Los eurodiputados del PSOE defenderán en la UE el aumento de las penas por corrupción

En línea con lo que la Comisión Europea ha trasladado estos días y, según ha podido saber THE OBJECTIVE, los eurodiputados socialistas rechazarán esta próxima semana, aunque ya lo han registrado, la rebaja de penas que Pedro Sánchez introdujo en el delito de malversación de caudales públicos, aprobado por las Cortes españolas gracias a un acuerdo con Esquerra Republicana (ERC). Entretanto, Feijóo ya ha anticipado este viernes que presentará una propuesta de reforma del delito de malversación en el Parlamento, a la espera de que el PSOE se retrate y cambia la normativa que pide Europa.

Los socialistas españoles en Bruselas quieren abanderar ahora la defensa de la tolerancia cero, pese a que el Gobierno de España, y también los eurodiputados del PSOE siempre han defendido que la reforma del Ejecutivo de Sánchez que atañe a la malversación es un modelo de reforma. Sin embargo, ahora cambian de estrategia y presentan una enmienda, a otra enmienda que ya quedó como texto consolidado en el mes de abril, y en la que prácticamente se pide lo mismo, y muy especialmente se exige que la normativa europea esté impregnada de una tolerancia cero real.

Aquella enmienda inicial, la 253, afecta de lleno a la reforma del Código Penal español, pues pide «a la CE que garantice que los Estados miembros apliquen un enfoque de tolerancia cero frente a la corrupción, incluida la malversación sin excepción alguna».

Elevar las penas

Pues bien, este jueves, y en plena polémica por el interés que tiene la Comisión Europea en elevar las penas por este delito y, en unificar las mismas a través de una directriz que podría entrar en vigor en año y medio, los eurodiputados socialistas se han subido al carro de la Comisión y también de la descarga que la Comisión de Control Presupuestaria de la Eurocámara hizo tras su misión en España, para apoyar el espíritu de «tolerancia cero».

Pero además, para añadir al respecto lo siguiente a la enmmienda 253: «Con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión, incluidos controles previos estrictos para prevenir y detectar la malversación, el fraude y los conflictos de intereses». Un copia-pega, que desde luego no responde a la rebaja de penas que el Gobierno de Pedro Sánchez le aplicó al Código Penal -rebaja de la que se han visto favorecidos los líderes del procès-, ya que, la intención del Gobierno de Ursula Von der Leyen es que la pena máxima por este delito sea de cinco años, y no de cuatro como recoge la actual reforma del Código Penal español.

El Gobierno dice ahora que ha hecho los deberes

Tras conocer la propuesta de Bruselas, lo que en sí es ya una enmienda a la reforma del Código Penal de España, los miembros del Gobierno no han dejado de repetir sin embargo, que ellos ya han hecho «los deberes» en este sentido y, están en línea con lo que quiere el Ejecutivo europeo.

Pero no lo ha entendido así el Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, anticipaba este viernes que su formación llevará al Parlamento una propuesta para endurecer las penas por malversación como plantea la Comisión Europea, razón por la que emplaza al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a «copiar» al PP como, a su juicio, ya hizo con la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’.

En opinión de Feijóo, «España no puede permitirse el lujo de empezar la presidencia española rotatoria de la UE con esta advertencia de Europa». De ahí que los populares se planteen acudir hasta el Congreso para que, al menos el Partido Socialista se retracte y reforme de nuevo el delito de malversación, tal y como plantea la Comisión Europea.

Aquella reforma penal aprobada en diciembre, aparte de eliminar el delito de sedición, PSOE y Podemos introdujeron otros asuntos como un nuevo delito de enriquecimiento lícito al mismo tiempo que pactaron con ERC una modificación de las penas por malversación: cuando haya ánimo de lucro, manteniendo las penas actuales (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación); y dos tipos nuevos: uno sin ánimo de lucro para «usos privados» (de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años) y otro para cuando lo malversado va a un fin distinto al previsto (de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación.

Respuestas globales sobre tolerancia cero

Por parte del Ejecutivo socialista, la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, señaló este viernes que «ahora toca dialogar, y hacerlo lo mejor posible entre todos los países, y todos adaptaremos nuestra normativa según el resultado final que todavía, claro, no lo conocemos porque está muy reciente» la cuestión.

Con motivo de la misión que desplegó en Madrid en el mes de febrero la Comisión de Control Presupuestaria del Parlamento Europeo, THE OBJECTIVE pudo entrevistar después a la presidenta de esta comisión, la alemana Monika Hohlmeier.

Entonces, la dirigente bávara confesó, que cada vez que se le preguntaba a un ministro sobre la reforma de malversación en España, éstos siempre daban «respuestas globales, en el sentido de que el Gobierno seguirá una línea clara de tolerancia cero». Pero poco más. En esa entrevista, Hohlmeier reconocía que iban a pedir al comisario Didier Reynders, para la nueva legislación anticorrupción, que haga un control exhaustivo de esto, de la tolerancia cero con la corrupción en la legislación.