Díaz ralentiza la reducción de la jornada laboral ante la falta de apoyos en el Parlamento
El Ministerio de Trabajo rectifica y ahora señala que quiere cerrar un acuerdo con la patronal
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. | Agencias
Del decretazo de Yolanda Díaz a la vuelta a la mesa del diálogo. Precisamente, fuentes de esta consulta relatan a THE OBJECTIVE que la reunión de este lunes en el Ministerio de Trabajo fue la evidencia de «un toque, desde dentro del Gobierno», al negociado de la vicepresidenta segunda, para encauzar un diálogo social del que no se quieren salir ni sindicatos ni patronal, explican las organizaciones consultadas.
Lo que parecía que iba a concluir con un acuerdo bilateral hace apenas siete días, finalmente ha quedado pospuesto, y sin la presión de anteriores convocatorias, a una próxima cita el miércoles de la semana que viene. En esa cita, el Ministerio de Trabajo quiere saber qué piensan los agentes sociales sobre dos puntos muy concretos: una propuesta de flexibilidad para distribuir de manera irregular el tiempo de trabajo y más margen transitorio para la adaptación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales.
Tras el posicionamiento de la CEOE la semana pasada, y también de Cepyme, con la lectura de un manifiesto a favor de libertad de las empresas y del fin de las injerencias del Gobierno, fuentes sindicales consultadas por este diario incidían en la importancia de mantener los acuerdos de negociación con los que hasta ahora han logrado alcanzar pactos entre las patronales y las organizaciones sindicales.
La clave del Parlamento
Los sindicatos mantienen que el marco es ese, y que hay que «huir del ruido mediático que no favorece las negociaciones», entre otras cuestiones, porque si el acuerdo acaba siendo solo entre sindicatos y Gobierno, el clima que hay ahora mismo en el Parlamento no garantiza que la proposición de ley de la reducción de la jornada laboral obtenga la luz verde de la cámara. Y no solo porque las fuerzas de centro-derecha rechazaran ese pacto, posiblemente con partidos nacionalistas, sino porque formaciones como Podemos ya llevan pidiendo desde antes de las elecciones europeas una reducción de jornada de 37 horas semanales si quieren obtener el favor de su voto.
No en vano, la semana pasada el secretario de UGT, Pepe Álvarez, presentó en un desayuno informativo al presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva y, un día más tarde, en compañía de otros dirigentes sindicales de esta organización, acudió a la Asamblea anual de esta patronal donde también se encontraban la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
«El Gobierno se dejará la piel»
Con un discurso de entente, y con la mano tendida a la patronal, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Reyes, remarcó en la rueda de prensa el diálogo social como el marco de las relaciones laborales de nuestro país.
En clave política, el número dos de Trabajo afirmó que «esta es la legislatura del tiempo», queriendo «legar a los trabajadores una prestación con más tiempo libre, mejorando el ambiente de trabajo en beneficio de los trabajadores y de las empresas».
De ahí que el negociado que dirige Yolanda Díaz hiciera una propuesta con la vocación de alcanzar un acuerdo «con todas las partes», y expresamente, como señaló el secretario de Estado, «con la patronal».
Con ese remozado espíritu, Pérez Reyes recordó que «el Gobierno, patronales y sindicatos han logrado cinco grandes acuerdos durante la pandemia en circunstancias dificilísimas». Según recalcó, «el Ejecutivo quiere acuerdo y haremos un esfuerzo. Nunca hemos puesto plazo, y nos dejaremos la piel para que se debatan todas las posiciones», añadió. Asimismo, señaló, la propuesta de Trabajo también incluye negociar que el agravante por infracción por tiempo de trabajo pase de ser grave a muy grave.
¿Cuándo entrará en vigor la medida?
Para la patronal —según ha podido investigar este diario—, el cambio de tono del Ministerio de Trabajo ha sido como pasar de la noche al día. Si bien los avances tampoco han sido de gran calado, sí mantienen el cambio de actitud.
En ese encuentro se ha hablado de las horas complementarias. Una cuestión que preocupa a las organizaciones empresariales si se trata de una manera homogénea, pues distinguen el efecto que tendría sobre los distintos sectores. Dependiendo de los convenios, si reduces la jornada laboral a 37,5 horas semanales, te puedes llevar por delante las horas complementarias de facto.
En cuanto al endurecimiento del régimen sancionador, las patronales quieren mayor concreción a la hora de definir qué es incumplimiento, sin olvidar al sector que afecta y en el momento exacto en el que se produce.
Insisten las organizaciones empresariales en el periodo transitorio a la hora de abordar la distribución irregular de la jornada, pues no parece convencerles de que tener diez horas más vaya a solucionar los problemas reales de producción. Esto atañe a algunos ámbitos en los que, además, se darían menos servicios a los usuarios. Desde un punto de vista económico, también para el Gobierno, puede tener un efecto sobre la actividad, y por ende sobre el PIB.
Como puntos mollares, CEOE y Cepyme han preguntado cuándo entrará en vigor la vigencia de la medida, el periodo transitorio y la necesidad de circunscribir las negociaciones a la vía del convenio.
Además, las patronales han propuesto una guía para reducir distorsiones, retrasando vigencia y transitoriedad, pero teniendo en cuenta los periodos de vigencia de los convenios. En algunos casos, se podría ir a 2030, pero para otros sectores sería antes.
«Una reducción sin miedos»
Este lunes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pidió a las patronales centrarse en la mesa negociadora y no en las declaraciones grandilocuentes, anticipando que hay «espacio y elementos de flexibilidad para que entren los empresarios».
Por su parte, los sindicatos pidieron a los empresarios que afrontaran la reducción de jornada sin miedos, porque «no pasa nada», indicó Fernando Luján de Frías, secretario Confederal de UGT.
Recordó Luján que en 1983 se aprobó una reducción de jornada de 43,5 horas a 40 horas semanales, sin transitoriedad ni grandes flexibilidades, y «no pasó nada».
El también académico en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España sostuvo que aquel cambio no afectó entonces ni a la productividad ni tampoco al ciclo económico. Y ahora —señaló—, «somos flexibles». Un argumento que le sirvió para hacer un llamamiento a la patronal para que renueve «el compromiso de diálogo social, acepten que dejarán llegar a las 37,5 horas semanales y concreten al tiempo sus posiciones».
