El Gobierno asegura que no es contradictorio apoyar la nuclear en la UE y cerrarla en España
Contesta en un escrito a la polémica de incentivar esta tecnología acordada durante su presidencia del Consejo de la UE
Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Teresa Ribera en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
El Gobierno ya ha dado una respuesta oficial a la polémica generada a principios de noviembre cuando la presidencia española del Consejo de la Unión Europea apoyó la energía nuclear en Europa -sujeta además a recibir ayudas- mientras en España daba por finiquitada la presencia de esta tecnología en nuestro país. Así, en un escrito en el Congreso de los Diputados responde al Partido Popular que se pregunta por dicha «contradicción» añadiendo además si esta decisión pone en juego la «certidumbre» de la política energética en España.
El Ejecutivo afirma que «no existe contradicción alguna ni falta de certidumbre, ya que cada Estado miembro puede decidir respecto a la combinación de energías que considere oportuna en su suministro energético con arreglo a su política en esta materia. En este sentido, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), aprobado por el Gobierno, se establece la contribución de la energía nuclear al mix energético y se contempla un cierre ordenado de las centrales nucleares españolas en el horizonte temporal 2027-2035, tras el consenso alcanzado entre los diferentes actores implicados».
Fuentes del sector energético español, que cuentan en sus activos con la energía nuclear, aseguran que el problema es económico, y no del sistema. Por otro lado, remarcan que es mucho más segura esta tecnología que los ciclos combinados (gas) y ponen como ejemplo la actual situación de Alemania. «Están utilizando carbón porque no tienen nucleares. Y aquí, por ejemplo, ya no tenemos la central térmica de Carboneras (Almería). Por último, la vida útil de los ciclos combinados es más corta y las emisiones de Co2 con el uso de la nuclear permiten una caída del 50%».
En España, Naturgy, Iberdrola, Endesa y EDP cuentan con participaciones en las cinco centrales nucleares que hay en activo. A principios del pasado septiembre, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, aseguró, sobre el cierre programado de la nuclear, que el Gobierno y los reguladores debían tener «cintura necesaria» para adaptarse a cada momento para «que no nos pegáramos un tiro en el pie». Por otro lado, añadió que «las cosas no estaban escritas en piedra». Una reflexión compartida por el ceo de Iberdrola en España, Mario Ruiz-Tagle.
Lío en los últimos meses
Uno de los principales escollos que ha sufrido el Gobierno durante su presidencia en el Consejo de la Unión Europea ha sido la energía nuclear, que ha servido, como así lo atestiguan fuentes en Bruselas, de ‘pago’ por haber logrado colocar a la exvicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, como presidenta del Banco Europea de Inversiones (BEI). Todo se debió a que durante los últimos seis meses del pasado año había un objetivo compartido por el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de la UE: aprobar la reforma eléctrica.
Antes de que España asumiera la presidencia del Consejo de la UE, Francia y España ya peleaban juntos frente al resto de países de la Unión Europea por crear un marco en la futura reforma del mercado eléctrico, donde se permitiera a los gobiernos fijar el precio de la energía nuclear. Aunque buscasen un mismo fin, su finalidad difería: los primeros querían ofrecer precios competitivos a su industria ya que la nuclear es su principal fuente de generación y los segundos solo buscaban evitar beneficios extraordinarios para las centrales.
Aunque España tuvo fijado el precio de la nuclear en los 67 euros megavatio hora a través de una ley hasta finales de 2023, la forma con la que la Unión quiso intervenir el precio fue a través de los contratos por diferencia (Cdf por sus siglas). Recibió luz verde a mediados de octubre. Aun así, estos estarían supeditados bajo el control de la Comisión Europea, que sería la que los supervisara para evitar que no hubiese competencia desleal principalmente de la industria francesa con respecto al resto de economías. Fue el paso previo a los trílogos (una negociación entre Parlamento y el Consejo, que tiene a la Comisión de árbitro).
Durante los trílogos, los franceses batallaron hasta el final para, una vez logrado intervenir el precio, lograr tener la condición de tecnología estratégica en la Unión Europea, porque así conseguirían un paso más: poder subvencionarla. De esta forma, en un texto de principios de noviembre se reconoció finalmente que «la energía nuclear de fisión, incluido el ciclo del combustible nuclear, junto con otras tecnologías, como la solar fotovoltaica, solar térmica eléctrica y solar térmica y las renovables eólicas terrestres y marinas pasarían a ser tecnologías estratégicas con balance cero de emisiones para la UE».
