El Congreso convalida la reforma que mejora la cuantía del subsidio por desempleo
La medida ha sido aprobada con 178 votos a favor, sin ningún voto en contra y con las abstenciones de PP y VOX
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene durante un pleno en el Congreso. | Europa Press
El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves, con la abstención de PP y VOX, el decreto ley que reforma el subsidio por desempleo mejorando la cuantía, ampliando el número de colectivos beneficiarios y siendo compatible con un trabajo.
Con 178 votos a favor, ninguno en contra y 171 abstenciones, el Congreso ha dado luz verde a esta reforma que se presentaba por segunda vez, tras ser rechazada en enero, y que forma parte de uno de los hitos comprometidos con Bruselas para el cuarto desembolso de los fondos europeos. La reforma será tramitada como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que amplía los derechos «de la gente trabajadora» para que se sientan «verdaderamente protegidas».
«Frente a la caridad que defienden algunos, la estigmatización del desempleado o la retórica de los maleantes, nosotros decimos: derechos, derechos y derechos», ha dejado claro la ministra de Trabajo, quien ha rechazado que el sistema de protección social se fundamente en «una paguita».
Durante su intervención, la ministra ha reconocido las aportaciones a la reforma realizadas por la patronal, que no se sumó a un acuerdo que sólo fue firmado por las organizaciones sindicales.
La reforma eleva el porcentaje del indicador de rentas múltiples (IPREM) que se utiliza para calcular el subsidio, de forma que la cuantía subirá los primeros seis meses al 95 % del IPREM (unos 570 euros mensuales, 90 euros más).
Junto a esto se extiende el subsidio a las víctimas de violencia de género y a los emigrantes retornados y se equipara las cuantías de los subsidios causados por personas con contrato a tiempo parcial con los de tiempo completo, lo que beneficia principalmente a las mujeres, entre otros cambios.
La norma también incluye el cambio en el Estatuto de los Trabajadores para que todos los empleados puedan disfrutar de forma acumulada del permiso de lactancia hasta los 28 días, una posibilidad que ahora solo tenían aquellos cuyo convenio lo recogía.
Todos a favor, con la abstención de PP y VOX
La mayoría de los grupos de la Cámara Baja ha apoyado la convalidación, si bien algunos han manifestado sus dudas acerca de la pasarela hacia el empleo que deberán llevar a cabo los servicios públicos de empleo.
La portavoz de Podemos Noemí Santana, uno de los grupos que hizo decaer esta reforma cuando se presentó en enero, ha manifestado su apoyo en esta ocasión porque se recupera la sobrecotización hasta el 125 % del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años, algo que se eliminaba en el anterior intento.
Desde Junts, Josep María Cervera ha valorado el cambio que introduce el decreto en una de sus disposiciones adicionales que permitirá a organizaciones empresariales autonómicas formar parte del Consejo Económico y Social (CES).
Otro de los cambios normativos que introduce es la prevalencia del convenio colectivo autonómico sobre los de ámbito estatal, algo por lo que se ha felicitado la diputada de PNV Idoia Sagastizábal, ya que esta medida proviene de un pacto alcanzado con el Gobierno.
Este cambio en los convenios colectivos ha sido también valorado por Bildu, BNG y ERC, cuyo diputado Jordi Salvador ha considerado que supondrá un «dumping a favor de los derechos de los trabajadores», mejorando sus condiciones y sin causar daño a nadie.
Por su parte, tanto PP como VOX se han abstenido porque han considerado que el Gobierno ha aprovechado el instrumento del decreto ley para sacar adelante cambios que nada tienen que ver con el objetivo de la reforma del sistema asistencial por desempleo, como es el caso de la prioridad aplicativa del convenio autonómico.
En concreto, el diputado popular Ángel Ibáñez ha considerado que este cambio «agravará la brecha entre los trabajadores de unas comunidades autónomas y otras», al tiempo que generará «conflictividad e inseguridad jurídica».
