El Gobierno modifica el escudo antiopas con el objetivo de hacerlo permanente

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un nuevo real decreto para modificar el escudo antiopas que bloquea la entrada de inversores extranjeros en empresas estratégicas españolas vigente desde marzo de 2020, en plena pandemia. El Ejecutivo ha hecho públicas sus principales modificaciones como la reducción de las cargas administrativas, el tiempo de respuesta a las empresas, la clarificación de las compañías que deben solicitar autorización al Gobierno y establecimiento de nuevas exenciones.

La última prórroga aprobada en diciembre del año pasado establecía que estas condiciones se mantenían hasta diciembre de 2024, pero las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que las modificaciones aprobadas este martes y el desarrollo del marco normativo del decreto podrían hacer que de facto este escudo antiopas sea permanente después de tres ampliaciones y tres años en vigor, como ya adelantó este diario en abril del año pasado.

Este periódico ya advirtió que el Gobierno quería convertir en permanente el escudo antiopas si es que Pedro Sánchez ganaba las elecciones del mes de diciembre, como una forma de proteger a los sectores estratégicos españoles ante fondos de inversión oportunistas en medio de un entorno internacional cada vez más hostil.

Disposición transitoria

La idea era mantenerlo casi en las mismas condiciones, pero darle rango de norma estable. Esto suponía intentar incluir algún encaje legal para que dejase de ser transitorio y tuviese categoría de ley en una nueva normativa o en una ya existente. No obstante, la convocatoria anticipada de elecciones cambió el escenario y ha obligado a adelantar estos movimientos que -a falta de la publicación de todos los detalles en el BOE- podría ser ese encaje legal para prolongar de manera indefinida el escudo antiopas.

La clave está en mantener (o no) la disposición transitoria única que establecía las fechas hasta las cuales se mantenían las limitaciones. De eliminarse esa disposición transitoria y dependiendo de la redacción de la normativa, podría quedar establecida la legislación con un escudo permanente. Por el contrario, si se mantiene esta disposición ya ha quedado allanado el camino para realizar las modificaciones necesarias en el futuro si es que Sánchez gana las elecciones.

Una situación que en cualquiera de los casos intranquiliza a los inversores y que podría generar gran revuelto considerando que estas modificaciones se realizan a 19 días de unas elecciones generales que podrían cambiar el gobierno español y aupar al PP a La Moncloa. Recordemos que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, se comprometió en una entrevista con THE OBJECTIVE a revisar este decreto en los primeros 100 días de Gobierno.

Escudo antiopas y el PP

«Yo creo que el Gobierno está intentando controlar la economía y está utilizando una práctica muy al borde de lo que un Estado occidental europeo puede hacer. Y esto le está sirviendo para muchas cosas. No me gusta la intervención de la economía, y este gobierno está interviniendo la economía, y no la interviene más porque no puede o porque no le dejan», indicó respecto de esta normativa.

El decreto antiopas prorrogado desde marzo de 2020 obliga a cualquier inversor de dentro y fuera de la Unión Europea a requerir una autorización de Moncloa si es que supera el 10% del capital en empresas cotizadas o los 500 millones de capital en no cotizadas. La norma aplica a todos los sectores y sus activos considerados estratégicos como las telecomunicaciones, la defensa, la energía, los transportes o los medios de comunicación. Una de las empresas más afectadas por esta norma ha sido el grupo Prisa, editor de El País y Cadena Ser.

Hasta ahora solo se ha comunicado que el nuevo real decreto permite al inversor reducir las cargas y posibles trabas administrativas y se reducen los plazos de respuesta y de resolución. También se mejora la calidad de las estadísticas del Registro de Inversiones Exteriores, adaptándose la normativa al estándar mundial, que está contenido en la «Definición Marco de Inversión Exterior Directa» de la OCDE.

Nuevas modificaciones

El Ministerio de Industria y Comercio (de donde depende este decreto) ha explicado que para el control de las inversiones extranjeras era necesario promulgar un nuevo real decreto que desarrollara el marco normativo nacional que cambió con la introducción del artículo 7 bis de la Ley 19/2003 en 2020, que suspende el régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España que quedan sujetas a autorización previa.

En segundo lugar -indican- el real decreto era también necesario para adaptar la normativa española a la normativa comunitaria en este ámbito de control de inversiones, el Reglamento de control de Inversiones de la Unión Europea (UE) que entró en vigor en octubre de 2020 (Reglamento 2019/452), que establece un marco reglamentario para los mecanismos de control de inversiones extranjeras procedentes de fuera de la UE en los Estados miembros por motivos de seguridad y orden público.

Así, el nuevo real decreto de inversiones establece el tipo de empresas extranjeras y de operaciones que necesitan o no solicitar una autorización de inversión a la administración. Además, se establecen una serie de exenciones al régimen de autorización previa. Entre otras medidas, también se mejoran y reducen los plazos administrativos para los inversores extranjeros y el plazo de resolución pasa de los seis meses actuales a tres meses. También se prevé la posibilidad de consulta voluntaria, vinculante para la administración y con un plazo de respuesta de 30 días hábiles.