Sanidad dice ahora que no tiene mascarillas caducadas porque ha pedido ampliar su fecha

El Ministerio de Sanidad cuenta con 156 millones de mascarillas caducadas. Así lo reconoció el propio departamento, que ahora dirige Mónica García, a THE OBJECTIVE el pasado mes de febrero, tras una pregunta a través del Portal de Transparencia. Sin embargo, ahora dice que estas mascarillas «no puede considerarse que hayan caducado» porque han pedido a las empresas adjudicatarias «la extensión de la caducidad de las mismas».

Así se desprende de una reciente respuesta del Gobierno a una pregunta escrita del Grupo parlamentario Vox. «El Ministerio de Sanidad ha requerido a las empresas adjudicatarias de los contratos de suministro de mascarillas la extensión de la caducidad de las mismas, estando a la espera de respuesta, por lo que actualmente no puede considerarse que hayan caducado», se lee en la misiva con fecha del 3 de marzo de 2024 a la que ha tenido acceso este medio.

Sin embargo, días antes, el Ministerio de Sanidad reconocía por escrito a este periódico que sus almacenes contaban con «156.040.900 unidades de mascarillas caducadas, siendo el 91% de ellas mascarillas quirúrgicas y el resto mascarillas FFP2». Aquí también señalaba que buscaba una salida para este material que no fuese su destrucción, ya que había solicitado la extensión de su caducidad. Y es que mientras que las mascarillas quirúrgicas suelen caducarse un año después de su fabricación, las FFP2 o similares pueden aguantar hasta tres años. 

No obstante, ni un año ni tres han sido suficientes para dar salida a millones de unidades con fecha próxima a la caducidad, ya que las comunidades han estado tan bien abastecidas por parte del Ministerio que no necesitaban más material y dar salida a todos los productos ha sido imposible, como viene contando THE OBJECTIVE en exclusiva.

De esta forma, en la repuesta parlamentaria a Vox, el Gobierno justifica que estas hayan quedado almacenadas y obsoletas debido al freno de la pandemia del coronavirus: «La ralentización de la pandemia gracias a la campaña masiva de vacunación y a las medidas de protección adoptadas hizo innecesario utilizar el total de mascarillas adquiridas», apunta. Confía en una mejor actuación en el futuro si la situación se repitiese: «El Informe sobre la Evaluación del desempeño del SNS español frente a la pandemia del covid-19, responde a la necesidad de reflejar las lecciones aprendidas en la gestión de la pandemia y ofrecer una información útil para mejorar la actuación en el futuro», explica en el texto.

85 millones de euros

Y es que la falta de previsión ha hecho que 85 millones de euros de las arcas públicas estén a punto de ir a parar a la basura si el Ministerio no consigue una salida a tiempo para estos tapabocas, siempre y cuando las empresas adjudicatarias de los contratos de suministro amplíen la fecha de caducidad. Porque hay que tener en cuenta que, a día de hoy, estas mascarillas están caducadas, como así informó el departamento de Mónica García a este medio, sin salida alguna.

Los precios de adquisición de dichas mascarillas, según se desprende del documento, varían debido a que provienen de distintas compras efectuadas durante la pandemia. En el caso de las mascarillas quirúrgicas el valor unitario de compra fue de media 0,43 euros y en el caso de las mascarillas FFP2 el valor unitario de compra fue de 1,85 dólares estadounidenses (1,70 euros al cambio). De esta forma, teniendo en cuenta que el 91% de estas mascarillas caducadas son quirúrgicas (141.997.219) y el resto, 9%, FFP2 (14.043.681), el Ministerio de Sanidad habría gastado en la compra de ellas casi 85 millones de euros (84.933.061).

No obstante, si finalmente estas fueran destruidas, el director General de Cartera Común de Servicios del SNS y de Farmacia del Ministerio de Sanidad, César Henández, señala que no supondría un coste adicional, ya que «el coste de destrucción del material está incluido en el contrato de almacenamiento».

En una reciente resolución tras una pregunta de THE OBJECTIVE, Sanidad reconoce que tenía 513 millones de mascarillas quirúrgicas y 65 millones de FFPS2 cuando entró en vigor el famoso megacontrato de Illa de 2.500 millones de euros, creado supuestamente para dotar la Reserva Estratégica. Un Acuerdo Marco al que nunca se recurrió porque la dotación de la reserva era tan grande que ni el Ministerio ni las comunidades hicieron uso de él.