Ángel de la Fuente: «Lo que Sánchez propone condena al Estado a un papel secundario»

Ángel de la Fuente (Gijón, 1962) estudió Economía en la Universidad de Pensilvania, es investigador del CSIC en excedencia y ha trabajado como consultor para el Banco Mundial, la OCDE y la Comisión Europea. En 2014 asumió la dirección de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), un destacado laboratorio de ideas «desde el que —y transcribo de una de sus reseñas biográficas colgadas en la web— sigue contribuyendo a los debates sobre política económica».

Esto de que «sigue contribuyendo a los debates» es una forma eufemística de decir que De la Fuente se ha convertido en un auténtico incordio, lo que los ingleses llaman «a pain in the ass» y aquí vendría a ser la tradicional mosca cojonera.

Déjenme subrayar que De la Fuente es un incordio/pain/mosca del poder en general, porque desde la izquierda se le ha acusado de connivencia con el Partido Popular, pero su única incursión conocida en política fue su participación en la fundación de Ciudadanos, en donde tampoco duró demasiado por, según confesión propia, «desacuerdos con la línea de Albert Rivera».

Y es que a De la Fuente lo puede su pasión por la exactitud y el dato, algo difícilmente compatible con el ejercicio de la política, que es el ámbito de la vaguedad y el relato.

Decía Ortega a propósito de Mirabeau que «o se viene al mundo a hacer política o se viene a hacer definiciones», y De la Fuente ha optado claramente por las definiciones («regresiones», puntualiza él), lo que lo pone sin remedio en rumbo de colisión con los políticos y, más concretamente, con los nacionalistas, que dentro de la familia de los políticos son el género más fantasioso, en particular la especie conocida como separatistas catalanes.

La conversación con De la Fuente, de la que sigue una versión extractada y editada, arranca precisamente en el procés, entonando yo con la boca pequeña una defensa de sus promotores. «En descargo de los nacionalistas —digo— quisiera señalar que, por disparatadas que sean algunas de sus afirmaciones, como que la Inquisición obligó a Cervantes a traducir El Quijote del catalán, que era su idioma original, también los asiste alguna razón cuando se quejan del sistema de financiación autonómica. —Y añado dirigiéndome a De la Fuente—: ¿Cómo hemos acabado con un modelo tan desequilibrado y con el que todo el mundo parece descontento?»

Para mi sorpresa, De la Fuente discrepa y me llevo un pequeño revolcón, que no será el único.

«Déjame romper una lanza por el sistema —puntualiza—, porque no es tan malo. Es más, comparado con lo que hay por ahí fuera, es de lo mejorcito. Eso no significa que carezca de pegas. Las tiene, y de varios tipos: fuerte desigualdad, reparto casi aleatorio, incentivos al exceso de gasto… Pero nada de ello es exclusivo de España y, por ejemplo, en Alemania, cuyo modelo se nos suele poner como referente a veces, están bastante peor».

Pregunta.- Hablemos de esa desigualdad. ¿Cómo hemos llegado hasta ella?

Respuesta.- Poco a poco y a base de parches. Para empezar, el sistema no se diseñó desde cero, sino que arrastra una determinada herencia. El despliegue del Estado franquista no era uniforme en todo el territorio. Había sitios donde los servicios públicos eran mejores o había más funcionarios y, al transferirse las competencias, esas diferencias se han perpetuado. Luego, en las fases de renegociación, han pesado los equilibrios de poder que existían en ese momento [principalmente, lo decisivos que eran vascos y catalanes para la conservación de la Moncloa] o el propio azar. Cada vez que se abre el melón, se produce algún accidente.

«En Alemania, los ‘Lander’ recolectan el grueso de los impuestos, pero se han dado cuenta de que no es buena idea y están que se tiran de los pelos»

P.- ¿Cuál fue uno de esos accidentes?

R.- En la última revisión [siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero] se decidió utilizar como base el año 2009, que todavía no había concluido y que resultó muy atípico, porque fue el de la Gran Recesión. [Esto es relevante porque los fondos se adjudican en función de la población, la actividad económica y, sobre todo, lo recaudado en cada autonomía]. Y aunque los impuestos cayeron mucho para todos durante la crisis, lo hicieron más en las regiones dependientes del turismo y la construcción, y estas diferencias se han trasladado al sistema.

P.- ¿Y qué se ha hecho para mitigar las desigualdades, tanto originales como sobrevenidas?

