El PP pide limitar a cuatro años el plazo para impugnar planes urbanísticos
Creen que la ley del suelo se queda corta para limitar los efectos de la anulación de un plan urbanístico en los tribunales
El Consejo de Ministros aprobó en marzo el proyecto de reforma de la Ley Estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana | Agencias
El Partido Popular va a presentar enmiendas significativas a la reforma de la Ley del Suelo que actualmente se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Incluso están evaluando la posibilidad de ofrecer un texto alternativo para abordar los desafíos relacionados con la vivienda en España. Para este fin, han mantenido reuniones tanto con actores del sector como internamente con consejeros de comunidades autónomas para recabar y evaluar propuestas. Entre otras cuestiones, se plantean limitar a cuatro años el plazo para impugnar planes urbanísticos.
Pero uno de los puntos clave para los populares es mejorar la seguridad jurídica de estos planes. Buscan evitar que grandes proyectos urbanísticos se vean paralizados por decisiones judiciales que podrían prolongarse durante años debido a errores subsanables en su tramitación. Es el fin que persigue la Ley del Suelo propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez pero, a juicio del PP, tal y como está formulada en estos momentos se «queda corta» porque es necesario ir un paso más allá y dotar a los planes urbanísticos de una mayor seguridad jurídica a través de una reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa.
En este sentido consideran que es necesario que los jueces y tribunales que controlan la actividad urbanística de la Administración pública cuenten con una norma clara, que otorgue mayor seguridad jurídica y que evite estos procesos tan desfavorables y sus consecuencias indeseadas. «El hecho de que falte el informe de género en un plan urbanístico, que es obligatorio, y que provoca la cancelación de planes de este tipo, no tiene sentido. No puede ser que porque alguien haya cometido un error en ese sentido se tumbe un plan urbanístico que lleva dos años en marcha. Es un error de forma», explican a THE OBJECTIVE fuentes del sector inmobiliario.
Reforma contencioso-administrativa
El Partido Popular cree que la reforma debería ser «más flexible y ambiciosa» y por ello van a pedir dotar a ayuntamientos y a promotores inmobiliarios de «mayor seguridad», por lo que habría que reformar también la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa. En este sentido, fuentes del PP explican a THE OBJECTIVE que cuando la aplicación del ordenamiento jurídico produce un perjuicio desproporcionado al interés público, como viene sucediendo, «es necesario hacer una reforma que afecte no solo a la naturaleza de los instrumentos de ordenación que se proyectan a través de la ley del Suelo».
Por ello, también sería necesaria una reforma de carácter procesal a través de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que trate de evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas. Dentro de esta reforma de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, los populares hacen referencia a las diversas recomendaciones del Consejo de Estado en el sentido de «limitar temporalmente la revisión de oficio por motivos de seguridad jurídica y de equidad».
Por ello, van a proponer limitar con carácter general el plazo para la impugnación indirecta de las normas de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a cuatro años. «Es un límite razonable y promueve la seguridad jurídica», aseguran estas fuentes. Por otro lado, precisan los distintos supuestos de anulación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Por ejemplo, que cuando se declare la nulidad o anulabilidad por la omisión de un trámite formal o procedimental, puedan conservarse las actuaciones y trámites procedimentales no afectados por el vicio cometido, pudiendo convalidarse.
Los socios, en contra
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado este martes a ampliar el plazo de presentación de modificaciones dentro su texto, tras la oposición al proyecto de sus socios. El Consejo de Ministros aprobó en marzo el proyecto de reforma de la Ley Estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana. Con este texto el ejecutivo trataba de evitar que un error formal, que pudiese ser subsanable, acabase provocando la nulidad total de un plan general de ordenación urbana. Con todo lo que eso conlleva. Este es un reclamo principal tanto de ayuntamientos como del sector promotor en general.
Los expertos del sector consultados, al igual que el PP, desconfían de la efectividad de esta la nueva norma tal y como está planteada actualmente, y de que los cambios vayan a solucionar la ausencia de vivienda de protección oficial. Mientras, en SUMAR entienden que el texto puede dejar la puerta abierta a la convalidación de irregularidades urbanísticas. En Podemos directamente sostienen que esta medida deja vía libre a «la cultura del pelotazo».
