Transportes desconoce si las mascarillas que almacena de la trama Koldo están caducadas
La auditoría encargada por Óscar Puente revela que en los almacenes del ministerio aún se guardan 444.840 tapabocas
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. | Europa Press
La auditoría encargada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, para analizar los dos contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Sociedad de Gestión, epicentro del caso Koldo, revela una falta de control del departamento con la compra de tapabocas, hasta el punto de que en la actualidad «en el sótano de este Ministerio quedan unas 238.840 mascarillas, y en el almacén existente en Azuqueca de Henares, unas 206.000 mascarillas, que en términos económicos suponen (en su conjunto) 1.128.559 euros».
El departamento de Puente desconoce cuántos de estos tapabocas están caducados, una información necesaria para buscarles una salida o, finalmente, optar por su destrucción. Según se desprende de una respuesta del Ministerio de Transportes a través del Portal de Transparencia, a la pregunta de un particular a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE el departamento que dirige Puente señala que «no dispone de ninguna base de datos, de ningún documento ni de ninguna fuente de información ordenada o sistematizada que recoja la información solicitada sobre el material sanitario adquirido por el Departamento con el nivel de detalle pedido».
Además, agrega que generar dicha información «requeriría de una labor de inventario minuciosa y específica para recabar los datos solicitados, lo que constituiría la creación de un informe ad-hoc y, en consecuencia, una reelaboración de datos». Los almacenes del Ministerio de Transportes amontonan casi medio millón de mascarillas adquiridas hace más de cuatro años sin saber si pueden ser utilizadas o no. Todo apunta a que este material ha prescrito. Según fuentes expertas consultadas, mientras que las mascarillas quirúrgicas suelen caducar un año después de su fabricación, las FFP2 o similares pueden aguantar hasta tres años.
Descontrol de material
Por otro lado, el departamento de Puente tampoco sabe el número de geles hidroalcohólicos que almacena ni la cantidad de guantes de látex y test covid que sigue guardando varios años después de su compra. Una muestra más del descontrol del departamento con respecto a este asunto. Hay que recordar que durante la pandemia fueron miles los contratos de emergencia que se realizaron con máxima arbitrariedad y opacidad, y que a día de hoy reflejan un rosario de irregularidades.
Así lo muestra la auditoría sobre las mascarillas que encargó el actual ministro de Transportes. De ella se desprende que José Luis Ábalos amplió la cantidad de tapabocas de cuatro a ocho millones de unidades en 38 minutos sin que se hubiese justificado que era necesario. El texto reconoce que solo ha podido acreditar con documentos el reparto de cinco millones de mascarillas de los 13 adquiridos a la empresa investigada en el caso Koldo, por lo que ocho millones carecen de justificantes de entrega. El dictamen apunta directamente al exministro, que habría duplicado la compra de cubrebocas a Soluciones de Gestión en apenas algo más de media hora.
El estudio que encargó Puente divide las mascarillas que adquirió Ábalos al inicio de la pandemia en tres bloques: el 50% tenían como destino «las entidades públicas en el ámbito de transporte terrestre» y la otra mitad, el «sector del transporte terrestre y al personal del MITMA [Ministerio de Transportes]», todas ellas adquiridas por Puertos del Estado. En total, ocho millones, aunque no existe constancia de que se distribuyeran a sus destinatarios finales 6,8 millones. Del tercer bloque tampoco se acredita el reparto de 1,1 millones de mascarillas de los cinco millones que compró Adif, según informó THE OBJECTIVE.
Sanidad, 156 millones de mascarillas caducadas
El pánico inicial de la pandemia, que pilló al país sin reservas de material sanitario de primera necesidad, llevó a la administración a abastecerse, sobre todo de mascarillas, sin ningún tipo de control ni orden. Como consecuencia, hay millones de tapabocas caducados cuatro años después, adquiridos a precios millonarios y que ahora no tienen ninguna salida y hay que destruir.
Como informó este medio en exclusiva a inicios de año, el Ministerio de Sanidad contaba por entonces con más de 156 millones de mascarillas caducadas en sus almacenes. En total, 156.040.900 unidades que provenían de diferentes compras efectuadas durante la pandemia y por las cuales se pagó 85 millones de euros. El 91% de ellas eran quirúrgicas y el resto FFP2.
Los precios de adquisición de dichas mascarillas, según se desprende del documento de Transparencia consultado, fueron los siguientes: en el caso de las mascarillas quirúrgicas, el valor unitario de compra fue de media 0,43 euros; y en el caso de las mascarillas FFP2, el valor unitario de compra fue de 1,85 dólares estadounidenses (1,70 euros al cambio). Teniendo en cuenta que el 91% de estas mascarillas caducadas son quirúrgicas (141.997.219) y el resto, 9%, FFP2 (14.043.681), el Ministerio de Sanidad habría gastado en la compra de ellas casi 85 millones de euros (84.933.061).
Dos meses después, el departamento que ahora dirige Mónica García informaba que había pedido a las empresas adjudicatarias «la extensión de la caducidad de las mismas». A día de hoy no se sabe cuál ha sido la respuesta de estas ni cuál ha sido el destino final de 156 millones de mascarillas.
