Presunción de inocencia y presunción de indecencia
«La responsabilidad penal pertenece a los jueces; la política, a los gobernantes; y la democrática, a los ciudadanos. En democracia también se juzgan conductas»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La presunción de inocencia no es una cortesía procesal, sino una conquista de la democracia: la línea que separa la justicia del linchamiento. Nadie debe ser condenado sin pruebas, triturado por una sospecha o ejecutado en el banquillo público por una mera conjetura.
También Pedro Sánchez merece esa presunción.
Conviene decirlo precisamente ahora, cuando la política se ha convertido en un matadero de reputaciones y, en la conversación pública, la sospecha se transforma en sentencia con demasiada facilidad.
A día de hoy, Sánchez no figura formalmente como investigado. Aunque esté rodeado por causas que afectan a su entorno, el Estado de derecho obliga a distinguir entre sospecha, investigación, acusación, juicio y condena. Y es justo recordarlo. No conviene confundir el ruido con la prueba ni el deseo de castigo con la justicia.
Pero la presunción de inocencia no lava la indecencia. Si los tribunales necesitan pruebas para condenar; la política digna no debería tolerar una catarata de procesos y condenas sin sentir vergüenza ni asumir responsabilidades. Una democracia no puede esperar al Supremo para saber qué es lo decente.
«Una democracia no puede esperar al Supremo para saber qué es lo decente»
El problema del sanchismo ya no es (únicamente) procesal o penal. El problema del sanchismo —y, por extensión, de buena parte del PSOE y de todos sus socios— es moral y democrático.
Hay un exministro y un antiguo asesor condenados a decenas de años ya por corrupción durante la pandemia.
Hay investigaciones abiertas en el perímetro íntimo de Sánchez.
Hay un partido que comparece no para explicarse, sino para aplaudirse.
Y hay un presidente que, ante el peor momento de su organización en años, ofrece, en lugar de una catarsis, la vieja consigna de resistir. «Gobernar hasta 2027 y más allá…»
«Antes el escándalo exigía explicaciones. Ahora exige adhesión»
La inversión moral que estamos viendo en estos últimos meses es indecente.
Antes, la corrupción obligaba a esconderse, a pedir cuentas, a exigir dimisiones, a avergonzarse. Sí: la «presunta corrupción» ha impulsado en este país forzosos exilios e hizo poner sobre la mesa una moción de censura (esa que llevó a Sánchez al poder). Aunque cueste recordarlo. Ahora, la corrupción de quienes fueron miembros de este Gobierno sirve para convocar al rebaño. Mientras el escándalo de los de antes exigía explicaciones, el de los de ahora exige adhesión.
La cuestión es que la responsabilidad penal pertenece a los jueces; la política, a los gobernantes; y la democrática, a los ciudadanos. En un tribunal se decide si alguien ha cometido un delito, pero en una democracia también se decide si alguien merece seguir mandando, nombrando, cesando, contratando… y dando lecciones de regeneración desde un atril (por cierto, pagado por todos). Para eso existen la separación de poderes, el control parlamentario y la opinión pública.
El desprecio que vimos la semana pasada de Sánchez al Parlamento es profundamente grave: una señal de alarma sobre la deriva de nuestra democracia.
«El viejo ‘manual de resistencia’ se ha transformado en ‘coartada de supervivencia’»
Y es que la transformación de su viejo «manual de resistencia» en «coartada de supervivencia» está imponiendo a este país una peligrosísima pedagogía. La épica del «todos contra nosotros», sostenida incluso contra las evidencias, roza el cesarismo, degrada una sociedad democrática y nos aboca a peligrosísimas formas de gobierno.
La presunción de inocencia es sagrada. Pero, justo por eso, no debería manosearse. Porque protege frente al abuso penal, pero no suspende la obligación democrática de dar explicaciones ni la exigencia de someterse a las reglas del Estado de derecho. Y es que, en los tribunales se juzgan delitos; pero señor presidente, en democracia, en la opinión pública y los parlamentos, también se juzgan conductas.
No prostituya la herramienta que nació para proteger al ciudadano del abuso del poder, para blindarse frente al escrutinio de ambos.
Si le queda algo de demócrata (y de vergüenza), plantee la cuestión de confianza o convoque elecciones, señor Sánchez, que se lo hemos pedido los ciudadanos a través de nuestros representantes.