Preocupación en el sector inmobiliario ante una legislatura que ahuyente aún más la inversión
Las consultoras alertan de que la amnistía puede afectar a la percepción de estabilidad esencial para atraer inversiones
Viviendas en construcción. | Europa Press
El sector inmobiliario está «expectante» ante el nuevo Gobierno que echará a andar este viernes. «Venimos de unos años complicados para el sector con medidas que no han favorecido a la inversión», aseguran fuentes de un importante fondo de inversión del sector a THE OBJECTIVE. Estas mismas fuentes apuntan que durante los últimos cuatro o cinco años ha habido en España una «regulación muy intrusiva» en materia de vivienda. Algo que ha ahuyentado a la inversión. «Toda la incertidumbre que ha habido con la tramitación de la ley de vivienda o la normativa en Cataluña que protege mucho la ocupación ilegal», apuntan, lo que ha ralentizado la llegada de capital al sector.
«Desde el año 2019 ni han salido mas carteras, ni ha habido mas inversión en inmobiliario de grandes carteras, en lo que son portafolios inmobiliarios a la banca, eso se paró hace tiempo», apuntan. Ahora, los fondos y los inversores aguardan con cierta inquietud el devenir de los próximos años. «Habrá que ver qué ministerio de vivienda se crea y qué fuerzas hay. Ver cómo se hace el desarrollo de la ley de vivienda», apuntan.
En este sentido, desde el sector destacan que lo que necesitan para crecer, tras años de incertidumbre, es «estabilidad regulatoria, claridad y que el marco jurídico no cambie». También piden que el nuevo Gobierno que «no se regule contra nadie, que no penalice a los fondos por invertir y que no haya una retórica agresiva hacia la inversión extranjera que quiere desarrollar proyectos en España».
Preocupa la amnistía
Por su parte, la Asociación de Consultores Inmobiliarios (ACI) ha expresado recientemente su preocupación ante el pacto firmado entre el PSOE y Junts, concretamente en lo referente a la amnistía. A través de un comunicado, esta asociación, que engloba a las principales consultoras inmobiliarias del país (BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills), ha hecho referencia a las medidas que puedan suponer «una pérdida significativa de seguridad jurídica, calidad democrática y confianza de los inversores».
La ACI sostiene que las «medidas anunciadas tendrán repercusiones negativas en la economía española, afectando la percepción de estabilidad y transparencia que son esenciales para atraer y retener inversiones». Desde estas consultoras, las más importantes del país, prestan servicios de consultoría en transacciones millonarias en el ámbito inmobiliario.
Además, estas compañías operan en diversos sectores como oficinas, logístico e industrial, retail, residencial y hotelero, entre otros. En este sentido, la ACI ha expresado su respeto a los principios y valores democráticos consagrados en la Constitución Española; y respalda la división de poderes como garantía de los derechos reconocidos en la Carta Magna.
Dudas de las medidas
Mientras, tanto las medidas sobre el sector anunciadas por Pedro Sánchez durante su discurso de investidura como las recogidas en el pacto entre el PSOE y Sumar, generan dudas. El acuerdo contempla diferentes cuestiones relativas a la vivienda que van en la línea de la Ley aprobada a mediados de este año. «No hay grandes novedades respecto a lo que ya se venía conociendo, sí que es cierto que tienen un objetivo positivo, que es intentar hacer mayor el parque de vivienda disponible y mejorar la accesibilidad a la vivienda por parte de los jóvenes y aquellos que se encuentran en una situación económica más vulnerable», apunta Ferran Font, director de estudios de Pisos.com.
Sin embargo, el experto también reconoce que le presenta «grandes dudas» la efectividad de dichas medidas, tanto por el desempeño de propuestas anteriores a estas, como por el posible conflicto con determinadas autonomías. «Todas estas propuestas también presentan dudas en relación a cómo gestionar un conflicto que habrá con las comunidades autónomas», añade.
Actualmente se considera que nuestro parque de vivienda alcanza los 25 millones. «El anuncio de incrementar la vivienda pública al 20% debe ir acompañado de dos cuestiones fundamentales: el incremento exponencial de la dotación presupuestaria en los PGE y la adecuación de la capacidad de gestión pública de ese parque de vivienda», señala Carolina Roca, presidenta de Asprima.
Por su parte, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) y presidente de la promotora Vía Ágora, considera el objetivo que se han marcado Díaz y Sánchez «excesivamente ambicioso, una ensoñación». Gómez-Pintado, en conversación con THE OBJECTIVE, apunta que «no hay capacidad de producción para hacer esto».
El parque público de viviendas representa en España apenas el 2,5 %, muy por debajo del 9,3% que supone de media en la Unión Europea. «Llegar a ese 9,3% para igualarnos con Europa ya podría suponer un objetivo de 15 a 20 años. Alcanzar el 20% serían 40 o 50 años», asegura a este diario Julián Salcedo presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid.
