España cierra 2023 con la peor ejecución de los fondos UE: solo se paga el 25% de lo previsto
Entre enero y noviembre se realizaron pagos por valor de 8.798 millones, el 24,5% del total consignado en los PGE
La ejecución de los fondos europeos sigue siendo uno de los grandes problemas de la administración económica del Gobierno. Los últimos datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y cribados por THE OBJECTIVE indican que hasta el mes de noviembre se realizaron pagos por 8.798 millones de euros en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que supone apenas el 24,5% de los 35.938 millones comprometidos para todo el año 2023.
Las fuentes consultadas por este diario indican que en diciembre tampoco se ha producido un elevado nivel de ejecución, lo que llevará a 2023 a cerrar como el peor año de reparto de fondos desde que comenzara a ejecutarse formalmente el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a comienzos de 2021. En este periodo no solo no se ha mejorado el nivel de ejecución, sino que además se cerrará el trienio con el peor dato porcentual en la mayoría de los parámetros analizables. Una tarea que deberá abordar con urgencia la nueva presidenta primera, María Jesús Montero, y el nuevo ministro de economía Carlos Cuerpo.
Las cifras no invitan a compartir el optimismo mostrado por el Gobierno desde el comienzo del Plan de Recuperación y están lejos de la «velocidad de crucero» que la ahora exministra y ex vicepresidenta primera, Nadia Calviño, atribuye al reparto de fondos europeos. La realidad es muy diferente, ya que a falta de un mes de que termine el año en los registros del Ministerio de Hacienda, apenas se ha pagado uno de cada cuatro euros asignados al Mecanismo de Recuperación en los Presupuestos Generales (PGE) de 2023.
Obligaciones reconocidas
El dato está muy por debajo de los 11.271 millones de pagos realizados en todo el año 2022, lo que porcentualmente significó un 39,6% de los 28.471 millones consignados en los PGE de este año. Por su parte, en 2021 los pagos llegaron a los 11.003 millones, un 45,5% de los 24.198 millones de ese año. De esta manera, aunque se produzca un importante acelerón -que no se espera- en la ejecución de los pagos de diciembre, el porcentaje final estará muy lejos del alcanzado en los dos últimos años.
El «pago realizado» es la métrica más fiable para medir el despliegue de los fondos aunque el Gobierno utilice otros indicadores en los que su gestión sale más beneficiada como las «obligaciones reconocidas» o «gasto comprometido». Con todo, si el análisis se hace con los parámetros que suele utilizar el Ministerio de Economía el nivel de ejecución de 2023 tampoco mejora.
En cuanto a «·obligaciones reconocidas» (dinero autorizado, pero no entregado al destinatario final), se han consignado 15.641 millones hasta noviembre, esto es un 43% sobre el total. En 2022 se llegó al 69% (16.634 millones) al cerrar el año y en 2021 al 83% (20.044 millones). Por otro lado, entre enero y noviembre de 2023 hay un «gasto comprometido» de 19.623 millones (el 54,6% del total), muy por debajo de los 21.647 millones (76%) de 2022 y de los 20.967 millones (86,7%) de 2021.
Fondos europeos en los PGE
En el único indicador en el que 2023 está por encima de sus predecesores (pero solo en términos absolutos) es en «autorizaciones» con 25.452 millones -coincidentemente el único dato que aparece con claridad en el último Informe de Ejecución presentado por Calviño– frente a los 25.143 de 2022 y los 22.128 millones de 2021. La diferencia es que el porcentaje sobre el total del año 2023 es de apenas el 71%, frente al 88% y el 91% de los años anteriores.
El Gobierno ha recibido hasta la fecha 37.000 millones en tres pagos de Bruselas en concepto de fondos europeos Next Generation y espera recibir otros 10.000 millones del cuarto desembolso que ya ha solicitado. No obstante, para agilizar el reparto al tejido productivo y empresarial España no ha esperado el desembolso comunitario y ha consignado una partida fija de fondos UE desde el año 2021 a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Lo ha hecho como créditos a pagar cuando se reciba el dinero comunitario.
Por ello, el balance de ejecución de fondos europeos suele ser confuso. En algunas comparecencias se hace un resumen respecto del montante recibido (37.300 millones) y en otras sobre el total consignado, al mismo tiempo que muchas veces se suele confundir dinero comprometido (asignado a alguna partida), con el destinado a convocatorias o con el adjudicado. Aunque el Ejecutivo nunca da el dato de ejecución final de pagos realizados que aporta la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y que no es favorable para la gestión del Gobierno.
IV Informe de Ejecución
En su última comparecencia ante el Congreso el pasado 21 de diciembre, Calviño dijo que más del 90% de los 37.300 millones de euros recibidos han sido asignados (33.600 millones). La realidad es que la suma de los tres años de ejecución del plan arroja pagos realizados por valor de 31.073 millones, aunque el dinero consignado en los PGE desde 2021 se eleva a los 88.608 millones, Es así como apenas el 35% del total comprometido se ha pagado y ha empezado a llegar al tejido productivo.
En el IV Informe de Ejecución presentado por Calviño se indica además que de los 33.600 millones asignados, 28.000 se han distribuido desde la Administración General del Estado (ministerios y organismos dependientes), 23.600 de ejecución de directa y otros 4.000 mediante otros instrumentos; y 5.600 millones se han ejecutado desde las comunidades autónomas. En cuanto a los receptores, 17.000 millones han llegado a empresas y autónomos (incluyendo empresas públicas como Renfe o ADIF), 7.200 a entidades locales, 3.000 a autonomías y otros 2.100 millones para entidades de I+D+i.
El Tesoro ha pagado más de 37.000 millones de fondos del Plan de Recuperación. Sin embargo, la diferencia entre esta cifra y la aportada por la IGAE radica en que no todo el montante ha llegado a su destinatario final y probablemente una parte de este dinero se ha quedado en alguna administración a la espera de oficializarse su adjudicación. España dispone de aproximadamente 77.000 millones de euros en transferencias y hasta 84.000 millones en préstamos, incluyendo otros 2.600 millones para inversiones en autonomía energética del programa REPowerEU.