Ignacio Ruiz-Jarabo: «La llamada economía del bienestar se ha vuelto una lacra para Europa»

Ignacio Ruiz-Jarabo (Madrid, 1956) cursó el bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu y, como no podía ser de otro modo, es un activo seguidor del Estudiantes y, algo que me complace enormemente, del Atlético de Madrid.

Para mí eso es lo fundamental de su currículum.

Ya en un segundo plano de importancia señalaré que es una de las voces más autorizadas del país en materia de fiscalidad. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid e Inspector de Hacienda, dirigió la Escuela de la Hacienda Pública entre 1993 y 1996 y, tras la victoria del Partido Popular en las elecciones de ese año, José María Aznar lo puso al frente de la Agencia Tributaria.

Posteriormente, entre 2001 y 2004, sería presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, aunque a primera vista puede resultar chocante que un liberal de pro como Ruiz-Jarabo se haya encargado, primero, de coordinar al ejército de funcionarios que se dedican a sacarnos la hijuela y, después, a pastorear empresas públicas, hay que decir en su descargo que también Adam Smith, el campeón del laissez-faire, fue director de Aduana de Edimburgo y que, además, mientras Ruiz-Jarabo estuvo en la SEPI se dedicó a desnacionalizar fundamentalmente. Privatizó AENA, Transmediterránea, Coosur, Iberia y, en general, privatizó todo lo que te dejaron, que no fue todo lo que él hubiera querido.

En cuanto a la Agencia Tributaria, Ruiz-Jarabo nunca ha ocultado su falta de entusiasmo por los impuestos. Como explica en ¿Impuestos o libertad? La hernia fiscal que estrangula a los españoles, suponen «una restricción a la libertad individual». Eso no significa que sea partidario de su abolición. «Un nivel mínimo de fiscalidad —escribe— resulta tan imprescindible como las normas que regulan la circulación», que son igualmente limitadoras de nuestra autonomía. Ahora bien, «nuestro dinero nos es detraído con normas y prácticas poco edificantes», en lo que no duda en calificar de «avasallamiento».

Justamente ahí arranca nuestra conversación, de la que sigue una versión extractada y editada, pero que puede escucharse en su integridad en la web de THE OBJECTIVE.

Pregunta.- Uno de tus últimos artículos se titula «Agencia Tributaria: 400 actos ilegales al día». ¿A qué atribuyes esa impunidad?

R.- La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) opera con un incentivo presupuestario, que consiste en que se le asignan los recursos en función de lo que ha recaudado al año anterior, así que a los inspectores se les dice: «Mire usted, cuanto mayor sea el importe que liquide, mayor va a ser la parte variable de su salario». Esto dinamiza la labor de la institución y de sus empleados, pero comporta el riesgo de que se levanten actas indebidas, simplemente por el bonus. No se trata de un inconveniente insalvable. Bastaría con establecer un mecanismo que obligara a devolver el incentivo percibido cuando los tribunales anulan la liquidación practicada.

«Lo malo del informe Draghi es la solución que propone: más deuda… Es como si a una alcohólica la llevas a un barman para que la cure»

P.- Es lo que ocurre en cualquier empresa normal…

R.- Desde luego. Al comercial de una compañía privada cuya venta es anulada no se le paga comisión. En la AEAT no ocurre, sin embargo. Los incentivos se mantienen con independencia de que las liquidaciones se declaren nulas. Ojo, no estoy denunciando que se realicen liquidaciones falsas, pero sí digo que el sistema, objetivamente y en sí mismo, favorece su práctica. La prueba es la propia estadística de reclamaciones. Casi el 50% de las liquidaciones impugnadas son anuladas por el propio Ministerio de Hacienda. Y de las que acaban en los tribunales de justicia, no pocas dan la razón al contribuyente.

P.- ¿En qué proporción?

R.- Algunas fuentes las han cifrado en el 20%. Es decir, de cada 100 liquidaciones, son ilegales en torno al 62% [el 50% más el 20% del 50% restante]. Esto es un drama para el ciudadano, pero también para la legitimidad de la Agencia Tributaria. Habría que abordarlo, pero no se quiere.

