Adif traslada a uno de los altos cargos salpicados por los amaños de contratos
La compañía pública ferroviaria subraya que este cambio se debe a «reestructuraciones internas»
Un tren en movimiento. | EuropaPress
La empresa pública Adif traslada a uno de los cuatro altos cargos salpicados por dos contratos amañados de 48 millones de euros con fondos europeos que tuvieron lugar en 2022 y 2023. Se trata del subdirector de operaciones RC Sur, Abel Rajo, que aparecía firmando junto con el actual presidente de la compañía Adif, Ángel Contreras, dos informes de valoraciones técnicas cuyas calificaciones habían sido previamente manipuladas.
Desde Adif aseguran a este periódico que este cambio se debe a una «reestructuración provocada por la salida voluntaria de una persona que ha motivado cambios en esta dirección como consecuencia de cubrir ese puesto» y rechazan que el movimiento tenga alguna relación con las informaciones que reveló este periódico. Estos cambios han provocado un movimiento de altos cargos entre las ciudades de León, Sevilla y Barcelona. El nuevo destino del subdirector salpicado, según comentan fuentes conocedoras, le acerca una zona geográfica que él desea.
El presidente de Adif buscó darle un carpetazo rápido a al amaño que destapó este periódico cediéndole la responsabilidad al comité ético de la empresa, que «fue el que evaluó los contratos». Un canal de denuncias que cerró el caso pese a las pruebas que publicó este medio, con varios mensajes y un audio de un cargo presionando a los técnicos para que manipulasen las calificaciones técnicas. El presidente describió a este, llamado José Vicente Porras, «como un gran profesional» y aseguró que «tenía la potestad y la capacidad para firmar los informes». Una realidad, su capacidad, que se desmonta con el propio audio, y que también acreditan en la propia empresa pública.
Los contratos afectados
El primer contrato afectado iba dirigido a la mejora de la señalización del tramo ferroviario entre Los Rosales (Sevilla) y Zafra (Badajoz), un recorrido de 139 kilómetros de vía única sin electrificar. La licitación se lanzó por 24,6 millones de euros, pero al final se adjudicó en mayo de 2022 por 20,4 millones con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El contrato fue adjudicado a una empresa conjunta de Siemens y FCC, pese a que la empresa francesa Thales había obtenido de forma inicial la puntuación técnica más elevada.
El segundo contrato estaba vinculado con unas obras de construcción ferroviaria en el tramo de Villanueva de la Serena y Brazatortas (un trayecto de 161,5 kilómetros que discurre desde la provincia de Badajoz hasta la de Ciudad Real) y tuvo un coste de 28 millones de euros. De nuevo, las mismas prácticas que con el anterior se llevaron a cabo. En este caso, tras una primera calificación llevada a cabo por los técnicos, la empresa Enyse obtuvo una de las peores puntuaciones de entre las cinco empresas licitadoras. Sin embargo, su calificación fue variando tras una modificación subjetiva desde ADIF, que situó a esa filial del grupo Vinci en la primera posición, como así se puede comprobar en el expediente público.
La compañía francesa Thales, gran perjudicada por el amaño en los contratos de la empresa pública ADIF, ha mantenido su silencio por miedo. Tras los audios y los mensajes publicados hubo cierre de filas dentro de la empresa. Lo que no ha evitado una investigación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), un órgano encargado del control interno del sector público estatal y que además es el gestor de la contabilidad pública. Por último, durante la comisión de investigación en el Senado por el ‘caso Koldo’, que tuvo lugar hace semanas, el presidente de ADIF fue interrogado por este asunto, pero se defendió con relativa comodidad.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, exigió al Gobierno explicaciones y aludió a los audios publicados por este medio en el que un alto dirigente de la empresa pública ADIF «habla de cómo se cambian las puntuaciones y concursos públicos para beneficiar a las empresas que dice el jefe, el de arriba».
Este tipo de actuaciones por parte de la compañía pública ya han ocurrido otras veces. Así, a principios de 2023, ADIF abrió una investigación interna por presuntas irregularidades en contratos que favorecían a la compañía OPR, tal y como contó en primicia este periódico. Sin embargo, a los pocos días, la propia empresa pública dio carpetazo a la investigación, asegurando que «no había irregularidades». Una decisión que contrastó con las anomalías y sobrevaloraciones técnicas en favor de OPR que sí detectaron los peritos de Ineco (empresa adscrita al Ministerio de Transportes).
