Los húngaros confían en que Moncloa dé luz verde a su opa por Talgo al no tener alternativa
Desde el consorcio, creen que al Gobierno se le acaba el tiempo para conseguir armar una contraopa
Imagen de un tren. | EuropaPress
El consorcio húngaro Ganz-Mavag confía en que Moncloa apruebe su opa (oferta pública de adquisición) por el cien por cien del capital de la empresa española Talgo. Las dos razones que esgrimen son el tiempo -ya que el límite para responderles se está acabando- y la complejidad por buscar una alternativa. El Gobierno, que ha tanteado al brazo inversor de La Caixa, necesita en tiempo récord un socio industrial que acompañe a los financieros. Un escenario que, subrayan desde el consorcio, será muy difícil porque el principal accionista de la empresa ha peinado durante años el mercado para encontrar un socio industrial, que finalmente encontró con los húngaros a finales del pasado año.
Desde el consorcio, subrayan que la situación de Talgo es límite porque necesita capacidad industrial. La empresa aglutina retrasos en España, Dinamarca y Alemania a la hora de entregar sus pedidos (los trenes). Para ello, necesitan invertir en fábricas, y la única forma es a través de un socio industrial. Ganz-Mavag (que cuenta con capital privado y público de Hungría) ha visto cómo los grupos industriales del sector, como son CAF, Alstom o Stadler, han descartado participar en la contraopa que lanzó el Ejecutivo, que está buscando otras opciones para evitar que el Gobierno de Viktor Orbán se haga con el poder de una compañía clave para los intereses de Renfe.
De momento, el proceso de opa va by the book, como se dice en la jerga financiera. Un optimismo que se basa principalmente en lo estabilizada que se encuentra la acción. Así, desde que se anunció la operación por cinco euros la acción, el valor de esta se ha mantenido por debajo de dicha cifra. Antes de que se conociese el acuerdo, la empresa cotizaba a 3,92 euros y hoy se encuentra en los 4,3 euros.
Ganz-Mavag presentó la oferta el pasado 7 de marzo, pero no fue hasta el 22 de marzo cuando solicitó la autorización de la opa. Es a partir de esta última fecha cuando comienza a descontarse el tiempo de tres meses para que el Gobierno responda a los húngaros. Un tiempo que puede ir variando. Así, y según estipula la ley, «cada vez que la Administración le dirige al solicitante un requerimiento de información adicional el cómputo del plazo queda suspendido hasta la cumplimentación del requerimiento». Fuentes del consorcio húngaro, sin embargo, afirman que no se ha vuelto a requerir información extra.
Por otro lado, según la ley, el Gobierno cuenta con competencias para ampliar el plazo máximo de los tres meses, siempre y cuando no sea este «superior al establecido para la tramitación del procedimiento». Por último, la regla general en procedimientos iniciados a solicitud del interesado es el silencio positivo, por lo que es necesaria la respuesta del Gobierno a los húngaros. De momento, el Jinvex (Junta de Inversiones Extranjeras), que es el órgano que coordina las compras extranjeras que necesitan autorización, está estudiando la opa.
En esta operación, aparte del Gobierno, se tienen que pronunciar otros organismos, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) y el Banco de España (BdE). Fuentes jurídicas aseguran a este medio que «el objeto del control de cada institución es distinto. El otorgamiento de una autorización no prejuzga el otorgamiento o denegación de las otras. En todo caso, la CNMV no puede autorizar una opa si la misma requiere la autorización previa del Gobierno en materia de inversiones extranjeras».
Las mismas fuentes aseguran que «cada institución ejerce un control distinto. El Gobierno protege la autonomía estratégica de España, la CNMC vela por la competencia al resolver sobre las autorizaciones de concentración de empresas, la CNMV protege a los inversores al autorizar y vigilar la toma de participación si esta se produce a través de una opa, y finalmente el Banco de España realiza un control prudencial y vela por la solvencia si se trata de entidades de crédito».
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el miembro del Gobierno que más beligerante se ha mostrado con respecto a la opa de los húngaros. Unas palabras que, sin embargo, se han visto suavizadas con las declaraciones más pragmáticas de los ministros de Industria (Jordi Hereu) y Economía (Carlos Cuerpo).
