El Gobierno refuerza su plan de ayudas a las hipotecas tras su escasa demanda
Calviño indica que podrán beneficiarse otras 100.000 personas al elevar el umbral de ingresos a 38.000 euros
El Gobierno ha acordado con la banca ampliar el Código de Buenas Prácticas para ayudar a los titulares de hipotecas como consecuencia de la subida de los tipos de interés y del euríbor. El pacto se produce después de la oposición mostrada por el sector y del anuncio realizado por el presidente Pedro Sánchez en su debate de investidura. En dicho acto, el máximo responsable del Ejecutivo adelantó que se iba a elevar el umbral de ingresos de los 29.400 euros a los 38.000 euros para poder acceder a las distintas medidas para aliviar la cuotas de los préstamos para vivienda.
Este lunes la todavía ministra de Economía, Nadia Calviño, ha alcanzado un pacto con las entidades en una reunión mantenida con las patronales, las organizaciones de consumidores y el Banco de España para mejorar antes de finales de año las condiciones de dicho plan de rescate. Gracias a ello, se elevará a 38.000 euros el umbral de la nómina para poder pedir una relajación de las cargas financieras, como el cambio de tipos variables a fijos en 2024 de manera gratuita (y también mixta), como extender los plazos para abonar la hipoteca o beneficiarse de una moratoria en los pagos dos años con una renta inferior a los 25.200 euros anuales.
Hasta ahora, la demanda por parte de los ciudadanos de las mejoras del Código de Buenas Prácticas para las hipotecas ha sido muy escasa, muy por debajo de las expectativas iniciales del Ministerio que dirige Calviño. Hace un año, cuando se puso en marcha este mecanismo, el Departamento gubernamental estimaba que podía favorecer hasta un millón de personas. Según los datos de las entidades, corroboradas posteriormente por el Banco de España, tan solo se han recibido unas 25.000 peticiones hasta septiembre. Más de 15.000 solicitudes han sido rechazadas por los bancos al no cumplir los requisitos, que doce meses después se modificarán para que se puedan acoger más españoles.
Según los nuevos datos aportados por Calviño, hasta ahora el número de reclamaciones alcanzan las 55.000, por lo que todavía está muy por debajo de las previsiones. Además, ha señalado que las entidades han desplegado de manera voluntaria medidas al margen del plan impulsado por el Gobierno, pero no ha concretado cuántas peticiones se han denegado por no cumplir las exigencias.
La ministra ha restado importancia a la baja demanda hasta la fecha y ha argumentado que se debe a que la economía va mejor de los que se esperaba. Además, ha indicado que el Código de Buenas Prácticas es una red de seguridad y no es un objetivo en si mismo para los colectivos que se vean más afectados por la subida de los tipos y que el Banco de España calcula que tras el aumento del umbral podría beneficiar a 100.000 personas más. Los representantes de los bancos, a pesar del acuerdo, han mostrado su rechazo a los cambios que establecerán y han pedido que no se vuelva a modificar.
Impedirá por ley a la banca cobrar a los mayores por sacar dinero en ventanilla
Por otro lado, la ministra también ha anunciado que el Ejecutivo impedirá por ley a la banca cobrar comisión a las personas mayores (más de 65 años) por retirar dinero en efectivo en ventanilla para dar un mayor acceso a este servicio. Calviño ha señalado que buena parte de las entidades ya ha venido eliminando estas tasas desde que el Ministerio lo pidió hace unos meses.
Con este acuerdo, la ministra de Economía se despide del sector financiero, al que el Gobierno ha apretado las tuercas desde que Sánchez llegó a La Moncloa. A partir de enero, Calviño será presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Su despedida, ya que será la última cita que tendrá con el sistema, se produce apenas días después de que adelantara que el Ejecutivo tiene previsto revisar el impuesto extraordinario a las entidades, ya que el euíbor ha empezado a dar un respiro con caídas en su cotización, lo que reducirá la capacidad futura de los bancos generar ingresos. Esto ha provocado, eso sí, tensión con Sumar, que pretende que el tasa sea permanente e, incluso, que pueda ser más gravoso.
Sobre el impuesto y tras las quejas de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Calviño ha señalado que mantiene sus palabras y ha asegurado que la revisión está contemplada en el pacto de gobernabilidad con Sumar y de la estipulado en la normativa.