El Gobierno prevé hacer permanente el escudo antiopas si gana las elecciones de diciembre

El Gobierno quiere convertir en permanente el escudo antiopas si es que Pedro Sánchez gana las elecciones del mes de diciembre, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Miembros del Ejecutivo y de la administración económica han deslizado esta posibilidad en círculos muy íntimos justificándose como una forma de proteger a los sectores estratégicos españoles ante fondos de inversión oportunistas en medio de un entorno internacional cada vez más hostil.

El pasado diciembre el Gobierno prorrogó hasta finales de 2024 (dos años más) el decreto que obligaba a cualquier inversor de dentro y fuera de la Unión Europea a requerir una autorización de Moncloa si es que supera el 10% del capital en empresas cotizadas o los 500 millones de capital en no cotizadas. La norma aplica a todos los sectores y sus activos considerados estratégicos como las telecomunicaciones, la defensa, la energía, los transportes o los medios de comunicación.

El mecanismo puesto en marcha en el año 2020 quería proteger a las empresas españolas ante la llegada de socios no deseados aprovechando su debilidad durante la pandemia. Sin embargo, lo que parecía una medida temporal ya ha vivido tres prórrogas y se mantendrá al menos cuatro años. La excusa de la pandemia dio paso a la guerra de Ucrania y en la última extensión, solo se justificó por la inestabilidad económica mundial y los temores a una recesión en la mayoría de los países del continente.

Encaje legal del escudo antiopas

«El contexto actual y, en concreto, el impacto de la pandemia y las tensiones geopolíticas sobre distintos sectores, las cadenas de valor globales y la inestabilidad de los mercados financieros, hace necesario el mantenimiento de esta medida», dijo el Gobierno en su decreto publicado el 27 diciembre de 2022, con media España de vacaciones por las fiestas de Navidad.

Ahora la idea de Moncloa es poder hacerlo permanente si es que logran revalidar el Gobierno en diciembre de este año, independientemente de cualquier coyuntura. Creen que ya no tiene sentido mantener prórrogas en un sistema con el que están satisfechos y que le permite al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, mantener el absoluto control respecto de las empresas e inversiones que quieren entrar en España. Hasta la fecha el escudo ha actuado como un filtro que solo han superado las compañías que logren mantener una buena relación con el Ejecutivo.

En verano de 2021 se renovó seis meses, luego a finales de este año se prorrogó un año y en diciembre de 2022 otros dos cursos. La intención es mantenerlo en casi las mismas condiciones, pero darle rango de norma estable. Esto supone intentar incluir a partir del año 2024 algún encaje legal para que deje de ser un decreto y tenga categoría de ley en una nueva normativa o en una ya existente.

Posición del PP

La Ley antiopas, el cuerpo legal llamado a dotar de normalidad a este decreto, sigue bloqueado. Por lo que adaptarlo e incluir entre sus disposiciones este escudo podría ser una opción a tomar en cuenta que coge fuerza. Sin embargo, todo está a la espera de que a finales de año se ganen las elecciones. Si las urnas ratifican al PSOE, se pondrá en marcha la maquinaria para mantener sine die este escudo.

Recordemos que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, se comprometió en una entrevista con THE OBJECTIVE a modificar este decreto en los primeros 100 días de Gobierno. «Yo creo que el Gobierno está intentando controlar la economía y está utilizando una práctica muy al borde de lo que un Estado occidental europeo puede hacer. Y esto le está sirviendo para muchas cosas. No me gusta la intervención de la economía, y este gobierno está interviniendo la economía, y no la interviene más porque no puede o porque no le dejan», indicó.

En cualquier caso, esta situación genera gran intranquilidad entre los inversores, fondos y analistas internacionales, ya que se considera que en el mediano plazo se puede convertir en un freno para la llegada de capital foráneo y que, en definitiva, sea un elemento disuasor para la llegada de empresas con intereses industriales. Muchos de ellos confiaban en que expirase en dos años para poder retomar sus planes inversores, como el caso de Vivendi en Prisa, es por ello por lo que esta eventual consolidación del decreto antiopas en la normativa española sienta como un jarro de agua fría.

Nuevas limitaciones

Este diario ya publicó tras la última prórroga que algunos inversores calificaron esta decisión como un «nivel de intervencionismo sin precedentes». Consideraron en ese momento que la prórroga era una manera encubierta de dar poderes absolutos al Gobierno para vetar cualquier operación, ya sin ninguna justificación puesto que la situación extraordinaria de la pandemia ya había pasado y los mercados ya funcionaban con normalidad desde hace muchos meses. Esta situación no ha cambiado desde diciembre.

De hecho, las fuentes consultadas consideran que la redacción de la prórroga de diciembre estableció un mayor control sobre las inversiones extranjeras en España y fortaleció aún más los poderes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se refieren a la aclaración del concepto de “inversión extranjera directa”. La norma ahora define como inversión extranjera directa no solo la adquisición de control o inversión en empresas españolas, sino también la adquisición de control sobre “la totalidad o parte de” una empresa española.

Opinión de los expertos

Con este cambio y bajo las normas de inversión extranjera aplicables, las adquisiciones de activos de una empresa española también pueden estar incluidas. Hasta la fecha el Ejecutivo ya trabajaba con este criterio, pero desde diciembre se ha incluido específicamente en el decreto antiopas. «Se mejora la redacción vigente para aclarar que dicho control se aplica a operaciones de inversión en activos o ramas de actividad, sin requerir que éstas tengan forma societaria», dice el nuevo decreto.

Para la firma internacional Baker & McKenzie estas modificaciones no sorprenden y «no hacen más que confirmar que lo que en un principio parecía un régimen temporal para proteger a las empresas críticas españolas de la crisis económica derivada de la pandemia, es ahora claramente un nuevo régimen que ha venido para quedarse«. Y agregan que se esperan más modificaciones en el régimen español de inversiones extranjeras en breve que se centrarán particularmente en «proporcionar más orientación a la aplicación del régimen actual», concluyen en su análisis a la prórroga de este decreto.