Vivanta intenta deshacerse de sus clínicas más rentables tras recibir 40 millones del Gobierno

A pesar de recibir un rescate de 40 millones de euros del Gobierno y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Grupo Vivanta intenta vender una veintena de sus clínicas dentales. En concreto, las que mayor volumen de facturación registran. La compañía rescatada por el Ejecutivo ha mantenido conversaciones con Vitaldent y varias firmas extranjeras para ofrecerles la adquisición de las que denomina como sus «clínicas de referencia». Una veintena de centros de ortodoncia que facturan alrededor de tres millones de euros mensuales cada uno y por los que Vitaldent llegó a realizar hace dos meses una oferta de entre 30 y 40 millones de euros, según han informado a THE OBJECTIVE fuentes del sector bucodental y del mercado.

Era una cantidad muy cercana a la que Vivanta ha recibido ahora del fondo de rescate de la SEPI para reconducir su situación económica tras la pandemia. Sin embargo, las negociaciones con Vitaldent se encuentran paralizadas al existir grandes discrepancias en cuanto al precio con el que cada una de las partes quería cerrar la operación. La idea de Vivanta es retomar las negociaciones en septiembre con esa y otras empresas con las que ha mantenido conversaciones para intentar vender sus clínicas de referencia, indican fuentes del mercado.

Las negociaciones con Vitaldent se frustraron pocas semanas antes de que el Consejo de Ministros aprobase dar a Vivanta un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones, el pasado 27 de junio del fondo de rescate de la SEPI. El grupo de clínicas dentales -participado por los fondos de inversión Ares Management, BNP Paribas y Portobello Capital– rechazó la oferta de Vitaldent por considerarla insuficiente, según dos de las fuentes consultadas.

Negociaciones entre Vivanta y Vitaldent

Otras fuentes, sin embargo, apuntan a que las negociaciones naufragaron por otras razones. Según esta versión, Vitaldent se habría echado para atrás tras analizar la situación contable y financiera de las clínicas ofrecidas por el Grupo Vivanta. Como ya contó este diario, la empresa rescatada por el Gobierno ha estado inmersa en varios procesos judiciales en los que sus antiguos socios minoritarios denunciaban supuestos delitos de estafa y falsedad documental por llevar a cabo una presunta doble contabilidad para eludir pagos.

La Justicia ha archivado la mayoría de estas denuncias. Desde la compañía rescatada por el Gobierno afirman que las causas judiciales responden a una estrategia de sus exsocios minoritarios para dañar la reputación de la firma. El fracaso de las negociaciones con Vitaldent vendría a confirmar que esa guerra judicial ha proyectado una sombra de duda en el sector sobre la situación económica de Vivanta, a pesar de que esta última ha salido indemne en la mayoría de las querellas que ha enfrentado en los juzgados.

Vivanta suelta lastre

Tras soltar lastre con la venta de sus 33 clínicas estéticas al Grupo Hedonai el pasado mes de marzo, Vivanta contactó con Vitaldent y otras compañías extranjeras para ofrecerles sus conocidas como «clínicas de referencia». Se trata de aquellas que cuentan con médicos ortodoncistas de mayor prestigio y las que mejores niveles de facturación registran, pero también las que requieren un mayor volumen de personal y gasto en materiales. Representan casi una veintena de las menos de 200 clínicas con las que Vivanta cuenta actualmente, alrededor de un 10% del total.

La intención de desprenderse de esas clínicas forma parte de su nueva estrategia comercial y se mantiene a pesar de haber recibido el rescate del Gobierno. Según fuentes del mercado, Vivanta pretende centrar ahora su modelo de negocio en las «clínicas dentales situadas a pie de calle». Las mismas fuentes aseveran que las negociaciones con Vitaldent podrían retomarse después del verano. Sin embargo, otras fuentes del sector aseguran que esta última ha desistido por completo de continuar con las conversaciones.

El rescate del Gobierno ha dado un balón de oxígeno a Vivanta para retomar sus planes de venta después del verano, pero también ha sido cuestionado en el Congreso por varias formaciones políticas. El PP, Ciudadanos y Vox han pedido al Ejecutivo que aporte todos los documentos e informes en los que la SEPI y el Consejo de Ministros han basado su decisión de considerar a Vivanta como «empresa estratégica», pese a tener menos de 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en toda España.

Daba pérdidas antes de la pandemia

Además de tener dudas sobre su carácter estratégico, se ha puesto en duda la viabilidad de la compañía antes del inicio de la pandemia. El Grupo Vivanta registraba una delicada situación económica mucho antes de la irrupción de la pandemia de la covid-19. De hecho, las cuentas de la compañía analizadas reflejan que acumuló 74,7 millones de euros en pérdidas en los tres ejercicios anteriores a la pandemia y que en 2019 cerró su balance con un patrimonio neto negativo de 22,8 millones de euros.

Una realidad que pone en duda la idoneidad de la asignación de 40 millones de euros de dinero público, que en teoría solo se puede conceder a compañías «estratégicas» que hubieran sido plenamente viables antes de la pandemia y que hubieran incurrido en dificultades como consecuencia de la covid.

El Gobierno lanzó el fondo de 10.000 millones para empresas que eran «solventes» antes de 2020 y solo para los casos en que «el crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de su actividad», decía el Real Decreto-ley 25/2020. El rescate estaba dirigido a empresas que necesitaran la ayuda solo para equilibrar sus cuentas afectadas por el desplome económico generado por el coronavirus. Una situación que, según los propios números presentados por el grupo de clínicas dentales y estéticas, ya se venía arrastrando de ejercicios anteriores y por causas ajenas a la pandemia.