R.- El modelo tiene una inercia enorme, porque cuando se produce una revisión nadie quiere perder y los políticos rápidamente se movilizan e impiden que la cosa cambie demasiado. A pesar de ello, se han corregido algunos defectos. Baleares era antes la región peor financiada y ya no lo es… En cuanto al diseño general, ya digo que no es tan malo. En el centro está el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales [educación, sanidad y servicios sociales], que es un bote en el que las comunidades ingresan el 75% de su recaudación teórica. Y hago hincapié en lo de teórica, porque no se trata de la recaudación real, sino de la correspondiente a una legislación de referencia igual en todo el territorio, es decir, sin tener en cuenta las posibles subidas o bajadas de impuestos que decidan las autonomías. A continuación, ese dinero se reparte por «población ajustada», que es un indicador bastante sensato de necesidades [y tiene en cuenta aspectos tan relevantes en el coste de los servicios como la dispersión, la insularidad, la distribución por edades, etcétera]. Ese es el corazón del modelo, y está muy bien. Por desgracia, encima le hemos puesto tres engendros con unos nombres rarísimos, que no tienen nada que ver con lo que hacen.

«La financiación singular de Cataluña no es un paso hacia la federación, sino hacia la confederación, que es un tipo de organización inestable y poco funcional»

P.- ¿A qué engendros te refieres?

R.- A los fondos de Cooperación, Competitividad y Suficiencia.

P.- ¿Y por qué sus nombres no se corresponden con lo que hacen?

R.- Bueno, el de Suficiencia igual todavía. [Vela por el statu quo, es decir, por que ninguna región pierda recursos respecto a un modelo de financiación anterior]. Pero ni el de Competitividad ni el de Cooperación tienen que ver con la competitividad o la cooperación. Son instrumentos ad hoc que satisfacen las demandas de algunas regiones, y asignan transferencias con criterios que en algunos casos son, si no contradictorios, sí dispares. O sea, que el sistema hace un primer reparto muy sensato, pero luego cogemos el dinero, lo tiramos al aire y cae donde cae.

«Comparado con lo que hay por ahí fuera, nuestro modelo de financiación autonómica es de lo mejorcito»

P.- Has hablado antes de incentivos al gasto. Algunos expertos critican que nuestro modelo confíe el grueso de la recaudación al Estado central, porque las regiones se han habituado a reclamarle el dinero cuando lo necesitan, en lugar de dar la cara ante el contribuyente. ¿No sería más lógico dejar que gestionaran ellas todos los tributos y cedieran luego una cantidad previamente pactada y suficiente para subvenir a las obligaciones comunes?

R.- ¡No, no, no! Es verdad que las comunidades se han acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades, pero porque saben que al final las van a rescatar. Descentralizar la recaudación sería muy ineficiente, porque multiplicaría las agencias y los costes, aparte de que el problema podría no desaparecer, sino cambiar de sitio, porque igual la que entonces se habituaba a dilapidar y a poner la mano era la Administración central… Lo sensato es que tanto esta como las autonómicas dispongan de herramientas tributarias que les permitan recabar los medios que necesitan, pero dando la cara. Si un Gobierno regional quiere más fondos, pues que les diga a sus ciudadanos: «Mirad, os voy a subir el tramo autonómico del IRPF, porque quiero hacer tal cosa. Y si no os gusta, pues no me votáis en las próximas elecciones y en paz». Yo soy un firme partidario de mejorar la responsabilidad fiscal, pero la de todas las administraciones. En ningún caso debemos concentrar la capacidad tributaria en las autonomías, para que se queden con todo y le den luego una limosna al Estado.

«En el centro hay un Fondo de Garantía, que es el bote en el que las comunidades ingresan el 75% de su recaudación y que luego se reparte por “población ajustada”, que es un indicador bastante sensato de necesidades»

P. ¿Hay algún lugar donde solo recauden las regiones?

R.- En Alemania. Allí los Lander recolectan el grueso de los impuestos, pero se han dado cuenta de que no es buena idea y están que se tiran de los pelos. Es más caro, porque en lugar de una única agencia tributaria, tienen varias [16, una por cada Land], con lo que se pierden las economías de escala. Cada una tiene, además, un sistema informático distinto y no se hablan entre sí. Y el fraude es mayor porque, en vez de competir subiendo o bajando impuestos, que no pueden, compiten suavizando el rigor de la inspección. Y estos son los inconvenientes técnicos, porque hay otro político que me parece más grave, y es que cuando cedes todo el poder tributario a la periferia, el Estado queda en una posición subordinada, con una autonomía reducida, y necesitamos que el Estado tenga autonomía para cumplir bien sus funciones.

«Por desgracia, encima le hemos puesto unos engendros con unos nombres rarísimos, que no tienen nada que ver con lo que hacen»

P.- ¿Y no podría el Estado quedarse con el IVA y ceder los impuestos directos? Así conservaría recursos propios.

R.- Al separar el IVA del IRPF, pierdes datos del contribuyente… No digo que el Estado no pueda compartir la administración tributaria, pero conservando la información y operando en todo el país. Es lo más eficiente y lo más barato. La fragmentación que planteas sería un auténtico disparate.

«Ni el de Fondo de Competitividad ni el de Cooperación tienen que ver con la competitividad o la cooperación. Son instrumentos ad hoc que satisfacen las demandas de algunas regiones»

P.- ¿Cómo funcionan en Estados Unidos? Si allí vives por encima de tus posibilidades, no te rescatan.

