España ya es el país con más procedimientos de infracción en curso de toda la Unión Europea
Acumula 171 procesos, por delante de Polonia, Italia, Grecia y Bulgaria, la mayoría por temas de medio ambiente
España tiene abiertos hasta 66 procedimientos de infracción por materias medioambientales. En la imagen, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica. | Europa Press
España es ya el país con más procedimientos de infracción abiertos por no trasponer directivas o por exceder los plazos previstos para hacerlo. Estos procesos se centran en asuntos medioambientales, fiscales y empresariales. En total, según el análisis realizado por THE OBJECTIVE a partir de los datos que ofrece de forma periódica la Comisión Europea, nuestro país suma 171 expedientes. Son siete más que Polonia, que ocupa el segundo lugar en el ránking. Mientras, le siguen Grecia, con 163, e Italia y Bulgaria, empatados a 146.
Hasta 66 de los procedimientos en curso tienen que ver con el medio ambiente y 18 con el mercado interior. Algunas de las decisiones se remontan a 2004. Además, pese al intento de ir cerrando asuntos, surgen nuevos procesos que complican abandonar el podio de los incumplidores. España acumula desde 1988 un total de 3.028 procesos de infracción, de los que hasta 2.853 ya están cerrados.
La no transposición de la normativa europea a la legislación en el tiempo fijado o hacerlo incorrectamente coloca a los países en esta lista negra. La vorágine legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado de lado las normas comunitarias en materias clave como medio ambiente, empleo, industria o política financiera. Nuestro Ejecutivo tiene una veintena de expedientes abiertos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimientos graves en materias relacionadas con el medio ambiente.
España, por encima de la media
Los últimos datos de la Comisión muestran que los 27 países comunitarios, más Reino Unido, acumulan 2.622 procesos de infracción abiertos. El más antiguo se remonta al año 2000 y afecta a Irlanda. La media es de 94, 75 procedimientos menos que los que tiene España. El pasado 23 de mayo, la Comisión Europea decidió llevar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no garantizar la correcta aplicación de la Directiva sobre fusiones en lo relativo al régimen fiscal común aplicable a los Estados miembros. El objeto de esta norma es eliminar los obstáculos fiscales a las reorganizaciones transfronterizas en las empresas que participen situadas en dos o más Estados miembros.
La Comisión envió a España una carta de emplazamiento el 25 de enero de 2019 y, posteriormente, un dictamen motivado el 28 de noviembre de 2019. En sus respuestas oficiales y en diálogos posteriores celebrados con las autoridades nacionales, España mantuvo que su legislación fiscal se ajustaba a la Directiva sobre fusiones. La Comisión consideraba que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades españolas habían sido insuficientes. Por esta razón, lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
También el pasado mayo, la Comisión Europea anunciaba la apertura de dos nuevos expedientes de infracción a España. Los emplazamientos se justificaban por incumplimiento de la legislación comunitaria sobre contratación pública y de la normativa sobre concesión de autopistas.
Los Estados miembro debían incorporar a su legislación nacional las normas que regulan los contratos públicos y los contratos de concesión antes del 18 de abril de 2016. El plazo fue incumplido por España, Bulgaria y Rumanía. Esta directiva pretende abrir los mercados públicos a una auténtica competencia entre empresas de toda la UE para garantizar una mejor relación calidad-precio en las licitaciones públicas. España afronta también un segundo expediente de infracción por prorrogar la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE.
Multas y procedimientos de infracción
A pesar de que las multas tardan tiempo en llegar y los plazos permiten eludirlas, algunas acaban llegando. Destaca la aprobada en febrero de 2021. En esa fecha, el TJUE impuso a España los dos tipos de sanciones previstos en el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En aquella ocasión, nuestro país fue condenado al pago de 15 millones de euros y una multa diaria de 89.000 euros. La justificación fue no adoptar en tiempo la Directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales. El procedimiento se cerró en febrero de 2022. España, a diferencia de otros países, no informa regularmente de los avisos de infracción ni de las sanciones. Tampoco lo notifica al Congreso.
