Inversores y empresas anticipan años 'muy duros' si se concreta el pacto de PSOE y Sumar

Inversores y directivos de grandes empresas consultados por THE OBJECTIVE han dibujado un negativo escenario para la economía, el tejido productivo y la inversión, si es que finalmente PSOE y Sumar logran rubricar su pacto de Gobierno en la investidura de Pedro Sánchez. Las fuentes consultadas por este diario anticipan años «muy duros» en los que tendrán que sufrir más presión tributaria y laboral que la que la llevan soportando desde la llegada del Ejecutivo de coalición.

Este martes, el presidente de Gobierno en funciones y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, firmaron su acuerdo de coalición para los próximos cuatro años con medidas que siguen aumentando la presión sobre las empresas. Algunos de los acuerdos más destacados fueron reducción de la jornada laboral, el progresivo aumento del salario mínimo, la prolongación de los impuestos extraordinarios a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas y un mayor control del mercado eléctrico y de la competencia.

Las fuentes consultadas advierten de la excesiva impronta de Sumar en este pacto. «Prácticamente todas sus demandas han sido aceptadas», dice un empresario a este diario. Vivienda, más impuestos, más costes labores. Prácticamente todo lo que Yolanda Díaz prometió en campaña se ha incorporado en el futuro programa del gobierno de coalición, dicen empresarios e inversores, que anticipan una legislatura en la que las empresas volverán a estar en el punto de mira del Ejecutivo.

Pacto fiscal

De esta manera, un asesor de grandes inversores ha calificado el pacto de «horror», mientras que otro directivo de un fondo de inversión lo ha tildado de «muy mala noticia». El sector considera que estamos ante impuestos que prolongan una situación extraordinaria y que perjudica a sectores pujantes, por lo que ahora los grandes capitales se lo pensarán dos veces antes de entrar en España. Si se suben los impuestos (es posible que se introduzcan nuevas figuras), es lógico que los inversores busquen lugares con menor carga impositiva, dicen a este diario.

El pacto ha establecido que se revisarán los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas «con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual y para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar». Respecto del impuesto de las grandes fortunas el objetivo es avanzar «hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios».

En el caso de los impuestos a las grandes corporaciones se trabajará para que paguen un 15% efectivo (como ha pedido la OCDE), pero con una «reforma global» del sistema fiscal español «para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura«. «Dicha reforma estará orientada a lograr que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias», indica el proyecto.

Salario mínimo

Del lado de los empresarios, se indica que el cóctel laboral introducido en el pacto es muy peligroso, ya que se pretende subir el salario mínimo (al mismo ritmo que el 60% del salario medio) y rebajar las horas de trabajo hasta las 37,5 (actualmente son 40 horas). Es así como consideran que se asestará un duro golpe a las pequeñas, grandes y medianas compañías españolas. La presión se redobla en momentos en los que la productividad sigue a la baja, indican a este diario.

Una situación que puede terminar de dar la puntilla a muchas pequeñas empresas que siguen afectadas por las subidas de los coses productivos y de la energía. Una situación que se agravará introduciendo nuevos costes laborales como el refuerzo de «la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral«. Se trata de una medida que quedó fuera de la última Reforma Laboral y que fue ampliamente rechazada por los empresarios.

Otra mala noticia, dicen las fuentes consultadas, es la nueva arremetida intervencionista del Gobierno. La coalición pretende reforzar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -revisando sus leyes de constitución y creación- e impulsar los instrumentos para «limitar la excesiva concentración empresarial y promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas».

Pacto por la vivienda

Del mismo modo, la coalición se ha comprometido a crear una Comisión Nacional de la Energía. «Un organismo regulador especializado que cuente con los recursos adecuados para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática». Dos decisiones que, para los consultados, no hacen más que generar regulación en sectores que deberían operar bajo criterios de libertad de empresa y libre competencia.

Una cuarta queja de los inversores y empresas es la inseguridad jurídica que aumentará en el sector de la vivienda si se concreta este acuerdo en un nuevo Ejecutivo de coalición. «Desarrollaremos las medidas contempladas en la Ley por el Derecho a la Vivienda para la contención de los precios, incluyendo tanto los incentivos fiscales como los mecanismos de regulación de los alquileres», dice el acuerdo.

El documento dice que se definirá con «carácter inmediato» el índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, «para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres». Recordemos que en España los grandes tenedores de vivienda son fondos de inversión que ya han advertido que esta legislación es contraria al libre mercado y que podría perjudicar la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Críticas de la CEOE

Este martes, CEOE, Cepyme y ATA manifestaron su rechazo frontal a las medidas del acuerdo para la formación de un nuevo Gobierno. La patronal de las grandes empresas, la de las pymes y la de los autónomos indicaron que van a tener un «impacto negativo» para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos y, por tanto, para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España.

Criticaron además que acuerdos tan importantes como la reducción de la jornada laboral, se hicieran «a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente». Agregaron además que es un atropello «al papel constitucional de los agentes sociales» y que todos estos pactos deben alcanzarse en el marco de la negociación colectiva y no de «una imposición legal».