R.- Los estados son más responsables, a pesar de que el diseño general es similar al nuestro. Hay un impuesto de la renta estatal pequeñito y otro federal muy grande. Cada cual recauda lo suyo, de modo que la administración tributaria está duplicada y es más cara y menos eficiente. Pero el grueso de los ingresos los controla la Hacienda central.

P.- ¿Y cómo impiden que sus estados dilapiden?

R.- En Estados Unidos, los estados están obligados a tener unos presupuestos equilibrados…

P.- ¿Y aquí no?

R.- En teoría, sí. La ley dice que el Estado no es responsable de las deudas de las comunidades, pero no se lo cree nadie, empezando por las agencias de rating. En Estados Unidos la cultura es distinta. En el siglo XIX [tras el Pánico de 1837] varios estados quebraron y se les dejó caer. Eso instauró una disciplina que deberíamos imitar, aunque no de una forma traumática, sino gradualmente. Decir a las regiones que puede haber ayudas en circunstancias excepcionales, pero no que te van a rescatar siempre y que cada 10 años te van a meter más dinero… Hay mucho que hacer para mejorar el sistema de financiación, pero la solución no es la que tú apuntas.

«El despliegue del Estado franquista no era uniforme. Había sitios donde los servicios eran mejores y, al transferirse las competencias, esas diferencias se han perpetuado»

P.- No la apunto yo. Pedro Sánchez dice que la financiación singular de Cataluña es un paso hacia la federalización.

R.- Pues es justo lo contrario. Una federación se caracteriza porque existe un equilibrio entre el poder central, que es elegido por todos los ciudadanos, y los territoriales, que responden a una parte de ellos. Ambos tienen competencias bien definidas, recursos propios e independencia de actuación. En eso consiste el federalismo. Lo que aquí se propone es ceder armas y bagajes a las regiones y condenar al Estado a un papel secundario. Eso es propio de las confederaciones, que son arreglos muy inestables y tienden a disiparse, bien porque se atomizan, bien porque se convierten en federación. Los Estados Unidos empezaron siendo una confederación, hasta que vieron que aquello no marchaba. El nombre oficial de Suiza es Confederación Helvética, pero es una federación desde hace tiempo. Y cuando la Unión Soviética se disolvió, la sustituyó unos años la Comunidad de Estados Independientes [que ha sufrido varias deserciones y es hoy una entidad más simbólica que real: envió un equipo a las Olimpiadas de 1992 y una candidata al concurso de Miss Universo de ese año]. De todos modos y aunque a mí no me parezca que sea un tipo de organización funcional, si es lo que quiere la mayoría de los españoles, pues adelante. Pero que se discutan antes públicamente los pros y contras y que se vote.

«Las comunidades se han acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades porque saben que al final las van a rescatar»

P.- Junts estima que el Estado le debe 450.000 millones a Cataluña. ¿Cómo han llegado a esa cifra? ¿Tiene algún sentido hablar de deuda histórica?

R.- La respuesta rápida a lo segundo es que no, no tiene ningún sentido hablar de deuda histórica. En cuanto a los 450.000 millones, estos señores llevan toda la vida calculando el saldo de la balanza fiscal de Cataluña [la diferencia entre lo que sus residentes aportan al sostenimiento de la Administración central y lo que reciben a cambio] de una forma bastante sesgada, y sumando esas estimaciones es como sale lo que sale.

P.- ¿Hasta el extremo de que podríamos decir que el déficit catalán es un número ficticio?

R.- En buena medida, sí. Ahora bien, el que la elaboración de las balanzas fiscales no sea una ciencia exacta no significa que no sirvan para nada. Cuando se calculan sin trampas, ayudan a detectar situaciones de inequidad. Ahora mismo hay territorios ricos, como el País Vasco, que tienen un superávit y otros relativamente pobres, como la Comunidad Valenciana, que tienen un déficit. Eso habría que corregirlo, igual que las financiaciones de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía, que también se encuentran por debajo de la media.

«La ley dice que el Estado no es responsable de las deudas de las comunidades, pero no se lo cree nadie, empezando por las agencias de rating»

P.- ¿A qué te refieres con que se encuentran por debajo de la media?

R.- [De corrido] A la financiación por habitante ajustada a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal.

P.- Casi mejor que no lo hubieras aclarado. Digamos que es lo que cada comunidad tiene para prestar los servicios fundamentales a sus ciudadanos.

R.- Y antes de subir o bajar los impuestos que controla. En cualquier caso, hay muchos problemas que solucionar, pero las deudas históricas no son uno de ellos. A Andalucía le dieron hace unos años 1.200 millones en concepto de no se sabe muy bien qué. Imagínate que los asturianos decidiéramos ahora que el rey Pelayo prestó un gran servicio a la patria y que tienen que compensarnos. