La medida puede generar tensión con el PNV, mucho más sensible a empresas como Iberdrola o Repsol
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. | Europa Press
La formación política de izquierda abertzale EH Bildu, que fue un actor esencial en la aprobación de varias de las medidas económicas de calado de la anterior legislatura, mantiene su foco puesto en uno de los compromisos que logró arrancarle al PSOE el pasado año: convertir, a través de un estudio, el actual impuesto coyuntural contra los beneficios extraordinarios de las eléctricas en un futuro tributo estructural. Así, fuentes de la formación confirman a THE OBJECTIVE que aunque esta medida no será una «condición» para investir a Pedro Sánchez, sí tendrá su importancia en la legislatura.
«El recorrido de esta legislatura dependerá de los proyectos y las leyes que se saquen adelante», aseguran desde Bildu. Los socialistas pactaron con la izquierda abertzale llevar a cabo una serie de estudios de viabilidad que analizasen los efectos del impuesto a las eléctricas tras dicha aprobación. Pero el adelanto electoral ha interrumpido este proceso. Sin embargo, desde Bildu no olvidan esta promesa y ya se preparan para retomarla en el Congreso en caso de que se reedite de nuevo el gobierno de coalición.
El Ejecutivo espera recaudar 2.000 millones de euros en 2023 y 2024. Un escenario que provocará cierta fricción entre los dos socios vascos del actual gobierno en funciones. De esta forma, PNV y Bildu mantienen sus diferencias con respecto a esta medida que planteó en su momento la formación de izquierda abertzale. Así, los jeltzales, propensos a defender los intereses de las empresas, mostraron sus reticencias con respecto a la idea de convertir en permanente el tributo.
Posición del PNV
«Al no ser impuestos, porque no lo son aunque se les llame así, choca directamente con el sistema de Concierto Económico e impide su concertación. El PNV siempre ha defendido, por tanto, la conveniencia de que tanto las eléctricas como la banca hicieran un esfuerzo también en un contexto económico complicado, pero ha sido crítico con la formulación empleada. Comparte el fondo, pero no la forma», aseguran desde el partido jeltzale, que siempre ha sido más sensible a empresas energéticas vinculadas al País Vasco como Iberdrola o Repsol.
El apoyo de estos, junto con el de Junts, es clave en una futura votación. Por lo que la negociación tendrá que extenderse también a los otros partidos políticos que configuran el bloque autodenominado como progresista. Sin ir más lejos, el PNV mantiene buenas relaciones con el sector energético vasco, donde se encuentran asentadas compañías importantes como Iberdrola y Petronor. De hecho, este partido -junto con el ‘desaparecido’ PdCat- consiguieron suavizar el impuesto excluyendo de la tasación el negocio regulado e internacional a través de una serie de enmiendas en el Congreso.
Las eléctricas temen una medida de este calado porque obligaría a un reajuste en sus balances, que sería, además, permanente. Por otro lado, estas ya se han movilizado jurídicamente para tumbar el impuesto temporal anunciado por Sánchez y aprobado por el Congreso el pasado año. Una medida anómala para estas compañías a la que se le suma el Real Decreto-ley 17/2021 de minoración de ingresos (que fija el precio de algunas tecnologías en 67 €/MWh) y, también, el mecanismo ibérico, que topa el precio del gas.
«Fraude de etiquetas»
Los expertos legales comentan que el impuesto aprobado por el Gobierno podría tratarse de «un fraude de etiquetas» por cómo ha sido diseñado. Así, aunque actúa como un impuesto, realmente el Gobierno lo denominó como «prestación patrimonial».
Por otro lado, las eléctricas aseguran que «La Unión Europa ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas, en el que nada se dice sobre el sector eléctrico. El gravamen aprobado en España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético (…). Además, el impuesto en Europa es sobre beneficios y no sobre ingresos, como se ha implementado en España. Somos el único país de Europa que grava los ingresos, en concreto, el 1,2%».
Algunas compañías ya están notando los efectos perversos de este impuesto. Así, la energética Cepsa aseguró en la presentación de sus resultados que habían perdido un 70% con respecto a 2022 precisamente por el nuevo tributo del Ejecutivo. «Nuestro primer semestre se ha visto afectado por un impuesto extraordinario mal diseñado que ha impactado significativamente en nuestros resultados y en la generación de caja, en un contexto en el que Cepsa está llevando a cabo una profunda transformación, pasando de ser una empresa tradicional de petróleo y gas a una compañía a la vanguardia de la transición energética europea», sentenció Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa, el pasado mes de julio.
