Las clínicas Vivanta presentan un ERE solo 18 meses después de su polémico rescate público
Exaccionistas del grupo dental alertaron de irregularidades cuando Moncloa le concedió 40 millones de euros en ayudas
Logo de la red de establecimientos de Vivanta.
Primer varapalo para el Gobierno en relación a los rescates otorgados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y el Consejo de Ministros durante la pandemia de la Covid-19. El grupo dental Vivanta ha anunciado a sus trabajadores y odontólogos el inicio de un proceso de despido colectivo negociado que afectará a 143 de sus clínicas. Lo hace apenas 18 meses después de recibir un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
Se trata del primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en una de las empresas beneficiarias de ese fondo de 10.000 millones puesto en marcha por el Gobierno y la Sepi durante la pandemia. Y precisamente se produce en uno de los rescates más discutidos de cuantos se concedieron mediante el Fasee.
En un escrito remitido el pasado viernes a trabajadores y responsables de 143 de las menos de 200 clínicas con las que aún cuenta Vivanta en España, el director general del grupo comunica que la compañía «va a abrir un proceso de negociación para posibilitar el ajuste y dimensión de su plantilla y adecuarla a las necesidades y posibilidades del negocio en la actividad que desempeña».
ERE en Vivanta
En el documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se da un plazo de quince días a los trabajadores para que designen a los 13 miembros que compondrán su equipo negociador. «Una vez realizados estos trámites previos y necesarios para la conformación de la comisión negociadora, la Dirección les comunicará el inicio del preceptivo periodo de consultas y, por lo tanto, el inicio formal de las negociaciones», añade el director general del grupo Vivanta, Marcos Carrasquilla.
El rescate a Vivanta desató airadas críticas del sector de la odontología y también de PP, Vox y Cs en el Congreso de los Diputados. Todos pidieron al Gobierno que hiciese públicos los documentos e informes en los que la Sepi y el Consejo de Ministros se basaron para considerar a Vivanta como «empresa estratégica», a pesar de que contaba con poco más de 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España.
El Gobierno y la Sepi acordaron liberar 40 millones de euros a Vivanta a finales de junio de 2022, en el último Consejo de Ministros habilitado para poder librar fondos del Fasee. Se trata del mecanismo implantado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ayudar a aquellas empresas que, siendo estratégicas en sus sectores y habiendo sido viables en sus cuentas antes de la pandemia (a cierre de 2019), hubieran incurrido en pérdidas como consecuencia de la covid-19 durante el año 2020.
El polémico rescate de la Sepi
Como reveló THE OBJECTIVE, la compañía nunca había registrado beneficios. Fue creada por el fondo de capital riesgo Portobello en el año 2017 -tras la compra de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent- con el objetivo de convertirse en el grupo líder de clínicas dentales de España. La cadena de clínicas dentales, tras varios procedimientos judiciales por presuntos delitos de estafa denunciados por sus antiguos socios minoritarios -la mayoría de los cuales quedaron archivados-, pasó a tener como accionista principal al fondo Ares a finales de 2020 tras una importante inyección de capital en la que también participó BNP Paribas.
Vivanta registró pérdidas de 45 millones de euros en 2019, según consta en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. No ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de ese año era uno de los requisitos fijados por la Sepi para poder optar a las ayudas públicas del Fondo. A pesar de las dudas suscitadas desde el inicio por este rescate, el Ejecutivo se negó a entregar el expediente. Apeló al carácter reservado de los documentos y los ha mantenido en secreto pese a haberse dictado incluso una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le obligaba a hacerlos públicos.
De hecho, la propia Sepi y Hacienda recurrieron ante la Audiencia Nacional para poder mantener bajo secreto los expedientes del rescate a Vivanta. La sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió a trámite el pasado mes de julio el recurso de la Abogacía del Estado en representación de la Sepi y Hacienda, para intentar mantener blindados los informes sobre el rescate a Vivanta. Tanto el CTBG como el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España han solicitado ser parte del procedimiento judicial, según informan fuentes jurídicas a este diario.
Transparencia estimó favorablemente en mayo una solicitud del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, en la que se pedían todos los informes por los que el Consejo de Ministros y la Sepi concedieron al grupo dental Vivanta un préstamo participativo de 20,4 millones y otro ordinario de 19,6 millones del Fasee. Unas ayudas que el Gobierno puso en marcha para aquellas empresas estratégicas que hubiesen incurrido en pérdidas como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
Amparándose en el carácter secreto y reservado de la información solicitada, el Gobierno se había negado hasta ahora a responder muchas cuestiones claves planteadas por la oposición sobre el rescate a Vivanta. Como reveló este diario, la compañía registraba una delicada situación económica mucho antes de la irrupción de la pandemia de la covid-19. De hecho, sus cuentas reflejan que acumuló 74,7 millones de euros en pérdidas en los tres ejercicios anteriores a la pandemia y que en 2019 cerró su balance con un patrimonio neto negativo de 22,8 millones de euros.