«Madrid es la región que más fondos transfiere al Fondo de Garantía de Servicios Públicos, el principal mecanismo de redistribución. ¿Cómo se la puede tachar de insolidaria?»

P.- En el libro cuentas el caso de un matrimonio que se enfrentaba a una petición de 9,1 millones de euros y más de 37 años de cárcel porque a Hacienda le pareció que había emitido facturas falsas.

R.- Te voy a dar el nombre del contribuyente, porque a él no le importa ya que lo diga: Emilio Valerio Martínez. Tenía un grupo empresarial que operaba en varios sectores. Su negocio principal era el vino y el aceite, pero tenía también una constructora con la que había levantado la bodega y la almazara. Todo ello había generado los correspondientes IVA y a los inspectores les escamó que se hubieran emitido desde distintas regiones, de modo que concluyeron que los Valerio se habían inventado las obras. Lo escandaloso es que ni siquiera habrían tenido que desplazarse para comprobar que efectivamente había una bodega y una almazara. Los Valerio habían recibido subvenciones y el órgano que se las había concedido había certificado ya su existencia, pero los funcionarios de Hacienda no se molestaron ni en hacer esa simple consulta. Trasladaron la acusación al fiscal, que la asumió acríticamente, y durante los siete años que duró el procedimiento mantuvieron a la pareja en una descomunal incertidumbre, con el patrimonio embargado, las cuentas bloqueadas y un gasto en abogados espectacular.

«Para que un agente incurra en dumping debe adoptar medidas que están fuera del alcance de sus competidores, pero lo que hace Madrid podrían hacerlo las demás regiones»

P.- Y a esos inspectores no les ha pasado nada, salvo la reprimenda de la Audiencia Provincial de Navarra, que manifestó su sorpresa porque «no procedieran a cursar visita formal a las instalaciones».

R.- Absolutamente nada. No han tenido que devolver el incentivo que percibieron en su día por la denuncia, ni el fiscal ha sufrido consecuencia alguna. La impunidad es total.

P.- ¿Y han recibido alguna indemnización los Valerio?

R.- Les devolvieron lo que se les había embargado y los intereses de demora que habían abonado.

P.- Solo faltaría…

R.- Pero por los daños a los que me he referido, cero patatero. Esto es impropio de un estado de derecho. Tendría que existir alguna responsabilidad.

P.- ¿En otros países funciona así también?

R.- La dimensión exagerada que tienen las potestades de la Agencia Tributaria española carece de paralelo en los países de nuestro entorno. También la responsabilidad del Estado está regulada con más justicia fuera… Yo no sé si es fruto de los 40 años de dictadura o de una mentalidad especial nuestra, pero el caso es que el español está inerme frente a la Administración. Absolutamente. Hay un expolítico muy importante, cuyo nombre no voy a mencionar, que me dijo una vez: «Nacho, tú sabes que yo siempre he sido un liberal, pero después de los pleitos que he tenido con el Estado y de lo indefenso que me he visto frente a él, me he vuelto anarquista».

«La competencia es tan buena en el terreno fiscal como en cualquier otro. Y si un gobernante se pasa de frenada y no puede sufragar servicios esenciales, los votantes lo echan»

P.- Pedro Sánchez ha subido 69 veces los impuestos desde que llegó a la Moncloa, pero le parece poco y ahora amenaza con gravar aún más a los ricos, a los dueños de los Lamborghini y tal. ¿Pagamos pocos impuestos los españoles? Nuestra presión fiscal es inferior a la media de la Unión Europea.

R.- Es algo inferior, pero igual que lo es nuestra renta media. Yo siempre pongo un ejemplo: Alemania tiene una presión fiscal del 42%, cuatro puntos superior al 38% que tenemos nosotros según las estadísticas oficiales. [Se interrumpe, alza un dedo]. Por cierto, luego me referiré a las estadísticas oficiales. [Prosigue]. O sea, el 42% frente al 38%. ¿Y cuál es la diferencia en renta per cápita? Te la digo yo: la alemana ronda el 150% de la española [49.500 euros frente a 30.320 euros]. Y me pregunto: ¿es justo que paguemos lo mismo?

