ADIF abrió una investigación por el contrato amañado, pero la zanjó sin imponer sanciones

La empresa pública ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes y que se encuentra en el foco del caso Koldo, abrió una investigación tras el contrato amañado de mayo de 2022 y desvelado por THE OBJECTIVE este lunes. Pero esa investigación acabó sin sanciones de ningún tipo: el Comité Ético de la empresa concluyó «que no existían indicios de irregularidad que hiciesen necesario adoptar medidas correctoras».

Después de las informaciones de THE OBJECTIVE aportando diversas pruebas sobre manipulaciones en un contrato de 20 millones de euros, el presidente de la compañía pública ADIF, Ángel Contreras, que se encuentra salpicado por haber participado en este amaño tras firmar el informe de valoración técnica, se pronunció este martes a última hora de la tarde en la red social de LinkedIn: «El Comité de Ética concluyó que no existían indicios racionales de actuación ilícita ni de incumplimiento o irregularidad que hiciesen necesario adoptar medidas correctoras, razones por las que archivó el expediente».

Una defensa por parte del máximo directivo de la empresa pública que llega después de las dos pruebas aportadas por este periódico. Primero, el pasado lunes se publicaron una serie de mensajes enviados por WhatsApp que demuestran cómo un cargo intermedio presionaba a los técnicos para que modificaran las calificaciones. Tras esta noticia, este medio volvió a publicar este martes una segunda prueba, aún más explícita, donde el mismo cargo insistía con las manipulaciones, pero esta vez a través de un mensaje de voz. Unas directrices que, como se aprecia en el audio, lo pedía «el que manda en la empresa».

Sin embargo, el presidente de ADIF ha tratado de justificar el comportamiento de la compañía. «Durante el proceso, se recabó información sobre la gestión interna del expediente y, en especial, se analizó la tramitación del procedimiento de valoración de ofertas y la justificación de las valoraciones realizadas por el equipo de ADIF. Asimismo, se mantuvieron reuniones con las principales personas involucradas en el proceso y se solicitaron explicaciones sobre las comunicaciones para comprender su alcance, credibilidad y virtualidad».

Contreras además añade que «en esta investigación, la Jefatura de Área responsable del contrato explicó las conversaciones mantenidas con los profesionales externos de apoyo, y se constató que en esas conversaciones se encontraban personas sin competencias para realizar valoraciones técnicas».

Unas afirmaciones que tratan de contrarrestar los mensajes publicados por este medio, después de que este tuviera acceso a un chat de WhatsApp de los propios trabajadores involucrados. Allí se pueden leer y escuchar las siguientes afirmaciones por parte del jefe de coordinación de inversiones en ADIF, José Vicente Porras: «A ver, yo sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda en la empresa. Así que lo tenemos que hacer» y «la última versión tiene el 1 y el 2 cambiados con respecto a lo que habíamos dicho. Es necesario que el orden sea el que habíamos comentado», entre otros.

El presidente de ADIF sentenció su mensaje apoyando a la compañía: «Quiero subrayar la dedicación y responsabilidad con la que los equipos de ADIF ejercen su trabajo diario y agradezco las muestras de apoyo y la confianza que me estáis mostrando en esta etapa, tanto interna como externamente, sobre el trabajo realizado y cómo lo abordamos».

La modificación de los puntos

Este periódico ha podido comprobar cómo la primera calificación del informe técnico fue manipulándose, según obra en la documentación en poder de THE OBJECTIVE. En la primera calificación de los técnicos, la empresa francesa Thales ganó por varios puntos al resto de compañías que licitaron para hacer una obra de señalización en un tramo ferroviario entre las provincias de Badajoz y Sevilla. Una diferencia que impedía a las otras empresas sobrepasar a los franceses en la posterior valoración económica.

De esa forma, y pese a que la valoración técnica tenía en dicha licitación pública un peso del 49% y la oferta económica un 51%, la normativa de ADIF que se aplica provoca que, aunque una compañía ofrezca un precio más bajo en la oferta económica, nunca podrá ganar el concurso si una empresa saca una ventaja de varios puntos en la parte técnica. Por otro lado, el margen de actuación de ADIF para manipular contratos se limita a la parte técnica, porque la económica es «a sobre cerrado» e impide modificaciones. Finalmente, el contrato fue adjudicado a una empresa conjunta de FCC y Siemens.