Sánchez desoye a Calviño y prorroga el escudo 'antiopas' para blindarse en Indra y Prisa

El Gobierno prorrogará el escudo ‘antiopas’ para proteger empresas españolas estratégicas, tal y como había adelantado este diario hace más de dos semanas. La decisión se hará efectiva para los próximos dos años tras el empeño del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que exigió a su equipo económico mantener en vigor esta medida para seguir teniendo en sus manos el control de la entrada de inversores a compañías energéticas, de defensa, tecnológicas, de telecomunicaciones y de medios de comunicación, entre otros sectores.

Las informaciones confirmadas por THE OBJECTIVE indican además que el principal objetivo del presidente es mantener sus posiciones en Indra y en Prisa, dos compañías que considera claves para cimentar sus opciones de cara a las Elecciones Generales de 2023. Esta es una medida que Sánchez ha tomado desoyendo el criterio de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que era reacia a esta prórroga al considerarla contraproducente para la imagen que intenta vender España ante inversores extranjeros y un freno a la entrada de capital foráneo.

El Ministerio de Asuntos Económicos cree que en los dos próximos años se necesitará una gran inyección de recursos frescos para poner en marcha los Perte, proyectos clave para el Plan de Recuperación y Resiliencia. Una inversión que podría frenarse con un escudo antiopas que proyecta en el extranjero la idea de que España está entrando en una deriva intervencionista contraria al libre flujo de capitales entre empresas de Estados miembro de la Unión Europea.

Escudo antiopas ‘sine die’

El escudo antiopas depende de dos decretos. El primero centrado en empresas fuera de la Unión Europea fue aprobado en la primera parte de 2020 y se mantiene en vigor sine die hasta que decida derogarse, mientras que el decreto que afecta a las empresas comunitarias debe prorrogarse periódicamente. Este último es el que se renovará por dos años en el Consejo de Ministros y que afecta directamente a los intercambios económicos con nuestros socios europeos, algo que ya ha despertado suspicacias en Bruselas.

Pese a ello, el presidente de Gobierno ha preferido seguir adelante con el escudo antiopas, fundamentalmente para mantener sus posiciones en empresas que considera claves en su último año de esta legislatura y garantizar que solo inversores afines a Moncloa (o que garanticen explícitamente su fidelidad) puedan entrar en su capital.

La primera de ellas es Indra, donde el Estado tiene el 25,2% de participación a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y que controla gracias a un pacto con Amber Capital y el fondo SAPA Palencia. Esta alianza se precipitó después del asalto realizado antes del verano, en el que estos tres socios apoyaron la expulsión de todos los consejeros rebeldes a la gestión de Marc Murtra, el hombre de Moncloa en la compañía.

Indra y el Gobierno

Sánchez y el Gobierno confieren un interés capital a Indra. Es la principal empresa de Defensa de España, clave en momentos de guerra en Europa, pero es además una tecnológica vital para la ciberseguridad de los organismos estatales y el recuento de votos de los procesos electorales. Moncloa teme la arremetida de algún inversor extranjero que trastoque sus planes y que pueda hacerse con el control de una empresa con una cotización bursátil muy volátil.

La estabilidad de Indra -investigada por la CNMV por acción concertada tras la expulsión de los consejeros rebeldes- pende de un hilo y del pacto del Gobierno con Amber Capital. El inversor entró en la sociedad para reforzar el control que quería imponer el Ejecutivo y blindar con poderes de gestión a Marc Murtra, aunque con el paso de los meses las relaciones se han deteriorado hasta el punto de que el presidente del fondo, Joseph Oughourlian, pidió públicamente trocearla en dos para aflorar un mayor valor de la tecnológica.

Estas declaraciones no gustaron en Moncloa y le han llevado a tener enfrentamientos con el representante de Amber Capital. Oughourlian cree que su fidelidad al Ejecutivo y a Sánchez no ha sido suficientemente recompensada y por eso se ha salido del discurso oficial de Indra para pedir un movimiento que pueda impulsar su inversión en el mediano plazo.

Prisa y el escudo antiopas

El armenio es además el presidente de Prisa (editor de El País y Cadena Ser) y lleva meses buscando inversores para salvar a la compañía, que tendrá difícil afrontar el pago de los intereses de su deuda de 915 millones de euros en 2023. Inversores que hasta el momento no son del agrado de Moncloa, que se resiste a que sus principales sostenes mediáticos caigan en manos de grupos cercanos a la derecha más reaccionaria de Europa.

Sánchez ya vetó la entrada de Vivendi en Prisa gracias al escudo antiopas y ha mostrado reticencias al desembarco de Mediaset si no garantizan fidelidad al Gobierno. Una situación crítica para Prisa que ha obligado a Oughourlian a buscar soluciones de emergencia como la emisión de un bono convertible de 150 millones de euros, que sustituya la fallida ampliación de capital que ninguno de los actuales accionistas quiere suscribir.

Este bono se podrá hacer efectivo en cinco años por más de la mitad del valor actual en bolsa de Prisa (227 millones de euros) y garantiza salvar las trabas que podría poner el escudo antiopas y un tercer mandato de Pedro Sánchez. Hasta entonces, el presidente se ha garantizado al menos dos años para poder vetar la entrada de inversores tanto en Prisa, como en Indra, 24 meses que le aseguran fidelidad en campaña electoral y el comienzo de la nueva legislatura si es que es reelegido.