Sánchez pacta con Junts revertir el decreto del PP que facilitó la fuga de empresas de Cataluña

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado con Junts una batería de medidas económicas para facilitar la aprobación de los primeros decretos de la legislatura. Entre ellos destaca la promesa de poner en marcha una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para revertir el Real Decreto del Partido Popular (PP) del año 2017 que desencadenó la fuga masiva de empresas de Cataluña a causa de la inestabilidad del procés.

No está escrito en el pacto hecho público, pero desde Junts han trasmitido también que el acuerdo incluye una reforma al artículo 9 y 10 de esta Ley para forzar el regreso inmediato de las empresas que se fueron de Cataluña. Esta norma dice que «las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación».

Frente a esta situación este diario ya publicó este miércoles que las empresas plantarán batalla judicial al Ejecutivo ante cualquier normativa que les obligue unilateralmente a volver a Cataluña. Las fuentes consultadas consideran que las compañías tienen suficientes argumentos jurídicos para defender su postura ante los tribunales y finalmente evitar tener que plegarse a un eventual decreto o legislación que les fuerce a revertir sus movimientos provocados por el ‘procés’.

Multas a las empresas

El Real Decreto de Mariano Rajoy y el PP firmado el 6 de octubre de 2017 permitía el traslado del domicilio social de las empresas de forma rápida, solo con la aprobación del Consejo de Administración de la compañía y no por la Junta de Accionistas como dictaba la norma hasta esa fecha. Este decreto fue una demanda de las propias empresas que buscaron una salida rápida ante el caos económico y fiscal que podría haberse desencadenado con la declaración de la independencia de Cataluña.

Después de esta medida, casi 29.500 millones en depósitos salieron de las oficinas de los bancos y comenzó una fuga de hasta 5.000 empresas entre las que destacaron Naturgy, Cellnex, Caixabank, Sabadell, Abertis, Agbar o Catalana Occidente, Cementos Molins, Hotusa, Planeta, Codorníu, Axa, Bimbo, Allianz o Zurich.

Este acuerdo supone una solución intermedia entre las multas que Junts exigía a para las empresas que no volviesen a Cataluña y los incentivos que propuso el Gobierno. No obstante, la reforma de este decreto hace más engorrosa la vuelta de las empresas a Barcelona ya que cualquier cambio de sociedad volverá a requerir de una Junta de Accionistas, en vez de una decisión del Consejo de Administración. Sin embargo, los detalles no publicados del pacto (con la reforma del artículo 9) hacen que estas modificaciones cobren sentido.

Ley de Sociedades de Capital

Junts pidió públicamente este martes que las compañías que se marcharon en 2017 por los efectos del procés fuesen sancionadas si no acceden a volver. Una demanda de los catalanes para aprobar los tres decretos ómnibus que al cierre de esta información no tienen los votos suficientes para salir adelante. Por su parte, el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reiteró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes que la seguridad jurídica de las empresas y de los empresarios está por encima de cualquier otra medida.

Menos diplomático fue el portavoz en el Congreso del PSOE, Patxi López, quien indicó que las negociaciones siguen adelante y que el punto de partida del PSOE se basa en tres ejes: generar incentivos para que las empresas vuelvan, el cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital y garantizar la seguridad jurídica.

La mención a la Ley de Sociedades de Capital generó alarma en las empresas consultadas (temores que finalmente se han cumplido) ya que -advirtieron- podía tratarse de un aviso para navegantes respecto de las medidas que saldrán adelante. López se refiere en concreto artículo 9 de esta normativa que establece que «las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación».

Temores de las empresas

Este diario ya publicó en noviembre que ninguna gran empresa tenía intención de volver a Cataluña, ya que consideran que no habrá seguridad jurídica mientras exista voluntad independentista de parte de la clase política catalana, en especial de Junts y de ERC, los partidos que se alternan en el poder y que siguen alentando la realización de un referéndum. En ese momento este periódico también informó de los temores de estas compañías a eventuales presiones del Gobierno y del independentismo.

Unas presiones que, temen, ya se están empezando a cumplir y temen que este decreto sea solo el comienzo de más medidas. Las fuentes consultadas indican que en las últimas semanas los partidos independentista han contactado con diferentes empresas y han comprobado de primera mano que no hay intenciones de volver a Cataluña. En este sentido, este diario ya ha publicado que las compañías están dispuestas a dar batalla judicial si es que se les obliga a volver a Cataluña mediante modificaciones legales o normativas como la citada del artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital.

En noviembre pasado el PSOE pactó con Junts apoyar la investidura de Pedro Sánchez y una de las condiciones para ceder sus votos fue «facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años«. Pero hasta la fecha ninguno de los dos partidos -ni el Gobierno- había explicado cómo se llevaría a cabo esta medida ni qué consecuencias reales tendría para las empresas.