Los contratistas de Adif descuentan ya la destitución de su presidente por el 'caso Koldo'
En el sector ya se da por amortizado a Ángel Contreras, aunque la última palabra la tendrá el ministro Óscar Puente
El presidente de Adif, Ángel Contreras. | Europa Press
Las empresas que contratan con la entidad pública encargada de la gestión de la red ferroviaria, Adif, ven que la salida del presidente de este organismo, Ángel Contreras, es inminente. Según ha podido saber THE OBJECTIVE las compañías creen que las últimas informaciones publicadas, donde la Guardia Civil lo relaciona con la trama Koldo, son la puntilla para su final al frente de la compañía.
Así, un informe de la UCO (Unidad Central Operativa) señala que uno de los cabecillas de la trama, Koldo García, contactó con el presidente de Adif en febrero para que maniobrase en el amaño de un contrato en favor de la empresa privada OPR. Fuentes conocedoras aseguran que, en caso de destitución, posiblemente, y de nuevo, la iniciativa provenga del propio presidente de Adif. De hecho, él ya propuso su cese cuando se le relacionó con el caso hace unos meses después de que se conociera una reunión que mantuvo con el exministro, José Luis Ábalos, en enero de este año, y organizada por uno de los cabecillas de la trama, el asesor de confianza del exministro, Koldo García.
Sin embargo, y pese a las percepciones de las contratistas, el que tiene la última palabra es el ministro de Transportes, Óscar Puente, que en más de una ocasión ya ha demostrado que no toma decisiones en caliente. Así se comprobó con el actual subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, que no fue destituido pese a reconocer ante la Guardia Civil que había entregado documentación sensible sobre el caso Koldo precisamente al propio Koldo García. Lo mismo ocurrió cuando desestimó la dimisión del presidente de Adif, antes mencionada.
Mientras se dirime este nuevo frente en el Ministerio de Transportes, la auditoría interna prometida por Puente hace ya 85 días sigue sin llegar. Aunque el ministro se comprometió con tenerla lista «a la máxima brevedad posible» por ser «una cuestión lo suficientemente importante y grave», la realidad no ha sido así. Además, a mediados de abril, el ministro cambió su discurso restándole importancia a la auditoría: «No se van a encontrar novedades». Según el propio ministerio, la inspección «podrá realizar los requerimientos masivos de documentación que considere oportunos para sus análisis, podrá efectuar las entrevistas que considere necesarias con el personal y recabar cualquier tipo de documentación».
La empresa OPR, con la que se le relaciona ahora a Conteras, no es una desconocida dentro del Ministerio. Así, Adif ya abrió una investigación interna hace más de un año por presuntas irregularidades en contratos que favorecían a esta compañía, tal y como adelantó este periódico. Sin embargo, a los pocos días, la propia empresa pública dio carpetazo a la investigación asegurando que «no había irregularidades». Una decisión que contrastó con las anomalías y sobrevaloraciones técnicas que sí detectaron los peritos del Ineco (empresa adscrita al Ministerio de Transportes) en tres licitaciones en las que apuntaban a un beneficio de OPR.
El Ministerio de Transportes ha sido el principal organismo afectado por esta trama. Sin embargo, solo ha habido una única destitución, el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Este alto cargo ocupaba su cargo desde julio de 2018, y fue el encargado de tramitar la compra de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, que recomendó Koldo García. Según esgrimieron desde el Gobierno, la decisión que se tomó fue por «pérdida de confianza».
Ángel Contreras fue nombrado presidente de Adif el pasado 5 de diciembre. Lo que significa que es un cargo elegido por el ministro Puente. Por lo que el titular de Transportes tiene ahora cierta responsabilidad. De momento, lo que se ha conocido tras la información de la Guardia Civil que le vincula con la trama ha sido la respuesta del principal partido de la oposición, donde la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que llamará al presidente de Adif a comparecer en la comisión de investigación abierta en el Senado.
El Ministerio ha ido modulando su estrategia desde que estalló el caso. Así, semanas después de que explotara el caso Koldo, se cerraron ante la exposición pública. Para ello, se buscó cubrir a subsecretarios, secretarios generales y también a su secretario de Estado, José Antonio Santano, de posibles preguntas, imponiendo una ley del silencio. Según diversas fuentes del sector, «había órdenes de no ir a los eventos». Una realidad que ya ha cambiado.
