El cambio que ha pactado Sánchez con Junts no podrá obligar al Ibex a volver a Cataluña
La mayoría de estas corporaciones ya no tienen la mayor parte de su actividad ni sus cuarteles generales en esta región
Carles Puigdemont, líder de Junts, con Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. | Agencias.
El cambio a la Ley de Sociedades de Capital que —según Junts— se ha consensuado con el PSOE para abstenerse en los últimos decretos del Gobierno que salieron adelante in extremis, no tendrá ningún efecto en las grandes empresas ni podrá forzarlos a volver a Cataluña como exige el partido independentista. Así lo han indicado a THE OBJECTIVE expertos consultados y algunas de las corporaciones afectadas, las que en los últimos días han preparado junto a sus equipos jurídicos el blindaje ante esta nueva arremetida del Ejecutivo.
Junts distribuyó a última hora del miércoles un comunicado detallando los pactos alcanzados con el PSOE en el que se incluía el compromiso del Gobierno para revertir el Real Decreto de 2017 impulsado por Mariano Rajoy que dio vía libre a las empresas para abandonar en masa Cataluña en plena crisis del procés. Posteriormente, en rueda de prensa la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, agregó que también se había cerrado una reforma al artículo 9 y 10 de esta ley para forzar el regreso inmediato de las empresas.
El primer pacto con Junts se refiere a la posibilidad de que los cambios de sede se puedan aprobar solo por el consejo de administración de una compañía y no tengan que pasar por una Junta de Accionistas. Si se deroga esta norma, volverá a ser necesaria la autorización de esta última instancia lo que hace mucho más complejo y engorroso un eventual cambio de ciudad y autonomía.
Junts y Montero
Sin embargo —según Junts— una modificación de los artículos 9 y 10 facilitaría esta vuelta a Cataluña. El primero de ellos dice que «las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación».
La vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló el jueves que el derecho comunitario de las empresas a su libre instalación «es muy claro» y que el Gobierno de España «no puede poner ningún tipo de traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente«. Puntualizó que el acuerdo con Junts es «reforzar la legalidad vigente» para que «no se produzcan ingenierías fiscales», de modo que las empresas no puedan situar su domicilio social en un sitio distinto al declarado para su actividad principal, dijo.
«Se refuerza que se vigile y que se esté atento a que efectivamente cuando el establecimiento principal de una empresa reside en un lugar, pues allí es dónde tiene que llevar a cabo todas sus obligaciones, también las tributarias. Pero evidentemente la libre instalación de empresas es una realidad de nuestro derecho comunitario y seguirá siéndolo«, concluyó.
Batalla legal
Una calculada ambigüedad que —según las fuentes consultadas— persigue blindarse ante eventuales recursos de las empresas, o de Bruselas, y ejercer la dosis justa de presión para que las empresas se sientan coaccionadas para volver a Cataluña. No obstante, fuentes de estas compañías potencialmente afectadas indican a este diario que ninguna modificación a la Ley de Sociedades de Capital podría forzarlos a volver.
Este diario ya publicó que estas empresas plantearán una batalla legal al Gobierno para defender su derecho a establecerse donde sus accionistas y su equipo gestor lo estimen conveniente. De hecho, sus equipos legales llevan toda la semana monitorizando la sucesión de estos acontecimientos para buscar argumentos legales que les blinden y así poder recurrir ante la Justicia si fuese necesario. En el caso concreto del artículo 9 al que se refiere Junts, advierten de que lo que ha dicho Montero solo apunta a una supuesta fiscalización a empresas que tienen su sede en sitios donde no realizan su actividad principal, algo que no afecta a ninguna de las grandes.
Compañías como Caixabank, Sabadell, Naturgy, Cellnex, Abertis, Planeta, Bimbo, Allianz o Agbar han dejado de tener su principal actividad en Cataluña y la gran mayoría son multinacionales que incluso tienen el fuerte de su negocio fuera de España. Si se fuerza a las empresas a pagar sus impuestos donde tienen su mayor actividad, la norma no podría aplicarse a ninguna de estas empresas. Respecto del lugar en que se encuentre «el centro de su efectiva administración y dirección», las fuentes consultadas indican que prácticamente ninguna tiene ya su alta dirección en Barcelona.
Impacto mediático
En el caso de Caixabank, tras la compra de Bankia pasó a tener la mayoría de su negocio en Madrid, por lo que en el peor de los casos debería trasladar su sede desde Valencia a la capital. Otro caso es del Cellnex, que tiene gran parte de su facturación fuera de España; o Planeta que tiene casi todos sus intereses en Madrid (como principal accionista de Atresmedia). Naturgy también desde antes del procés la mayoría de su negocio diversificado por toda España, lo mismo que Abertis.
Como mucho se podría forzar a compañías medianas y pequeñas, con un menor impacto fiscal, pero que no se puede hacer nada con las grandes corporaciones. Un problema para Junts y para el independentismo que tiene como gran objetivo forzar la vuelta de los gigantes del Ibex 35 por el impacto mediático y el efecto arrastre que pueda producirse en el resto del tejido productivo que se ha diseminado por España.
Junts y ERC
Si Caixabank, Criteria o Sabadell no vuelven a Cataluña, no hay posibilidad de que se produzca una vuelta masiva de empresas. Algo que no va a ocurrir en el mediano plazo, según estas entidades se han encargado de confirmar. Por el contrario, si estos bancos vuelven podría producirse una fuga masiva de depósitos, como ya aconteció en 2017 cuando abandonaron Barcelona. Un problema que no solo podría alertar a la Comisión Europea, sino que también al Banco Central Europeo (BCE).
Hay coincidencia entre las empresas de que el riesgo del referéndum sigue latente y que ahora con un Junts y un ERC reforzado por sus pactos con el Gobierno, las demandas y la inestabilidad del procés no tardará en volver a la región, por lo que no hay ninguna razón para volver, pese a las recientes presiones. Esto sin contar con que cualquier movimiento del Gobierno para forzar la vuelta de las empresas a Cataluña choca con el derecho comunitario y con la libre circulación de capital dentro de un país, otros argumentos que podrían esgrimirse ante una eventual disputa legal.
