Escrivá prepara los nuevos pliegos de Muface: el sector espera el texto para septiembre
El Gobierno y la mutualidad deben pactar un nuevo concierto para antes de que termine el año
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. | EP.
Cuenta atrás para que comiencen las negociaciones entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la mutualidad, que deben pactar un nuevo concierto de Muface para antes de que acabe el año. Según indica a THE OBJECTIVE un portavoz de la cartera de José Luis Escrivá, «en este momento se está redactando el pliego» de condiciones. Y es que a solo seis meses de que caduque el texto actual –diciembre de 2024–, la cuenta atrás ya se ha activado en el Gobierno para unas negociaciones que se esperan turbulentas.
Fuentes del sector próximas a la mutualidad señalan a este medio que esperan el texto final para septiembre, mes en el cual prevén que arranquen las negociaciones, ya que el tiempo apremia para un nuevo contrato en el que las tres empresas prestadoras del servicio de asistencia sanitaria de Muface (Adeslas, Asisa y DKV) pedirán cambios de calado –no solo económicos– para seguir formando parte de él. Mientras, desde el departamento de Escrivá apuntan escuetamente que «la negociación del próximo concierto sigue el procedimiento de cualquier contrato público».
De esta forma, si todo sigue como hasta ahora, el documento definitivo estaría listo para después del verano y podría ser firmando en el último trimestre del año. Siguiendo los plazos, el nuevo concierto entraría en vigor el año que viene y «todo apunta a que será un concierto de dos años», es decir, para 2025 y 2026. El actual es de tres años (2022, 2023 y 2024). Una vez se publiquen en el BOE las nuevas condiciones económicas, las aseguradoras tendrá un mes para sumarse o no.
Concierto de Muface de dos años
Así las cosas, la incertidumbre se acentúa a medida que se acercan las negociaciones. Y es que las compañías aseguradoras firmantes del concierto en vigor con el organismo público ya han avisado que no formarán parte del nuevo concierto si no se incrementa «significativamente» la financiación. Así lo dijo hace apenas unos días el presidente de Adeslas, Javier Mira, quien en la apertura del 12º Foro de Seguros de Salud explicó que las condiciones actuales del modelo Muface lo hacen inviable y deficitario para la compañía, por lo que llamó a la Administración a incrementar «significativamente» la financiación para «garantizar su sostenibilidad y hacer posible que SegurCaixa Adeslas pueda presentarse al nuevo concurso».
En esta línea también se ha pronunciado DKV en varias ocasiones. Su director financiero, Javier Cubría, ya dijo que en el último año la situación se había deteriorado «hasta términos casi insostenibles» y se estaban planteando «no renovar» al registrar pérdidas de 20 millones al año. Quien todavía no se ha pronunciado explícitamente al respecto es Asisa. Y es que mientras se intensifican las dudas sobre la continuidad de Adeslas y DKV en Muface, las fuentes del sector consultadas coinciden en que Asisa «no se plantará ante el Gobierno» por la financiación de la mutualidad de los funcionarios.
Inyección de al menos 900 millones
El Gobierno aprobó una partida de 3.571 millones de euros para el periodo comprendido entre 2022 y 2025, el mayor contrato de la Administración, para atender las prestaciones sanitarias de Muface. Sin embargo, la mutualidad de los funcionarios necesita una inyección de 900 millones de euros al año para garantizar su continuidad. Así se desprende de un informe realizado por la Universidad Complutense de Madrid, que indica que la prima por persona asegurada tendría que aumentar en 594 euros. En la actualidad se sitúa en 1.014 euros anuales por mutualista.
No obstante, si el mutualismo administrativo desapareciese, las aseguradoras dejarían de facturar 1.700 millones y los hospitales privados 1.000 millones al año, lo que equivale al 8% de su facturación. Además, los mutualistas dejarían desocupadas un total de 2.041 camas (5,7%), lo que podría llevar al cierre de hospitales privados en el 37% de las provincias españolas. Por el contrario, el gasto sanitario público aumentaría más de 1.000 millones y, a nivel de infraestructuras, el sistema público precisaría de 3.975 camas adicionales (3,8%).
Hospitales privados
Ante esta situación y a apenas semanas de las negociaciones, los hospitales privados se han unido a las críticas por Muface y piden más dinero. La patronal ASPE, que engloba al sector de los hospitales privados, señala que «de no incrementarse la financiación de forma adecuada, muchos centros hospitalarios se verían obligados a dejar de ofrecer este servicio por no cubrirse costes», como adelantó THE OBJECTIVE.
De esta forma, asegura la patronal en un comunicado, las tarifas de remuneración a los hospitales privados para pacientes mutualistas son «un 10% inferiores de media respecto a la prestación médica a cualquier otro asegurado», y mantiene que solo se traslada a los proveedores sanitarios «el 50% de la prima que las mutualidades pagan a las aseguradoras por la prestación».
Esta situación, según ASPE, se debe a que las tarifas actuales crean un «desajuste financiero» para los centros sanitarios, que deben responder ante el «progresivo incremento de la edad media de los mutualistas y el aumento de la frecuentación asociada». Como consecuencia, en palabras de la sanidad privada, la reducción de los centros y hospitales concertados está ocasionando, por ejemplo, «importantes inconvenientes» para pacientes oncológicos, «que han tenido que ser derivados a otros hospitales», así como para pacientes diabéticos, «que ven limitadas las ubicaciones en las que pueden recoger el material para el control de su enfermedad». Igualmente, los mutualistas de zonas rurales se están teniendo que desplazar a más distancia para poder ser atendidos.
