Marroquíes y colombianos lideran los permisos laborales, que alcanzan la mayor cifra en 11 años
Las autorizaciones de trabajo a extranjeros sumaron 233.000 el año pasado, más del doble que las registradas en 2018
La estadística de permisos laborales que elabora el ministerio de Yolanda Díaz muestra que se han duplicado desde 2012. | Ilustración de Alejandra Svriz
Los permisos laborales a extranjeros sumaron 233.000 en 2023, la mayor cifra desde 2012 y el doble a la registrada en 2018, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Sin embargo, el dato sigue muy alejado de los 1,1 millones de permisos de trabajo que se otorgaron en 2005, en pleno boom económico. También está a considerable distancia de las cifras de 2006 y 2008, años en los que las autorizaciones laborales superaron los 900.000. Estas concesiones son clave para el mantenimiento a largo plazo de las pensiones en un contexto de baja natalidad y de progresivo envejecimiento poblacional.
La estadística de autorizaciones de trabajo analizada por THE OBJECTIVE muestra también otro dato positivo que tiene ver con la mayor cualificación de los extranjeros regularizados. Uno de cada cuatro de estos permisos tienen ver con empleos cualificados y puestos directivos y técnicos, un porcentaje que no ha parado de crecer en los últimos años.
Al detalle, el número de autorizaciones de trabajo aumentó en 30.907 en 2023, lo que supone un 15,6% más que las anotadas en 2022. El porcentaje de incremento es muy similar entre hombres y mujeres y ocho de cada diez permisos fueron para trabajar por cuenta ajena.
Permisos a extranjeros por nacionalidades
En cuanto a la nacionalidad, son los marroquíes los que protagonizan más autorizaciones -37.882-, seguidos por los colombianos -32.031- y hondureños -20.708-. Cabe destacar que los permisos a ciudadanos colombianos se incrementaron un 50%. Mientras, se produce una drástica caída de las concesiones a ucranianos, que descienden un 38%. Los 103.248 permisos a marroquíes, colombianos, hondureños y peruanos representan el 45% del total.
La estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social muestra también que el 37% de estas autorizaciones fueron por arraigo laboral. Este es un permiso de residencia por circunstancias excepcionales y autoriza a trabajar a los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante al menos dos años antes de la solicitud. El peticionario debe carecer de antecedentes penales en los últimos cinco años. Además, debe demostrar la existencia de relaciones laborales, con contrato o no, cuya duración sea superior a seis meses.
Reglamento de Extranjería
En junio de 2022, el Gobierno aprobó la reforma del Reglamento de Extranjería, una modificación que tenía como objeto facilitar la incorporación de migrantes al mercado de trabajo. «El objetivo es modernizar el modelo migratorio para que se propicie la migración regular y segura en toda circunstancia», aseguraba tras el Consejo de Ministros el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
La reforma buscaba reforzar la inmigración regular y para ello la normativa incluía novedades. Se incorporaba una racionalización de los requisitos exigidos para los trabajadores autónomos procedentes de terceros países. También se contemplaba una mejora de los trámites de contratación en origen. El instrumento era la incorporación automática al Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura.
Inmigración y pensiones
El envejecimiento de la población, la caída de la natalidad y el aumento de las prestaciones de jubilación hacen necesaria la entrada masiva de inmigrantes y permisos laborales a los extranjeros que ya están en España. En esta línea se han mostrado diversos informes sobre la sostenibilidad de las pensiones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reseñaba en un estudio reciente la necesidad de la entrada anual constante de entre 211.000 y 238.000 inmigrantes a partir de 2035 y 2050, dependiendo del escenario demográfico.
Por su parte, el último informe anual del Banco de España apuntaba un contexto demográfico más pesimista, que haría necesario 24 millones de trabajadores migrantes en los próximos 30 años. Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España, destacaba que el objetivo de mantener la relación entre trabajadores y pensionistas y sostener el sistema de pensiones requiere una importante entrada de extranjeros en el mercado laboral.
Gasto en prestaciones
Resaltaba que el gasto en pensiones en 2023 alcanzó el 13,1% del PIB, pero que el porcentaje seguirá subiendo considerablemente en los próximos años. El Banco de España también apuntaba que en 2025 está prevista la evaluación de la cláusula de salvaguarda. Esta cláusula prevé que si la proyección del gasto medio neto en pensiones en el periodo 2022-2050 se desvía del 13,3% del PIB, habrá que poner en marcha un conjunto de medidas para corregirlo.
Además, el Banco de España señalaba que en los últimos años los trabajadores extranjeros habrían contribuido a reducir, al menos en parte, los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo que se habrían observado en ciertas ocupaciones —especialmente en las de bajo nivel de cualificación—. Por último, alertaba que sin cambios en los flujos migratorios no es probable que se pueda resolver en el futuro el desajuste entre oferta y demanda laboral.
