Indignación entre los empresarios con el pacto de PSOE y Junts: «Se ha ido demasiado lejos»

La gran mayoría de los empresarios españoles ha visto con estupefacción el acuerdo entre PSOE y Junts Per Catalunya para garantizar la investidura de Pedro Sánchez y que -en el ámbito económico- busca «facilitar y promover» la vuelta de las empresas que se marcharon de Cataluña por el procés y que abre la puerta a ceder todos los impuestos que se generan dentro de esta comunidad a la Generalitat y a la creación de una Agencia Tributaria catalana.

Diferentes empresarios y directivos de grandes empresas consultados por THE OBJECTIVE han transmitido a este diario su indignación por lo que consideran como nuevas concesiones al independentismo y la izquierda que ponen en juego las reglas del juego ya no solo políticas y sociales (como es el caso de la tramitación de una ley de amnistía), sino que también pueden generar insospechados perjuicios económicos y nuevas presiones y persecución al tejido empresarial. «Se ha ido demasiado lejos», coinciden en señalar.

Un acuerdo que además ha tenido una rápida respuesta de la CEOE, que habla de «grave preocupación» del mundo empresarial. «Tras el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el marco de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario y de urgencia para el próximo lunes en el que se abordará la situación de España», comunicó la confederación a última hora de la tarde de ayer. En el sector se espera una respuesta «contundente» de la patronal.

Pacto con Sumar y ERC

Por su parte, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha indicado que «se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera. La exigencia de la cesión del rendimiento podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la AEAT en Cataluña, por lo que nuestro colectivo se vería grave y directamente afectado, como lo estarán otros colectivos pertenecientes a otros cuerpos de la AGE» ha señalado este jueves en un comunicado.

De esta manera, los empresarios consultados por este diario coinciden en que se ha dado la puntilla a una serie de acuerdos que se han rubricado en las últimas semanas que lo único que harán será reducir la competitividad, añadir más presión fiscal, aumentar los costes laborales, generar inseguridad jurídica y, en definitiva, ahuyentar la inversión tanto española como extranjera.

Si hace un mes se acordó mantener los impuestos extraordinarios a la banca y energéticas y subir nuevamente el salario mínimo con Sumar; luego se condonó el 20% de la deuda de Cataluña equivalente a 15.000 millones con el Estado y se cedió toda la infraestructura de Cercanías tras su pacto con ERC; ahora se pone sobre la mesa la cesión de todos los impuestos que se generan en esta comunidad a la Generalitat y la vuelta de todas las grandes corporaciones que en 2017 abandonar la región a causa de la inseguridad jurídica generada por el procés y el referéndum del 1-O.

Junts pide el 100% de los impuestos

En este caso, las fuentes consultadas por este diario critican que se esté rompiendo nuevamente el equilibrio tributario en el Estado, pero sobre todo temen que se vuelva a generar un clima adverso para el sector empujando para que vuelvan a Cataluña sin tener más incentivo que un acuerdo político de investidura. «Esto genera nuevas presiones a las empresas, presiones que nunca son buenas», dice una fuente empresarial consultada por este diario.

El pacto contempla que Junts pida «la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya» a la Generalitat tras cerrar el acuerdo entre las dos partes. De este modo, se negociarán algunas propuestas del lado de Junts, como es, «en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno», que esta formación «propondrá de entrada una modificación de la LOFCA» (la norma que regula la financiación de las autonomías) «que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat».

En virtud de esta singularidad, Junts propondrá «la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya», dice el documento. «Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya», añade el documento. 

Impuesto de sociedades

Las fuentes consultadas indican que este texto abre la puerta a la autodeterminación fiscal de Cataluña y la puesta en marcha de una Agencia Tributaria propia, una vieja reivindicación independentista. En el menor de los casos, se indica, Junts apostará por tener un régimen fiscal muy similar al vasco rompiendo completamente el actual sistema tributario.

Los datos del Ministerio de Hacienda del año 2022 indican que en Cataluña se recaudaron 49.434 millones de euros en impuestos estatales (esta cifra habría que entregarla íntegra a las Generalitat, según pide Junts), el 19% de todo lo que se recauda en toda España. De éstos, 21.189 millones son IRPF, 17.671 millones corresponden a IVA, 6.201 millones a Sociedades y 1.697 millones a Impuestos Especiales.

Éxodo de empresas tras el 1-O

Pero eso no es todo. Junts también ha acordado con el PSOE «facilitar y promover» el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años. Casi 5.000 empresas se han marchado tras el procés entre las que encontramos gigantes del Ibex como Naturgy, Banco Sabadell, CaixaBank y Colonial, pero también otras empresas catalanas históricas como Planeta, Abertis, Agbar, Catalana Occidente, Cementos Molins o eDreams.

Las fuentes consultadas indican que, más allá de que es muy improbable que estas empresas vuelvan a Cataluña, estas dos demandas no son casuales y están directamente conectadas. Si la autonomía logra que se le ceda la gestión de todos los impuestos generados dentro de sus fronteras (incluyendo Sociedades) es clave que regresen las empresas que en 2017 sacaron su sede social de allí como reacción al independentismo.