P.- En el caso de las personas físicas, se consideraría un atropello que gravaran con el mismo tipo al que gana 100.000 que al que gana 50.000.

R.- Es contrario al principio de progresividad que proclama el artículo 31 de la Constitución. O sea, Sánchez defiende la progresividad entre españoles y la proporcionalidad entre europeos. ¡No cabe mayor desatino! Y ahora permíteme hacer el comentario sobre las estadísticas oficiales. Nos dicen que la presión fiscal es de solo el 38%, y ese 38% es el resultado de dividir la recaudación por el PIB. El problema es que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha rectificado el PIB de 2021 hasta en tres ocasiones, y no hablo de cambios menores. En uno de ellos aumentó un punto el crecimiento, que es algo insólito. Una modificación al alza o a la baja de unas décimas es habitual, pero raramente llega más allá del medio punto… Pero, claro, si yo aumento el PIB, que es el denominador de tantos indicadores, estoy reduciendo la presión fiscal, el déficit, la deuda pública… Habría que reflexionar sobre todo esto.

«A las energéticas se les está gravando la facturación y, a la banca, el margen de intereses y comisiones. En ninguno caso el hecho imponible son los beneficios extraordinarios»

P.- Estás dando a entender que, mediante la rectificación del PIB, el Gobierno ha maquillado la contabilidad nacional.

R.- Acuérdate, Miguel, de que hace unos años [el 22 de junio de 2022] fue cesado de forma abrupta el presidente del INE [Juan Manuel Rodríguez Poo, después de que el Gobierno cuestionara cómo calculaba algunos agregados macroeconómicos]. Se nombró a una nueva responsable [Elena Manzanera] y, a los pocos meses, la institución anunciaba que se modificaba la metodología del PIB. [Desde entonces, ninguna revisión ha sido a la baja, «algo que no cuadra», según el economista José Manuel Riera]. A continuación, se redujo la ponderación en el IPC de los alimentos y la energía, que eran curiosamente los rubros que más estaban subiendo, lo que permitió contener significativamente la inflación… Y cómo no hablar, en fin, de las estadísticas laborales [con la supresión de los fijos discontinuos en cese de actividad de las listas del paro]… La economía española va como un cohete, según Pedro Sánchez, pero es un cohete con mucha ingeniería estadística.

«Los únicos beneficios caídos del cielo son los que ha recaudado la Hacienda al no deflactar la tarifa del IRPF»

P.- A todo esto no me has respondido a la pregunta de si pagamos pocos impuestos los españoles…

R.- No, en absoluto. Cuando Felipe González, que no puede ser acusado de facha precisamente y que contribuyó a que España diera un gran salto adelante, abandonó la Moncloa, la presión fiscal era del 31,8%. Ahora los socialistas nos dicen que si no se llega al 42%, no se podrán garantizar los servicios básicos. Y yo les pregunto: «¿Nos dejó acaso Felipe González sin servicios básicos?» Alguien alegará: «Bueno, es que hay nuevas necesidades», y yo les respondo: ¿Cuáles? ¿La dependencia? Supone menos del 0,1% del PIB. ¿Se refieren entonces a las pensiones? Vaya, conque hay que subir los impuestos para eso. ¿Pero no había garantizaba la sostenibilidad del sistema la última reforma?

P.- Ya que has sacado el tema, cuando José Luis Escrivá estaba en la AIReF, era partidario de alargar el periodo de cálculo de la pensión y retrasar la edad de jubilación, pero todo ha quedado en agua de borrajas tras su paso por el Ministerio de la Seguridad Social.

R.- La verdad es que los cambios de opinión son habituales en este Gobierno, así que no me debería sorprender. Pero [en el caso de Escrivá] no hablamos de promesas vagas ni de opiniones cualitativas, sino de una reforma llena de datos y bien fundamentada. Que se quedara en lo que se ha quedado [por el lado de los ingresos, una subida de las cotizaciones, básicamente] me resulta deprimente.

