Sánchez elige la opción más larga de siete años para ajustar el gasto primario ante la UE
El compromiso pasa por fijar el crecimiento del gasto primario neto promedio en el 3%
El Gobierno de España se ha comprometido con la Unión Europea a un plan de ajuste fiscal estructural a medio plazo de siete años, en lugar de cuatro, que pasa por fijar el crecimiento del gasto primario neto promedio en el 3%, en cumplimiento con las nuevas reglas fiscales de la UE. Una opción que en su día fue valorada por la Airef, y supone un ajuste de unos 42.000 millones de euros.
«Este gasto es el que vamos a tener o del que tenemos una referencia hacia adelante y el que vamos a tener de manera transparente que ir cumpliendo año a año para estar en línea con las reglas fiscales», ha explicado este martes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros seguido por THE OBJECTIVE.
En esta ocasión, y aunque, por defecto, los planes de ajuste se elaboran a cuatro años, los Estados miembro de la UE pueden solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete años, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el potencial de crecimiento y apoyen la sostenibilidad fiscal y aborden las prioridades comunes.
En este caso, el Gobierno español se ha decantado por extender el horizonte de ajuste a siete años, con un plan a medio plazo que viene acompañado de un programa de reformas e inversiones, que incluye medidas fiscales, de transición ecológica, de transformación digital y de capital físico y humano.
Un ajuste de siete años
La trayectoria debe garantizar que, al final del período de ajuste, la deuda pública se halle en una senda descendente plausible, o se mantenga en niveles prudentes por debajo del 60% del PIB a medio plazo, y que los déficits no superen el umbral del 3% del PIB y también mantengan ese comportamiento a medio plazo.
Según el Gobierno, el cumplimiento con la regla de gasto planteada en su plan de ajuste garantiza la continuidad de la estrategia de responsabilidad fiscal. Las perspectivas del Gobierno sitúan el déficit público en una senda descendente, pasando del 3% del PIB en 2024, al 2,5% en 2025 y al 2,1% en 2026. De acuerdo con las proyecciones más a largo plazo, el déficit se situará en el 0,8% del PIB en 2031.
En cuanto a la deuda, el Gobierno prevé que la ratio sobre el PIB baje del 102,5% en 2024, al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles «prudentes» del 60% planteado por Bruselas.
Ajustes de entre 6.000 y 9.000 millones
Organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Banco de España han realizado sus propios cálculos sobre el ajuste que tendrá que realizar España a lo largo de los próximos años para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas. Precisamente, estos dos organismos también han lamentado públicamente que el Gobierno no haya hecho pública la trayectoria de referencia remitida por la Comisión Europea a España hace unos meses, de cara a la elaboración del plan de ajuste.
En cualquier caso, la Airef ha calculado que España tendrá que realizar un ajuste de algo más de cuatro décimas de PIB en los próximos siete años -unos 6.000 millones al año, es decir, 42.000 millones de euros-, y eso implica que el gasto no podrá crecer más del 3%. Si en lugar de plantear un plan de ajuste a siete años, el Gobierno decide elaborarlo con un periodo de cuatro años, esto supondría un ajuste anual mayor, del 0,63% -unos 9.000 millones-, según los cálculos de la Airef.
Por su parte, las estimaciones del Banco de España apuntan a que, para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas, sería necesario implementar un ajuste presupuestario de en torno a 0,5 puntos porcentuales del PIB al año -durante siete años-, aunque este programa acarrearía un menor grado de dinamismo de la actividad que el contemplado actualmente.