Los inversores latinoamericanos empiezan a sacar en masa sus fortunas de España

La preocupación de los inversores extranjeros por la deriva de Pedro Sánchez y sus pactos para mantener la Presidencia del Gobierno es máxima. Y uno de los colectivos que más asustados están son los latinoamericanos, principalmente mexicanos, venezolanos y peruanos, que están empezando a sacar sus fortunas del país y a poner en venta empresas y propiedades -como inmuebles- que habían adquirido en los últimos años.

Según ha podido saber THE OBJECTIVE a través de fuentes financieras, la fuga de capitales «se está produciendo ya en masa» ante lo que pueda suceder, camino de otras jurisdicciones. Bancos privados y de inversión, además de consultoras y despachos de abogados no dan abasto en las últimas semanas con la cantidad de consultas y peticiones de operaciones que están recibiendo por la incertidumbre que generan las políticas del Ejecutivo y sus compromisos.

Los pronósticos apuntan a que esto es solo el comienzo, ya que según relatan distintas fuentes, las transacciones se van a multiplicar con el tiempo y antes de que el Gobierno apruebe algunas de las medidas prometidas a sus socios. Los pasos dados hasta ahora están ahuyentando a los latinoamericanos, que habían llegado desde la pasada crisis financiera a nuestro país a hacer negocios y a refugiar su patrimonio de las políticas implantadas en sus territorios de origen.

El temor de muchos de ellos es volver a vivir la misma situación que, en el caso de Venezuela, ha sido especialmente dramática. Es decir, que poco a poco se vaya deteriorando el panorama y que en último término se queden de nuevo atrapados, aunque esta vez en tierras lejanas. Por eso muchos han puesto en marcha la maquinaria, que se fundamenta en un traslado inmediato de dinero a otros países y en órdenes de venta de los activos que habían sido comprados, con el fin de deshacer sus posiciones de manera rápida para preservar el máximo posible el valor.

Preocupaciones crecientes de los inversores

Diferentes son las preocupaciones, que han ido en aumento y que han terminado por espantar a los inversores latinoamericanos tras los pactos de Gobierno sellados por Sánchez. El impuesto a las grandes fortunas, avalado recientemente por el Constitucional, y las críticas a los empresarios fueron el primer aviso a navegantes de la deriva política. Después, la ley de la vivienda, que entró en vigor la pasada primavera, y que blinda la okupación de inmuebles, por un lado, y topa el incremento en el precio de los pisos en alquiler.

El miedo se ha extendido como la pólvora en estos inversores a raíz de los sucesivos pactos del PSOE para conseguir revalidar la investidura para la nueva legislatura. Entre los compromisos destacan dos. El primero, el punto introducido en el acuerdo con Sumar, por el que se pretende imponer para todas las empresas un mínimo efectivo del 15% en el pago del impuesto de Sociedades. Hay que tener en cuenta que muchos de estos inversores han invertido a través de compañías, por lo que intentarán llevar a cabo las ventas antes de que sea de aplicación el aumento de gravamen para evitar un golpe fiscal.

El segundo es la inseguridad jurídica creada con la ley de la amnistía para lograr el apoyo de Junts, que pone en riesgo la separación de poderes en nuestro país, un aspecto clave y esencial para cualquier inversor y que ha sido denunciada por todas asociaciones de magistrados.

En las últimas semanas, la patronal y algunos destacados empresarios españoles han puesto el grito en el cielo por las pactos a los que ha llegado Sánchez para mantenerse en La Moncloa. La CEOE, por ejemplo, tras una reunión de urgencia alertó la semana pasada de  su rechazo a estos pactos y señaló que los mismos suponen un menoscabo para la democracia, y suponen un deterioro para las instituciones. Asimismo, subrayó el ataque de los mismos a la igualdad y, en clave económica, el complicado clima de negocios que está generando, afectando de manera directa al empleo y al crecimiento de nuestra economía.

También hace unos días, y de manera clara, el dueño de Mercadona, Juan Roig, advirtió del clima político que vive España en estos momento y aseguró que «si se diera en Portugal» su grupo «ralentizaría las inversiones». Además, auguró que como continúe «a todo el mundo le va a ir peor».

Estos avisos han comenzado a ser ya una realidad, con efectos peores a lo esperado y a una mayor celeridad, ya que las consecuencias van más allá de una disminución en los proyectos de los extranjeros en nuestro país, en tanto que implican también una huida de capitales a otros territorios. Al menos, de fortunas y empresarios latinoamericanos.