Adif investiga si el director del AVE facilitó contratos a una empresa durante la era Ábalos
Una denuncia interna, promovida por trabajadores de Adif, apunta a que habría ordenado puntuar al alza los proyectos de una compañía en licitaciones públicas
Adif ha abierto una investigación interna por presuntas irregularidades para favorecer en licitaciones públicas a una empresa del sector, según documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Los hechos se remontan a la época en la que José Luis Ábalos dirigía el Ministerio de Transportes e Isabel Pardo de Vera era presidenta de Adif, y ponen bajo el foco a un hombre muy próximo a esta última. En concreto, apuntan al actual director general de Construcción y de Adif-Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva.
La investigación se abrió a partir de una denuncia remitida al canal ético de Adif por directivos y trabajadores de la empresa pública, según ha podido comprobar este diario. Las pesquisas ya han provocado que se interrogue al propio Villanueva y a dos técnicos a los que supuestamente habría dado órdenes para modificar al alza la puntuación otorgada a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR) en una de las tres licitaciones en las que se han denunciado presuntas irregularidades a favor de esa compañía.
En la denuncia se aludía a un presunto modus operandi en favor de OPR entre 2019 y principios de 2021. De acuerdo a esta versión, basada en documentos públicos y una pregunta parlamentaria al Gobierno formulada por el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero en el Congreso, Villanueva habría dado órdenes para cambiar al alza la valoración técnica efectuada sobre las ofertas de OPR en la licitación de tres expedientes: los accesos al puerto de Sagunto, el «Ramal ferroviario del Bajo de la Cabezuela» y el subtramo Amusco-Osorno. En todos ellos consta la firma del director general de Construcción y Adif-Alta Velocidad.
Tres cargos de Adif interrogados
El proyecto para unir directamente el muelle de carga del puerto gaditano del Bajo de la Cabezuela con la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz estaba valorado en algo más de 20 millones de euros. La valoración técnica de las ofertas presentadas por las empresas que participaron en ese concurso público no la firmó la técnico de Adif, especialista en vías, que había sido nombrada directora del proyecto.
Se trata de algo inusual, según fuentes de la empresa, ya que el director del contrato es quien suele hacer la valoración técnica. La jefa del proyecto, con más de 15 años en la compañía pública, no firmó la valoración técnica final. Es la única vez en su trayectoria profesional que no suscribía la valoración de un proyecto del que era la máxima responsable, según informan a este diario fuentes conocedoras de la investigación.
La valoración técnica definitiva la firmaron Villanueva y el superior jerárquico de la directora del contrato, según consta en el expediente público de la licitación. Este último acababa de reincorporarse a un cargo de subdirección después de tres años apartado por su imputación en el caso Regantes. Una causa de presunta corrupción y malversación en las obras de la alta velocidad en Murcia durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Una investigación judicial por la que han sido procesados otros exdirectivos de la empresa pública, entre ellos el exjefe de Infraestructuras de Adif José Luis Martínez Pombo.
Niegan los hechos
Los dos técnicos involucrados en la licitación del Bajo de la Cabezuela y el director general de Adif Alta Velocidad han sido interrogados en el marco de la investigación abierta sobre las licitaciones a OPR. Niegan «categóricamente» los hechos denunciados, según confirman oficialmente desde la empresa pública. Las mismas fuentes recuerdan que el carácter confidencial de las pesquisas no permite a Adif dar detalles al respecto de qué actuaciones se han practicado.
No obstante, tras solicitar permiso a los servicios jurídicos y a los afectados por la investigación, se ha facilitado a THE OBJECTIVE la versión ofrecida por los tres empleados en la investigación que se está llevando a cabo: «Los tres han colaborado con la investigación interna y afirman rotundamente que no existe ningún tipo de instrucción u orden dada o recibida que pudiera conllevar puntuaciones técnicas a favor de la empresa OPR -ni de ninguna otra empresa- en los expedientes referidos».
Añaden desde Adif que en ese expediente, «como en todos», se han cumplido los procedimientos internos y la normativa de tramitación. La licitación del Bajo de la Cabezuela acabó siendo adjudicada a otra empresa, a pesar de que Villanueva y el otro técnico le dieron la mayor puntuación a OPR. Una vez se hizo la apertura económica de la licitación, la oferta de OPR quedó en presunción de temeridad y no fue adjudicataria de la obra.
«Incluso se rechazó la justificación de temeridad aportada por la UTE Cotodisa-OPR, lo que probaría de manera objetiva que no existe instrucción alguna en este sentido», añaden desde Adif. No obstante, se ha podido constatar en el expediente de la licitación que Adif rechazó la justificación de temeridad porque el licitador no presentó documentación o datos, de carácter económico, que avalasen la oferta presentada. Es decir, el licitador no aportó una justificación solvente y por eso se rechazó.
Fondos de la UE
La denuncia por la que se abrió la investigación señala que este supuesto modus operandi se había usado previamente y con posterioridad en otras dos licitaciones en las que participó la misma compañía: la ejecución de las obras del proyecto de construcción del acceso ferroviario al puerto de Sagunto y las obras de plataforma del subtramo Amusco-Osorno. Esta última, licitada en febrero de 2021, es la única en la que OPR resultó adjudicataria. Por un importe de 86,3 millones de euros, esta obra ha sido financiada con fondos Next Generation de la UE como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Pedro Sánchez.
Según consta en el expediente de este contrato, la Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte OPR quedó primera en la valoración técnica de la licitación y al producirse la apertura económica ganó el concurso para ejecutar la obra. El informe de valoración también está suscrito por Villanueva y un subdirector de área, no por el director del proyecto.
No obstante, desde Adif señalan que el hecho de que esa compañía concurriera a los tres concursos como parte de una UTE hace «insostenible» la idea de que se hayan podido cometer irregularidades. «Hay que tener en cuenta que la empresa OPR ha acudido en UTE a estas licitaciones, por lo que en el análisis de los expedientes han participado distintas subdirecciones del área de construcción, lo que nuevamente hace insostenible la idea que un solo equipo o dos o tres personas hayan podido determinar el sentido de las adjudicaciones», indican a este diario.
Investigación detallada
Sin embargo, otras fuentes señalan que esto choca diametralmente con la práctica habitual de valoración en Adif. El director del contrato y su equipo de dirección de obra son normalmente los responsables de hacer las valoraciones. El hecho de que una empresa vaya en una UTE, añaden expertos del sector, no implica que las subdirecciones participen en las valoraciones de los expedientes. Es lo que, según la denuncia, habría ocurrido en los tres casos investigados.
Los documentos a los que ha tenido acceso este diario confirman que Adif está investigando los hechos «de manera detallada» en cumplimiento del procedimiento interno de la entidad. Dos ingenieros externos a la empresa pública y expertos en la materia, ya han evaluado dos de los tres expedientes referidos en la denuncia. Ante la complejidad de los hechos denunciados, se han ampliado los plazos de la investigación.
