Madrid tendrá que recortar sus servicios hasta 1.500 millones si prospera el cupo catalán

La Comunidad de Madrid podría tener que recortar sus servicios públicos fundamentales hasta 1.500 millones de euros si, como los independentistas catalanes reclaman, se les ofrece una suerte de cupo a la catalana o de concierto. Dicho de otro modo, si se les da la «soberanía fiscal» que este mismo jueves ha demandado ERC a cambio de dar su apoyo al dirigente del PSC, Salvador Illa.

Así lo explica a THE OBJECTIVE el economista y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria José María Rotellar, para quien, en el supuesto de que la Administración General del Estado no compensara al resto de comunidades autónomas el dinero que dejaría de aportar Cataluña al sistema de financiación autonómica, entonces la región madrileña podría perder entre 1.400 y 1.500 millones de euros, y también el neto de las regiones más pobres tendrían menos recursos para ellos.

En un segundo supuesto, en el caso de que la AGE sí compensara el dinero que deja de aportar la comunidad catalana, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso -explica Rotellar- quedaría de una manera artificial más rica que la media, y por ese efecto tendría que aportar alrededor de 350 millones de euros más, de manera que «pondría una mayor presión fiscal sobre Madrid para compensar el déficit de solidaridad».

Con los últimos datos a los que ha tenido acceso este diario -desde 2009 hasta 2020-, y fijándonos solo en las aportaciones en positivo o en negativo que las diferentes comunidades hicieron al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, solo la Comunidad de Madrid ha llegado a contribuir con 40.275 millones de euros, de un total de 90.469 millones, frente a los 14.061 que hasta esa fecha aportó Cataluña.

Consecuencias del cupo catalán: el ‘doping’

Sin entrar a cuantificar con números las consecuencias económicas, el Observatorio Económico de la Universidad de Francisco de Vitoria ha hecho un estudio de la repercusión de un potencial cupo y, de la necesidad de una reforma del actual sistema de financiación autonómica. Así, según dicho análisis, uno de los primeros efectos de otorgar a Cataluña un sistema en el que retenga toda la recaudación, repercutiría directamente sobre la solidaridad intrarregional y, directamente, desencadenaría una sobrefinanciación de Cataluña, lo que bien «podría considerarse doping fiscal».

En opinión del think tank de la UFV, «el argumento de algunos defensores de un sistema propio para Cataluña, que sugiere un régimen solidario frente al dumping fiscal de las regiones que bajan impuestos, especialmente Madrid, no es válido». En primer lugar -añade-, porque «no se observa dumping fiscal, ya que las 15 regiones de régimen común tienen las mismas competencias para modificar impuestos. Y, en segundo lugar -apunta-, porque la soberanía fiscal a Cataluña es inviable para la solidaridad intrarregional. Acabaría convirtiéndose en una sobrefinanciación», razón por la que la institución que dirige Rotellar sostiene que, «podría considerarse como doping fiscal».

El Observatorio también advierte de que la petición de crear un régimen distinto al de régimen común, no puede ser aceptada dentro de nuestro ordenamiento legal, tal y como está estructurado el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Una normativa que depende normativamente de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca) y de la ley 22/2009, de 18 de diciembre, de financiación autonómica que, junto con la Constitución, no permiten ninguna singularidad en materia de financiación para las comunidades autónomas, más allá de las del País Vasco y Navarra.

Así, sin solidaridad, ordinalidad y multilateralidad, otorgar un régimen especial a Cataluña, con un sistema propio -anticipa el Observatorio Económico del UFV-, «supondrá un agravio comparativo que quebrará la solidaridad interregional». Y, esto -abunda- «dejaría solo a Madrid y Baleares como contribuyentes al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF)». Ya que, hasta hoy, y en valores absolutos, «la que más aporta -afirma Rotellar- sigue siendo Madrid, la segunda es Cataluña y la tercera es Baleares».

Reforma financiera multilateral o Cataluña

Este pasado miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunció la convocatoria de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera para el mes de julio. Lo hacía horas más tarde de que las comunidades gobernadas por el Partido Popular le enviaran a la titular de la cartera de Hacienda una petición urgente de convocatoria.

Ante la prensa, Montero retó al PP a acudir al encuentro con una propuesta única, lo que ya de antemano entiende que no será posible, pues en su opinión, estas comunidades no se ponen de acuerdo.

A este respecto, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid se pronunció sobre este tema para nuestro diario. Albert recordó que asuntos como la financiación singular de Cataluña se tienen que debatir con multilateralidad en el seno del CPFF, aunque está convencida -vaticina- «de que antes de que se convoque el CPFF -pues aún no hay fecha determinada-, «os aseguro que va a estar en resuelto lo de Cataluña».

«La propuesta tiene que ser del Gobierno»

En conversación con este diario, Albert sustanció que, en cualquier caso, no corresponde al PP «hacer una propuesta, porque es el Gobierno quien tiene que hacerlo. Las propuestas -añadió- corresponden a quien gobierna. Es -explicó- «como si yo le pido a la oposición el plan de empleo. A lo mejor, les puedo consultar y yo daré mi opinión, pero desde luego, la propuesta la tiene que llevar el Gobierno».

Albert también valoró la Conferencia Sectorial celebrada este miércoles en el Ministerio de Economía, a propuesta de la vicepresidenta primera, quien no asistió al encuentro con las comunidades autónomas, pese a que en su agenda no había nada que se lo impidiese. Al respecto, la consejera madrileña declaró que «si tuviera que definir en una sola palabra la conferencia, diría que ni una mala palabra ni una buena acción». Todo lo que se ha tratado en esta reunión -añadió-, ya lo sabíamos por los medios de comunicación, y en definitiva -recalcó-, de los 20.000 millones, 3.500 millones son para la iniciativa pública, y el resto es privada».

Pero el principal problema -insistió, como otros consejeros consultados por este diario-, «no son las cantidades, sino los plazos». Pues el plazo -remató- «sigue siendo que el gasto hecho por las comunidades autónomas tiene que estar hecho en agosto de 2026, con lo cual no hay plazos, y lo que se va poder hacer es terminar los proyectos que ya estuvieran, si tienen unas condiciones más ventajosas».