«El impuesto de patrimonio es injusto porque todo lo que alguien tiene acumulado ya ha tributado previamente a través del IRPF o de sucesiones y donaciones»

P.- Según los informes de ejecución del Gobierno, desde 2010 la Seguridad Social viene recibiendo entre 40.000 y 80.000 millones de euros anuales de los Presupuestos Generales del Estado para cuadrar sus cuentas. ¿Es eso sostenible?

R.- No lo es ni de broma, y lo peor es que ese importe solo puede ir a más por el envejecimiento de la población. Da la impresión de que a este Ejecutivo no le importa lo que pueda pasar más allá de la legislatura en curso.

P.- En Grecia y Portugal también lo fueron dejando, lo fueron dejando y, cuando llegaron los hombres de negro, aplicaron rebajas de hasta el 40% en algunas pensiones.

R.- No hace falta irse tan lejos. También aquí el Gobierno de [José Luis Rodríguez] Zapatero recibió en 2010 la llamada del presidente [Jacques] Chirac, que le dijo en nombre de la Unión Europea: «Monsieur le président, c’est fini» (Señor presidente, se acabó). Y así llegó el famoso decreto de mayo, en el que por primera y única vez, y subrayo lo de única vez, se congelaron las pensiones y se redujeron los sueldos de los funcionarios. Todo ello tres años después de que Zapatero dijera que estábamos «en la Champions League de las economías mundiales». Ahora el símil no es el fútbol, ahora vamos como un cohete… Dios quiera que dentro de tres años no nos tenga que llamar al orden la Unión Europea.

«El hermano del presidente cobra su sueldo en España y, desde el momento en que tiene aquí su centro de intereses económicos, no puede fijar la residencia fiscal en otro lado»

P.- Dinamarca aplica un tipo único del 25% en el IVA, sin apenas excepciones, y muchos fiscalistas no lo ven con malos ojos, porque el IVA no es progresivo, pero es muy eficaz recaudando, distorsiona poco y las desigualdades se pueden corregir mediante ayudas. ¿A ti qué te parece ese modelo?

R.- A mí me gusta más la imposición indirecta que la directa. Tiene el inconveniente de una menor progresividad formal, pero eso se puede compensar, como has dicho tú, por la vía del gasto público. El impuesto directo es, por el contrario, tremendamente complejo. Basta con ver nuestro IRPF. Para el 98% de los contribuyentes, la declaración es un arcano, así que la Agencia Tributaria, siempre pensando en echar una mano, publica cada año un manual práctico… ¡de 1.200 páginas! Práctico, lo llama… Y como el pobre contribuyente no lo entiende, dice: «Voy a pedir una cita previa en Hacienda», pero resulta que la cita previa no se puede solicitar por teléfono, tiene que ser online, y hay un 40% de españoles que no se manejan con los ordenadores… Es una carrera de obstáculos que acaba siempre en la contratación de un gestor. Eso tiene un coste para el contribuyente, mientras que el IVA que le repercuten cuando compra un producto o contrata un servicio no requiere ningún asesoramiento. Tampoco existe el peligro de equivocarse y ser sancionado… A todos los que se hacen lenguas de la progresividad del IRPF yo les haría estas reflexiones, y les preguntaría además si la inflación les parece progresiva. Porque a ninguno le he oído quejarse de no se haya deflactado la tarifa del IRPF. ¡Esto es lacerante, criminal e ilegítimo! Es lo que hacían las antiguas satrapías asiáticas: tratar a las personas como súbditos, no como ciudadanos.

«Lo extraordinario de David Sánchez no es el ilícito en sí. Hay muchos contribuyentes que incurren en alguno. El escándalo es la inacción de la Agencia Tributaria»

P.- Carlos Rodríguez Braun recordaba la otra tarde, durante la presentación de su libro sobre el pensamiento de Milei, una cita que yo le había leído a David Friedman, el hijo de Milton, pero que Carlos atribuyó a Frédéric Bastiat. «El Estado nos hace cosas que, si nos las hiciera un vecino, lo meterían en la cárcel». Una de ellas es arrebatarnos parte de nuestras ganancias.

