Casi medio millón de becarios no remunerados ya cotiza a la Seguridad Social
Los estudiantes en prácticas han pasado «de la desprotección absoluta a la sobreprotección»
La ministra Elma Saiz. | Agencias
No cobran pero ya cotizan. Desde enero, las empresas deben hacer una pequeña contribución a la Seguridad Social por sus estudiantes en prácticas, aunque su convenio no sea remunerado. Así lo establece el Real Decreto-ley 2/2023, que incluye en el sistema de Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación.
Esta norma, aprobada en año pasado, entró en vigor a principios de 2024, y ya son 419.000 los becarios que han hecho sus prácticas con este nuevo sistema. Son datos de la Tesorería General de la Seguridad Social facilitados a THE OBJECTIVE en respuesta a una petición de Transparencia, que se refieren a «estudiantes en periodo de prácticas formativas no remuneradas, los cuales no se consideran afiliados en alta laboral a efectos estadísticos».
Según las cifras compartidas por este organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de enero solo se habían afiliado 46.908 becarios. Un número que se ha ido incrementando rápidamente desde entonces, con 160.693 personas a finales de febrero, 348.153 en marzo y 419.000 a finales de abril.
Un millón de becarios
Aunque habrá que esperar a fin de año para tener datos suficientes, este ritmo de contratación apunta a que se supere de nuevo el millón de becarios en el conjunto del ejercicio y hace pensar que la nueva normativa no ha desincentivado a las empresas a la hora de contratar becarios por el hecho de tener que cotizar. Sin embargo, el decreto ha cosechado críticas por no abordar los problemas de calado en las prácticas, como el fraude, o por haber pasado de la desprotección absoluta del becario a un excesivo celo que supone un molesto corsé para las compañías.
En paralelo, está la negociación del Estatuto del Becario, de la que se ausentaron las patronales y los sindicatos dudan de su aplicación efectiva, y el problema de los antiguos becarios de investigación científica. Tras reconocer que solo un 1% de personas optarían por acogerse a esta cotización poniendo dinero de su bolsillo, el Gobierno decidió modificar la orden de cotización retroactiva para este colectivo, que había recabado reproches de las asociaciones científicas.
«Económicamente, el dato es positivo, y es muy bueno en términos de proyección profesional que haya 420.000 becarios colocados en una empresa y viendo como es el mundo empresarial», señala Nieves Rabassó, presidenta de la Comisión de Relaciones Laborales i Gestión de Capital Humano del Colegio de Economistas de Cataluña. Considera que el cambio normativo «no va a tener mucho efecto disuasorio» porque la contratación ya era de por sí baja y, además, se trata de «contratos muy bonificados».
La economista destaca que, en el caso de becarios no remunerados, las empresas solo deben aportar a la Seguridad Social lo necesario para cubrir eventuales accidentes laborales o enfermedades comunes. Se les asigna de este modo «un tipo muy reducido para no dejarles en ese limbo en el que estaban antes», un objetivo pendiente desde la reforma laboral de 2021.
Aunque Rabassó apunta que estas cotizaciones serán tan bajas que no aportarán recursos significativos al erario, sí cree que las sanciones por falsos becarios pueden reportar ingresos significativos. Sin embargo, lamenta que el real decreto «no ha solucionado muchos problemas» que afectan a las prácticas.
La presidenta de la comisión explica que hay «un gran número de becarios que no aportan un gran valor añadido a la empresa y tienen conocimientos limitados». Lo achaca al nivel formativo, carente de excelencia por el retroceso del sistema educativo, pero también a las limitaciones que plantea la Administración.
El estudiante en prácticas solo puede llevar a cabo tareas relacionadas con su itinerario formativo y hay límites de becarios y de horas que las compañías deben respetar. «Hemos pasado de la desprotección absoluta a protegerle una barbaridad cuando normalmente aporta valor añadido cero en la organización», concluye.
