El anteproyecto de la nueva Comisión de la Energía causa estupor en los supervisores
Los técnicos de la actual CNMC entienden que el texto es una chapuza donde no faltan los gazapos
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. | Europa Press
El conflicto de la sede de la nueva CNE (Comisión de la Energía) es una tormenta en un vaso de agua producida por un anteproyecto redactado deprisa y corriendo en el Ministerio de Transición Ecológica y que habrá que corregir en el trámite administrativo para que cuando llegue al Congreso de los Diputados no produzca sensaciones indeseables en los mentideros internacionales y, especialmente, en Bruselas. Es un cortapega basado en la propia narrativa original de la ley que dio origen hace doce años a la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) y por eso se habla de establecer un lugar para la sede social que en el caso del supervisor único si era necesario fijar ya que integraba a la antigua CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) que Zapatero se había llevado a Barcelona.
En todo caso, es impensable que un texto legal defina de antemano ahora el emplazamiento del domicilio social de la CNE que Teresa Ribera nunca ha pensado trasladar fuera de Madrid. Por eso el propio Ministerio ha tenido que corregir este aspecto en el texto difundido a través de su página web, donde ya no aparece la alusión a la sede en la capital de España, lo que ha dado a absurdas e innecesarias conjeturas.
El problema, en todo caso, es lo mal que ha sentado el texto de marras a los técnicos de la CNMC, que ahora trabajan en labores de regulación para el sector energético. Además de establecer competencias sin recursos, incluye gazapos como el referido al control que la CNE deberá ejercer sobre la Oficina de Cambio de Suministrador (OCSUM) en los mercados de gas y electricidad. Se da la circunstancia de que esta entidad fue creada en 2009, pero a día de hoy ya no existe, porque fue absorbida hace más de diez años por la propia CNMC.
Por lo demás, se achaca al anteproyecto un exceso de intervencionismo por parte del Ministerio de Teresa Ribera, lo que supone una involución en las relaciones del Gobierno con el regulador. Las empresas del sector están contentas porque siempre es mejor para ellas disponer de un interlocutor válido que atienda sus reclamaciones, pero los futuros técnicos que están llamados a incorporarse a la futura CNE han encajado muy mal la pérdida de atribuciones y la incorporación de tareas para las que no cuentan con medios suficientes. Consideran que, a la postre, solo van a recibir un incremento de burocracia en detrimento de una supervisión efectiva de los mercados de la energía en España. En definitiva, más que un organismo independiente de regulación económica el Gobierno trata a la CNE como si fuera un organismo autónomo integrado en el organigrama de poder que maneja Teresa Ribera desde el Ministerio de Transición Ecológica.
Nuevo regulador de servicios digitales
Cani Fernández, en todo caso, está encantada porque ha asumido desde hace tiempo la pérdida de la supervisión energética e incluso también la del edificio en el que ahora se alberga su despacho. Es previsible que la CNMC tenga que trasladarse al inmueble contiguo que pertenece al Patrimonio del Estado, dejando el principal de la calle Alcalá a su dueño original, que no es otro que la CNE. Ribera ha preparado los cambios como si el tiempo no hubiera pasado volviendo al escenario previo a la creación del supervisor mayor del Reino, que según ella fue un capricho del Gobierno de Mariano Rajoy.
El sacrificio de Cani Fernández ha sido compensado en parte otorgando a la CNMC la titularidad del futuro regulador de Servicios Digitales. Una entidad que deberá constituirse a instancias del ordenamiento comunitario para asegurar la supervisión de las big tech que tanta preocupación e interés suscitan en Bruselas.