R.- Ya que traes a colación una frase de Friedman hijo, déjame que haga yo lo propio con otra de Friedman padre que me gusta mucho. «Hemos construido un sistema —decía— que quita cada vez más dinero a quienes trabajan para dárselo a quienes no trabajan». Eso es lo que está ocurriendo no solo en España. Después de la Segunda Guerra Mundial y por miedo al comunismo, en Europa se impusieron las ideas socialdemócratas, tanto con Gobiernos progresistas como conservadores, no nos engañemos, y fruto de ello es esa sociedad de la que habla Friedman. No es la única debilidad, pero sí una de las mayores de nuestro continente frente a Estados Unidos o China. La economía del bienestar se ha convertido en una lacra para el futuro de Europa.

«La justicia dirá si Begoña Gómez ha cometido o no delito, pero es todo un despropósito y un abuso y una democracia digna de ese nombre no debería tolerarlo»

P.- Mario Draghi [el exgobernador del Banco Central Europeo] acaba de presentar un informe en el que justamente denuncia que Europa se está quedando rezagada y ya no influye tanto en el mundo.

R.- Lo malo es la solución que propone: emitir más deuda… Es como si tú a una alcohólica la llevas a un barman para que la cure. Ese es nuestro drama. Europa es la alcohólica y Draghi es el barman.

P.- Cuando Isabel Díaz Ayuso baja los impuestos a los madrileños, desde el Gobierno se la acusa de dumping fiscal y se le dice que hay que ir a todo lo contrario, o sea, a la «armonización tributaria». Es una expresión preciosa, que remite a armonía, casi ves al angelito tocando la lira sobre la nube de algodón…

R.- De la Comunidad de Madrid han llegado a decir que es un paraíso fiscal, lo que puede deberse a dos motivos: que son unos ignorantes o que son unos mentirosos. Mi tesis es que son las dos cosas: no saben lo que es un paraíso fiscal y mienten como bellacos. Madrid es la región que más recursos transfiere al Fondo de Garantía de Servicios Públicos [que es el principal mecanismo de redistribución. Según un documento de Fedea y con datos de 2021, «las aportaciones a la nivelación suponen en torno a un 8% de los ingresos tributarios en Baleares, un 9% en Cataluña y un 24% en Madrid». Es decir,] de las tres contribuyentes netas, Madrid es la más importante, con una participación que triplica a la de los otros dos. ¿Cómo se la puede considerar insolidaria o tachar de paraíso fiscal?

«El Instituto Nacional de Estadística ha rectificado el PIB de 2021 hasta en tres ocasiones, y no hablo de cambios menores, y todos al alza»

P.- ¿Y el dumping?

R.- Para que un agente incurra en dumping hace falta que adopte medidas que están fuera del alcance de sus competidores, y ese no es el caso. Lo que plantea Madrid, que es moderar la fiscalidad, podrían hacerlo todas las regiones y, de hecho y en vista del éxito, algunas han empezado a imitarla, como Aragón y Castilla y León. «Eso —objetan algunos— pueden hacerlo las comunidades grandes y ricas, pero ¿qué pasa con Extremadura? Es pequeña y pobre y no puede permitírselo». Yo no estoy de acuerdo. ¿Es más rica Portugal que España? No, ni tampoco más grande y, sin embargo, acaba de aprobar una rebaja del IRPF… ¡a iniciativa del Partido Socialista! Es una forma inteligente de relanzar la actividad y captar recursos. Muchos españoles han trasladado su residencia para tributar allí, como alguno del que se ha hablado mucho últimamente [David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente], ¿verdad?

«También ha reducido la ponderación en el IPC de los alimentos y la energía, que eran curiosamente los rubros que más estaban subiendo»

P.- ¿Y no existe el peligro de que esa competencia desate una carrera a la baja que lleve al desmantelamiento del estado de bienestar?

