Sanidad obligará a las farmacéuticas a publicar qué financiación pública y privada reciben
Así lo recoge el proyecto del RD por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias, publicado este lunes
Mónica García, ministra de Sanidad. | EP.
El Ministerio de Sanidad obligará a las empresas de tecnología sanitaria, como farmacéuticas o cualquier sociedad titular de productos sanitarios, a publicar su financiación, tanto pública como privada. Así lo recoge el proyecto del Real Decreto por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias, publicado este lunes y cuyo proceso de consulta pública concluye el próximo 20 de septiembre.
«El desarrollador de una tecnología en evaluación está obligado a aportar los costes fidedignos de producción, investigación y desarrollo, así como de las fuentes de financiación de estos costes, públicas o privadas», se lee en el punto 7 del artículo 23 del RD titulado ‘Obligaciones de los desarrolladores de tecnologías sanitarias y consecuencias del incumplimiento’. Las tecnologías sanitarias, según el texto, incluyen medicamentos, productos sanitarios, pruebas para el diagnóstico ‘in vitro’, procedimientos médicos y quirúrgicos, terapias y productos sanitarios digitales, modelos organizativos, y medidas para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades.
Una cláusula que no ha sentado nada bien a la industria. «Esta cláusula es un asunto muy ideológico y condiciona mucho al trabajo de las empresas, porque las desnuda y les resta competitividad», señalan fuentes del sector a THE OBJECTIVE, que advierten: «Si es una norma que rige en España y no en otros países, va a ser muy perjudicial. Incluso habrá empresas que no quieran presentar aprobaciones porque quedarían expuestas a ese nivel de transparencia».
Norma inspirada en la economista colectivista Mariana Mazzucato
Por otro lado, señalan que es una norma «directamente inspirada por Mariana Mazzucato, una economista colectivista italo-estadounidense «que García tiene como faro ideológico y defiende concretamente lo que dice ese artículo». Y es que Mazzucato es especialmente conocida por sus ideas innovadoras sobre el papel del Estado en la economía y la creación de valor, y por la idea del «Estado emprendedor».
En ella, Mazzucato, nacida en Roma en 1968 y graduada del Instituto de Princeton en 1986, desafía la noción de que el Estado es solo un facilitador pasivo de la innovación, y argumenta que ha desempeñado un papel «vital» en impulsar avances tecnológicos transformadores a través de su apoyo a la investigación y el desarrollo, la inversión a largo plazo y la asunción de riesgos. También critica la narrativa que define al sector privado como el principal creador de valor, mientras se subestima el papel del sector público, y argumenta que esta visión ha llevado a una distribución desigual de la riqueza y ha socavado la inversión en la economía real.
En materia de innovación farmacéutica, la economista italiana inspiradora de Mónica García cuestiona que la innovación farmacéutica esté impulsada principalmente por el sector privado. Así, asegura que muchos de los medicamentos más innovadores tienen sus raíces en investigaciones financiadas con fondos públicos por parte de agencias gubernamentales, pero que las grandes empresas farmacéuticas privadas a menudo capturan una «parte desproporcionada» del valor generado por esas innovaciones mediante «precios elevados» y «períodos de exclusividad».
Así las cosas, esta norma, recogida en el proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias, responde, en palabras del sector, «a una visión de la izquierda que permanente habla de que el sector ha de transparentar su contabilidad». En este sentido, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, señala en su cuenta de Telegram que uno de los elementos clave de este proyecto de Real Decreto es «avanzar en la transparencia» y velar por la «independencia» de los diferentes niveles del sistema de evaluación.
El texto también incorpora la participación de pacientes y profesionales sanitarios en los procesos de evaluación de las tecnologías sanitarias antes de su incorporación en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Un cambio muy esperado desde diversos ámbitos, aunque también se les pide que transparenten sus ingresos y fuentes de financiación.
Una norma que nace coja
Como contó THE OBJECTIVE este miércoles, el proyecto de Real Decreto de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias, que nace para agilizar el acceso a los medicamentos, no contempla «el escalón más importante» para que esto se materialice: la fase de precio y financiación.
El borrador del texto solo aborda la evaluación clínica (incluyendo la eficacia y seguridad relativas) y la evaluación no clínica (incluyendo, entre otros, la evaluación económica). De esta forma, deja fuera la fase de precio y reembolso que es la que más se alarga y «donde se genera los principales problemas», ya que esta depende de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), en la que está el Ministerio de Sanidad, otros ministerios del área económica (Industria, Hacienda…) y las Comunidades Autónomas.
Así las cosas, fuentes del sector, en conversación con este medio, aseguran que si no se definen las funciones y plazos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) «seguiremos con las cifras del informe W.A.I.T» porque «las negociaciones pueden alargarse infinito».
Según el último informe W.A.I.T. (Waiting to Access Innovative Therapies), elaborado por la consulta IQVIA para la patronal de la industria farmacéutica, Efpia, el tiempo de espera hasta la disponibilidad de medicamentos innovadores es de 661 días, muy por encima de los 180 recomendados por la Unión Europea.
