Ayuso afirma que Hacienda ha pedido que se devuelvan 552.000 euros a su pareja
La presidenta de la Comunidad de Madrid siempre dijo que Hacienda le debía dinero Alberto González Amador
Isabel Díaz Ayuso con su pareja en un concierto. | Europa Press
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha afirmado este miércoles que la Agencia Tributaria (AEAT) ya habría solicitado a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, motivo por el que ella ha declarado hoy que ella «tenía razón cuando lo defendía y nunca mintió». Cabe señalar, como ya publicó este diario, que la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid María de la O Silva, asignada para ejercer la acusación en la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos, sopesa invocar el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal para que los fiscales de Sala del Tribunal Supremo emitan un informe sobre su posición en la causa.
Esta misma mañana fuentes del Ejecutivo regional han manifestado que «la Agencia Tributaria ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Amador». En este mismo sentido, también han afirmado que ante esta situación, «la Fiscalía podría anular el juicio si se adviene al acuerdo que propone González Amador, por el cuál este debería pagar 340.000 euros».
Fuentes expertas en esta materia, sí señalan a THE OBJECTIVE que la Fiscalía no tiene ninguna competencia para anular un juicio, en todo caso tendría que ser el ministerio fiscal quien lo solicitara, pero finalmente sería el juez el que tuviera la última palabra. Lo que sí puede ocurrir -añaden las mismas fuentes-, es que en cuanto a la Fiscalía, si hay acuerdo, claro que «ésta puede retirar los cargos, siempre que se acepta por parte de la Fiscalía y por parte del Abogado del Estado el acuerdo, partiendo de una declaración de culpabilidad con reconocimiento de los hechos, lo que hace que sencillamente se termine el proceso por conformidad, de modo que, no hay vista pública, porque el juicio ya existe, pues ya se han trasladado las actuaciones a la vía penal».
Por otra parte, fuentes de la comunidad mantienen, que «si la Fiscalía niega el acuerdo, será por causas políticas, no técnicas» y remarcan que el resultado final «de la cacería política» que ha sufrido es que la pareja de la presidenta tendría «un saldo positivo de más de 200.000 euros». «Ya es cada vez más evidente, con pruebas, de que hemos asistido a una cacería política y que la presidenta nunca mintió», señalaron a continuación.
Manipulación orquestada
Cabe recordar que la presidenta Isabel Díaz Ayuso, durante su primera comparecencia sobre este tema, en el mes de marzo, consideró que todas las informaciones sobre el presunto fraude fiscal de su pareja eran una «manipulación orquestada» e hizo alusión a que era Hacienda quien debía a González Amador 600.000 euros.
Tras visitar este miércoles las instalaciones de la empresa familiar Arzam, en Guadarrama, la presidenta madrileña ha tomado la palabra para hacer alusión a estas informaciones y ha defendido que no mintió y que tenía razón.
«Todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconoció ayer el propio fiscal general (…). Se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal que está haciendo el Gobierno», ha zanjado.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, preguntado por esta información en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha sostenido que esto supondría «que el Gobierno central, que el Gobierno de Pedro Sánchez, está utilizando los medios del Estado para atacar a un particular», algo que les parece «especialmente grave». «La presidenta siempre ha dicho la verdad», ha sostenido.
Precisamente ayer, la número 2 del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde, pedía a los fiscales de Madrid que rechacen las dos querellas por la filtración de datos del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al no ver delito e invocar el principio jerárquico de unidad de actuación.