R.- No hay que tener miedo a la competencia. Si no la hubiera en el sector del motor, el automóvil que tengas, que no sé cuál es ni hace falta que lo digas, te habría costado el doble. Y en los medios de comunicación seguiríamos con el diario hablado en Radio Nacional y el NODO en los cines… ¿Por qué habría de ser diferente la fiscalidad? La competencia aquí es tan buena para el ciudadano como lo es en cualquier otro terreno. Y si un gobernante se pasara de frenada y renunciase a tantos ingresos que no pudiera sufragar los servicios esenciales, te garantizo yo que los votantes lo echaban en las siguientes elecciones. No es, desde luego, lo que está pasando en Madrid. En educación, por ejemplo, tenemos una homologación externa y, por tanto, neutral, que es el informe PISA. ¿Y qué nos dice? Que Madrid está entre las mejores regiones [es la cuarta en matemáticas y ciencias y la tercera en lectura], claramente por delante de Valencia o Cataluña [y muy por encima de la media de la UE y la OCDE].

P.- Y en salud, las mujeres madrileñas son las más longevas del mundo.

R.- Sí, sí. Y el tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas en Madrid es el más bajo de España [51 días, frente a los 77 de la media nacional]. Y todo esto no es casual, sino fruto de la disciplina que impone la propia rebaja fiscal, porque los dirigentes se ven obligados a recortar el gasto superfluo y a ser más eficientes. El resultado es que los ciudadanos pagamos menos y estamos mejor administrados, o sea, una situación win-win [en la que todas las partes ganan, que es lo que significa en inglés win].

«Y qué decir, en fin, de las estadísticas laborales… La economía española va como un cohete, pero es un cohete con mucha ingeniería estadística»

P.- Este Gobierno piensa obviamente lo contrario, porque ha aprobado un impuesto sobre los beneficios extraordinarios.

R.- A mí me gusta más hablar de sobretributación, porque, primero, el impuesto sobre los beneficios extraordinarios ya existe desde el momento en que pagas más cuanto más ganas. Segundo, cuando vas al diseño legal, ves que a las energéticas lo que se les está gravando es la facturación y, a los bancos, el margen de intereses y comisiones [que es un tipo de ingresos]. En ninguno de los casos el hecho imponible son los beneficios extraordinarios. Finalmente, para justificar la exacción, desde las filas del Gobierno y de los partidos que lo sustentan se ha insistido mucho en que son «beneficios caídos del cielo», de los que se habrían apropiado unos pocos desaprensivos, pero aquí los únicos beneficios ilegítimos son los que ha recaudado la Hacienda [al no deflactar la tarifa del IRPF]. Los empresarios cuyas cuentas de resultados han mejorado gracias a las favorables condiciones de mercado no son unos delincuentes. ¡Ya está bien, hombre, de que se demonice a los contribuyentes a los que encima se les va a quitar el dinero!

«Los cambios de opinión son habituales en este Gobierno, pero que la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá se quedara en lo que se ha quedado resulta deprimente»

P.- Los últimos en sufrir las iras del Gobierno son los dueños de los Lamborghini…

R.- Por lo visto, cuando Sánchez hizo esa referencia, se equivocó de marca. Quería decir Maserati.

P.- Eso parece, porque casualmente la pareja de Isabel Díaz Ayuso [Alberto González] tiene uno… En cualquier caso, los ricos están en el centro de la diana desde que [Thomas] Piketty publicó El capital en el siglo XXI. El impuesto de patrimonio, que prácticamente había desaparecido de Occidente, ha vuelto a ponerse de moda.

R.- En la Unión Europea solo lo mantiene España, somos la excepción, porque Francia tiene un remedo, pero no grava el capital total, como nosotros.

