El Gobierno aumenta su opacidad y rechaza un 25% más de solicitudes de información
Entre enero y junio de este año se rechazaron 214 peticiones, la segunda cifra más alta de la serie histórica
Pedro Sánchez, durante una reciente comparecencia para hacer balance anual de su gestión. | Eduardo Parra / Europa Press.
El Gobierno ha vuelto a disparar la denegación de solicitudes de información pública. Los datos actualizados del Portal de Transparencia y cribados por THE OBJECTIVE indican que en el primer semestre se rechazaron hasta 214 peticiones, un 25,1% más que las 171 que se desestimaron entre enero y junio del año pasado. Con ello se confirma que la opacidad informativa del Ejecutivo español va en aumento, coincidiendo con el terremoto político generado por el ‘caso Koldo’ o el ‘caso Begoña’.
En términos comparativos, estamos ante el segundo dato más alto de denegaciones de solicitudes de información pública, solo por detrás de las 273 peticiones que se desestimaron en el primer semestre de 2022. La cifra supera además todos los registros anuales anteriores al año 2018, antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, y retoma una tendencia ascendente que se interrumpió en 2023. El dato incluye las solicitudes rechazadas y las resueltas de manera incompleta, casi siempre sin responder la pregunta original.
Entre enero y marzo, los ministerios españoles ya denegaron hasta 96 solicitudes de información pública realizadas por ciudadanos, por entonces la tercera más alta en una década y muy cerca de los registros históricos conseguidos consecutivamente los años 2021 y 2022 para un primer trimestre. En este caso, el crecimiento interanual fue de ‘solo’ el 9%, 16 puntos menos que el acumulado para todo el semestre.
Récord de opacidad
Es así como los datos de lo que va de 2024 amenazan con convertir a este curso en —al menos— el segundo con mayor cantidad de denegación de información pública y confirman al Gobierno de Sánchez como uno de los más opacos en cuanto a requerimientos de transparencia. En 2018 —con solo seis meses en la Moncloa— se llegó a 247 peticiones rechazadas, para quedarse en 228 en el año 2019 y 284 en 2020. En 2021 la cifra se disparó hasta las 419, en 2022 llegó a 433 y en 2023 a 352 peticiones que no encontraron respuesta.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aprobó en el 2013 para «reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir las personas que ejercen una responsabilidad pública». Su puesta en marcha dio paso a la creación del Portal de Transparencia que recibe requerimientos de información y los traslada a las diferentes instituciones.
Cualquier ciudadano puede enviar una petición de información pública a entidades como el Consejo General del Poder Judicial, la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional, el Senado, el Defensor del Pueblo, el Banco de España o el Tribunal de Cuentas, pero la práctica ha demostrado que casi la totalidad de las solicitudes se hacen a los diferentes ministerios.
Ministerio del Interior
De esta manera, en los primeros seis meses de 2024 el Ministerio de Interior fue el que más denegaciones de información realizó, con 67 de las 213 ejecutadas. Le sigue el Ministerio de Hacienda con 32 rechazos; Transportes y Movilidad con 26 y Asuntos Exteriores con 14.
Respecto de las causas argumentadas para rechazar la petición de información se encuentra la "seguridad nacional", "intereses económicos y comerciales", "la defensa", "las relaciones exteriores", "la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios", "la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión" o "el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial".
Peticiones de información
Entre los casos más destacados, durante el primer semestre se rechazó información sobre el espionaje al presidente de la Generalitat con el programa Pegasus, el informe de la Junta de Inversiones Extranjeras (Jinvex) sobre Talgo, posibles envíos de armas desde España en 2024 con destino a Israel, publicidad emitida por Loterías y Apuestas del Estado en los últimos cuatro años, el coste de adquisición por RTVE de los derechos por la Eurocopa 2024 o información sobre embarcaciones de la Guardia Civil contra el narcotráfico en la costa de Cádiz y el río Guadalquivir.
También se denegó información sobre la injerencia de agentes rusos en España, el número de repatriaciones en el año 2023, los contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adjudicados para su entrada en el accionariado de Telefónica, las vacaciones en Marismillas del presidente del Gobierno en la Semana Santa de 2024, el coste de viaje en avión del presidente del gobierno en vacaciones a Doñana, datos de expedientes sancionadores a farmacéuticas o el coste de la seguridad de la Casa del Rey.
