Las grandes empresas no volverán a Cataluña pero temen graves presiones del Gobierno

Las grandes empresas no piensan volver a Cataluña mientras siga sobre la mesa la realización de un referéndum de autodeterminación. Diferentes compañías consultadas por THE OBJECTIVE confirman que la salida de esta comunidad autónoma tras el 1-O y el procés buscaban tranquilidad y estabilidad, algo que no se puede garantizar en estos momentos, ni se garantizará mientras existan intenciones independentistas de parte de la clase política.

Caixabank y Sabadell han confirmado extraoficialmente que no tienen dentro de sus planes volver a Cataluña, mientras que Colonial ha indicado que no se pronunciarán hasta conocer el contenido del acuerdo. Hablamos en cualquier caso de empresas que realizan cambios de sede social en situaciones extremas y que trabajan a largo plazo, por lo que deben dar certeza a sus accionistas y mantener su estructura sin cambios para dar estabilidad al mercado.

Las empresas buscan seguridad jurídica y un marco de convivencia institucional mínimo que -consideran- no se conseguirá con los acuerdos cerrados entre el PSOE y Junts. Es por ello por lo que -indican- no está encima de la mesa volver a Cataluña, ni antes ni ahora, y que su intención es mantener su sede social en el largo plazo en Madrid, Valencia, Alicante o Palma de Mallorca, según sea el caso y que no están dispuestos a revertir esta decisión por una nueva e incierta aventura en Cataluña.

Regreso a Cataluña

El pacto entre PSOE y Junts hecho público el jueves indica que «se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años». Una frase que, más que una buena intención, suena a una futura campaña de presión a las empresas, indican las fuentes consultadas.

Las empresas consultadas no creen que el acuerdo político alcanzado entre PSOE y Junts sirva para mejorar el clima empresarial ni ayude a generar incentivos económicos para que las empresas vuelvan. Del mismo modo, consideran que la actitud beligerante del propio Carles Puigdemont en su comparencia del jueves indicando que Sánchez debería ganarse durante toda la legislatura su apoyo, abre la puerta a cuatro años de más inestabilidad y nuevos roces entre Cataluña y el Gobierno español.

Lo que sí temen las empresas son presiones y coacciones del Gobierno central y catalán para que emprendan su vuelta a Barcelona. Directivos de estas compañías indican a este diario que hay preocupación por una nueva ola de interferencias políticas en sus negocios. Nadie sabe exactamente a qué se refiere el PSOE y Junts con la frase «facilitar y promover», pero a la mayoría no le suena bien y creen que puede producirse una nueva avalancha de imposiciones y condicionamientos para que tengan que volver a Cataluña.

Entrada de la SEPI

Hay empresas consideradas estratégicas por el Gobierno según la última Ley de Inversión Extranjera que se marcharon de Cataluña como Naturgy, Caixabank, Sabadell, Abertis, Agbar o Catalana Occidente, a las que se sumaron a otras como Cementos Molins, Hotusa, Planeta, Codorniu, Axa, Bimbo, Allianz o Zurich. Desde 2017 se han marchado más de 5.000 empresas, la mayoría pequeñas que han buscado mayor estabilidad tras años de incertidumbres por el procés.

En las grandes empresas no se descarta que el Gobierno utilice toda su maquinaria para intentar forzar a que las grandes empresas vuelvan a Cataluña, incluso a través de la entrada de la SEPI en su capital. Este diario ya ha revelado de las intenciones del Ejecutivo de reforzar su poder en grandes corporaciones del Ibex para influir en su gestión y «proteger su españolidad», lo que implicaría entrar en sus consejos de administración y, desde ahí, presionar para cumplir sus planes.

En cualquier caso, la vuelta de las empresas a Cataluña es un movimiento que el Gobierno lleva varios meses preparando. El pasado abril, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dijo en una entrevista en Catalunya Ràdio que los motivos que obligaron a las empresas a irse «ya no existen», porque el Gobierno logró el objetivo de «dar respuesta al conflicto» catalán, por lo que «la vida que se respira en Cataluña es completamente diferente». 

Foment del Treball

A finales de octubre, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, reclamó al próximo Gobierno que garantizara la «estabilidad económica» para que las empresas que cambiaron su sede social por el procés volvieran a Cataluña, un objetivo que incluyó en su programa cuando ganó las elecciones de la patronal en 2018. Y lo hizo además en la gala anual de la organización ante el ministro de Industria, Héctor Gómez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Tanto el Gobierno como la patronal catalana de empresarios cercanos al nacionalismo buscan generar un clima de opinión favorable a la vuelta de las empresas a Cataluña, pero que por el momento no ha tenido recorrido en las propias compañías y -según las fuentes consultadas por este diario- no lo tendrá en el medio ni largo plazo.

Por el contrario, este diario ya ha publicado que diferentes empresarios y directivos de grandes empresas consultados han transmitido su indignación por lo que consideran como nuevas concesiones al independentismo que ponen en juego las reglas del juego ya no solo políticas y sociales (como es el caso de la tramitación de una ley de amnistía), sino que también pueden generar insospechados perjuicios económicos y nuevas presiones y persecución al tejido empresarial.