Marruecos y Argelia ponen en un aprieto el nuevo impuesto al carbono de la UE
Preparan inversiones para captar y almacenar dióxido de carbono que evitaría el pago del nuevo impuesto europeo
Fábrica. | Europa Press
Marruecos y Argelia ponen en un aprieto el nuevo impuesto al carbono de la Unión Europea, conocido como Mecanismo de Ajuste en Frontera al carbono (MAFC). De esta forma, algunos países del norte de África ya están habilitando infraestructuras de transporte y almacenamiento geológico de CO2 que provocaría que un producto, que ha emitido dióxido de carbono durante su proceso de producción, llegue a nuestro país neutro en carbono. Una realidad que permite esquivar el tributo europeo, con el que se espera recaudar fondos para proyectos de descarbonización de la Unión.
«Hay países del norte de África que llevan tres años trabajando para crear infraestructuras de transporte y almacenamiento porque tienen yacimientos de gas agotados. El mensaje que trasladan a los países es que pongan una fábrica en sus territorios, con captura de CO2, y que más tarde enviarán a un almacenamiento geológico profundo en las zonas depletadas de gas. Todo ello a un precio razonable porque la mitad de las infraestructuras está hecha», aseguran desde la Plataforma Tecnológica Española del CO2.
Además, según comentan desde el sector, estas inversiones que se preparan desde Argel y Rabat son condiciones muy atractivas para atraer industria básica que suministre luego a Europa. Las fábricas nacionales de los países de la UE cuentan con importantes exigencias para reducir el CO2 en su producción. Una situación que es diferente luego en cada territorio. Así, por ejemplo, la industria española pidió el pasado mes de mayo 700 millones para competir en igualdad con la UE en compensaciones por sus pagos extra por el consumo de dióxido de carbono. En España, la generadora de energía oferta su gas a la industria más un recargo de CO2 (es decir, lo que le cuesta emitir con la compra de los derechos de dióxido de carbono). Un escenario que no ocurre en Argelia y Marruecos.
Junto con estas compensaciones, el ajuste en frontera tiene por objetivo también evitar la deslocalización a otros territorios. Por lo que aquella producción procedente de otros países de la UE tendrá que pagar este impuesto al carbono para igualar posiciones entre los que se encuentran dentro y fuera. En España sí existe regulación para desarrollar proyectos como el que levantan en Argel y Rabat, como así lo determina una directiva europea. Sin embargo, no hay una estrategia en nuestro país para impulsar estas infraestructuras.
Aunque hay diversas tecnologías acerca de la captura de CO2, una de las más utilizadas es una instalación que directamente atrapa los gases que salen de la chimenea aplicándole un proceso patentado que separa de esa corriente de gases el dióxido de carbono (que dependiendo del proceso industrial supone entre el 4% y el 20% de los gases). Más tarde, este se comprime y se enchufa a un ‘CO2-ducto’ para almacenarlo. Desde el sector aseguran que la razón que ha dado el Ministerio de Transición Ecológica para no desarrollar esta tecnología es que «no toca todavía» porque están trabajando con el hidrógeno verde y la movilidad sostenible.
Uno de los objetivos del mecanismo de ajuste es evitar una «fuga de carbono». Esto se produce cuando las empresas con sede en la UE trasladan la producción intensiva en carbono a países extranjeros donde se aplican políticas climáticas menos estrictas que en la UE, o cuando se sustituyen productos de la UE por importaciones más intensivas en carbono. La introducción de la tecnología de la captura en los países del norte de África también puede ayudar a alentar ahora esta fuga. Según estimaciones del sector, el coste de la inversión, por ejemplo, en una fábrica de cemento, es cercana a los 350 millones de euros. Una vez que se captura se envía a una tubería hacia el sitio del almacenamiento geológico o, si está cerca de la costa, se deposita en un barco.
Quejas en los puertos europeos
Por otro lado, íntimamente relacionado al mecanismo de ajuste en frontera se encuentra el pago de las emisiones contaminantes del transporte marítimo que tiene, según el sector de la estiba, efectos perniciosos sobre los puertos de la UE. «Un barco que salga de Shanghái (China), pare en Algeciras y desembarque finalmente en Rótterdam pagará las emisiones desde China hasta España y luego desde nuestro país a Países Bajos. Pero si este barco para en un puerto que no salga en el listado de la UE, como puede ser el de Nador (Marruecos), no se contará que viene de Shanghái, sino desde el puerto del norte de África. Una situación que incentiva a atracar allí porque el recorrido es inferior», aseguran.
Una situación que provocaría una pérdida de competencia por parte de los puertos europeos. España es el segundo país con mayor número de estibadores, solo por detrás de Francia, con 4.500 trabajadores. El sector portuario está unido en esta lucha: desde las autoridades portuarias pasando por las patronales hasta llegar a los estibadores.