«La única vez que se han congelado las pensiones fue con que Zapatero, después de que dijera que estábamos en la Champions League de las economías mundiales»

P.- Y a ti no te gusta…

R.- Me parece injusto, porque todo lo que alguien tiene acumulado ya ha tributado previamente a través del IRPF o de sucesiones y donaciones. Es un caso palmario de doble imposición. Pero es que, además de injusto, es ineficiente. Lo que se recauda son peanuts [cacahuetes, o sea, poca cosa]. Finalmente, perjudica al ahorrador, ahuyenta a los patrimonios nacionales y desincentiva la llegada de otros extranjeros. Por todas estas razones, por injusto, por ineficaz y por distorsionador, ha ido desapareciendo de todas partes. Su eliminación fue, de hecho, una de las pocas cosas que hizo bien [José Luis Rodríguez] Zapatero. Lo que ocurre es que tuvo la mala idea de incluir una prórroga provisional y, en base a esa prórroga, ha llegado hasta nuestros días.

P.- Los defensores del impuesto manejan un tipo muy bajo, en torno al 2%. No parece algo excesivo.

R.- Pero sí lo es, porque un 2% cada año, al cabo 50, se ha comido el patrimonio de la persona física. Es una confiscación en diferido, pero insisto en que, además, muy poco eficaz. Fíjate en el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que es como lo ha llamado el Gobierno, aunque es un Impuesto sobre el Patrimonio Bis. Se nos dijo que iba a recolectar entre 1.200 y 1.250 millones de euros y se ha quedado en 600, la mitad. Y de eso quita los costes de gestión, que siempre los hay…

«Me gusta más la imposición indirecta que la directa. Tiene el inconveniente de una menor progresividad formal, pero eso se puede compensar por la vía del gasto público»»

P.- No querría que te fueras sin que me hablaras de la financiación autonómica.

R.- Lo que se ha pactado [entre el PSC y ERC] es la desaparición de Cataluña de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el País Vasco y Navarra, todavía recauda el IVA vinculado a la importación y algunos impuestos especiales y sigue habiendo pequeñas delegaciones. Pero en Cataluña la AEAT no tendría nada y a mí eso me parece terrible desde la perspectiva de la propia consolidación del Estado, por no mencionar otros riesgos. Estoy pensando, por ejemplo, en el comerciante al que se presiona para que rotule solo en catalán. Si la Administración que se lo pide es la misma que gestiona su impuesto de sociedades y su IRPF, le va a faltar tiempo para rotular solo en catalán… Finalmente, se podría haber retenido la inspección, para garantizar que los criterios de comprobación a escala nacional son homogéneos y, sobre todo, técnicos, no políticos. Ahora ha aumentado la probabilidad de clientelismo, de hacer la vista gorda a según qué ciudadanos, que con la AEAT no existía.

«El impuesto directo es, por el contrario, tremendamente complejo. Basta con ver nuestro IRPF. La Agencia Tributaria publica cada año un manual práctico… ¡de 1.200 páginas!»

P.- Antes has comentado que muchos españoles han trasladado su residencia fiscal a Portugal y, aunque no has dado nombres, se te ha visto claramente la intención, entre otras cosas porque en THE OBJECTIVE has publicado un artículo titulado «El escandalazo fiscal de David Sánchez». ¿En qué consiste?

R.- El hermano del presidente cobra su sueldo en España y, desde el momento en que tiene aquí su centro de intereses económicos, no puede fijar la residencia fiscal en otro lado. Es verdad que la ley del IRPF contempla una excepción para los trabajadores transfronterizos, es decir, aquellos que cruzan a diario la frontera para ir de su domicilio a su trabajo y viceversa, pero no es el caso de este señor. Esto, en sí mismo, no es extraordinario. Hay muchos contribuyentes que hacen un ilícito. Lo que sí es excepcional y constituye un escándalo es la inacción de la Agencia Tributaria. ¿No figuraban entre sus objetivos de control específico de los últimos años los expatriados? Pues aquí tenemos a uno de libro y nadie ha investigado si es o no conforme a ley.

P.- La inspección ha emitido un informe…

R.- Sí, a requerimiento de la jueza de Badajoz y sin firma. Nunca en la historia de la Agencia Tributaria se había hecho un informe anónimo. No aparece ni el logo de la Agencia Tributaria. Eso, por lo que respecta a los aspectos formales. En cuanto al contenido, se limita a utilizar los datos que existen en su base de datos, ni uno más. Y como en ella no figura una participación millonaria en acciones del BBVA, tampoco se ha incluido en el documento. Y no es que fuera difícil de comprobar, porque aparece en la declaración de bienes que la Diputación de Badajoz obliga a realizar a sus altos cargos, y los medios también la han aireado bastante… Mi impresión es que se trata de una auténtica labor de defensa indebida e injustificada de un contribuyente. Un escandalazo.

«A los inspectores se les dice: “Mire usted, cuanto mayor sea el importe que liquide, mayor va a ser la parte variable de su salario”. Esto dinamiza su trabajo, pero comporta el riesgo de que se levanten actas indebidas»

P.- ¿Y qué opinas de los negocios de Begoña Gómez, la esposa del presidente?

R.- Cuestiones fiscales aquí no han salido y, si lo que ha hecho tiene o no recorrido penal, deberán decirlo los jueces, faltaría más. Pero sin entrar en posibles ilícitos, es improcedente que la mujer del presidente celebre reuniones profesionales en el Palacio de la Moncloa. Está utilizando un bien público para un negocio privado. Tampoco resulta ortodoxo que envíe cartas de recomendación para que las empresas que financian su cátedra de la Complutense logren concursos millonarios del Gobierno. Igualmente, no debería haber consentido que la hicieran directora de un máster cuando no cumplía los requisitos.

P.- No podía ni matricularse en él como alumna.

R.- Finalmente, ha inscrito como propio en el Registro Mercantil un software que dos empresas habían elaborado para la universidad. Esto es quizás lo más grave, porque si no es apropiación indebida, se le parece mucho… Como he dicho antes, la justicia debe determinar si hay o no delito, pero es todo un despropósito y un abuso de la condición de mujer del presidente, y una democracia digna de ese nombre no debería tolerarlo.

«Ojo, no estoy denunciando que se realicen liquidaciones falsas, pero sí digo que el sistema, objetivamente y en sí mismo, favorece su práctica»

P.- Hablas mucho del hermano y de la mujer del presidente, pero también tenemos ahí a [Alberto González] la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

R.- Es un caso curioso, porque efectivamente esta persona ingresa de menos en un ejercicio una cantidad que excede los 120.000 euros. Probablemente lo hizo con plena conciencia y, por una incomprensible decisión suya o de su asesor o de ambos, optó por compensarlo en el ejercicio siguiente ingresando de más. La escasa pericia del asesor fiscal es patente, porque el modo correcto de proceder habría sido una declaración complementaria.

P.- Eso lo sé hasta yo…

R.- De todos modos, con la ley en la mano es difícil acusarlo de dolo.

P.- Pero falsificó facturas.

R.- Sí, ese fue el instrumento empleado para pagar de menos, pero en el ejercicio siguiente lo corrigieron, y en exceso.

«La estadística de reclamaciones es tremenda. Casi el 50% de las liquidaciones impugnadas son anuladas por la propia de Hacienda»

P.- O sea, no ha habido perjuicio para las arcas públicas.

R.- No, lo que ha habido es una impericia tremenda, pero eso a la ministra de Hacienda [María Jesús Montero] le da igual y aprovechó una comparecencia televisada para atacar a la presidenta madrileña con una información que no teníamos ninguno de los españoles y que sería muy interesante saber cómo ha acabado en sus manos, porque según la legislación vigente tampoco ella debería haberla tenido.

P.- Y luego está la filtración de la Fiscalía General…

R.- Y aún te digo más. Cuando surge todo esto, el pacto entre Alberto [González] y la Agencia Tributaria estaba casi cerrado. Pero alguien se entera de que el firmante es la pareja de la presidenta madrileña y decide que igual es más conveniente no pactar de momento…

P.- Pues nada, Ignacio, vamos a dejarlo aquí…

R.- [Interrumpiéndome]. Déjame una última cuestión, y es que se ha dicho que él [Alberto González] había firmado una confesión y quiero puntualizar que, antes de cerrar cualquier acuerdo, la Agencia Tributaria te obliga a admitir que has cometido delito fiscal. Es nada más que un requisito formal y no implica un reconocimiento de dolo.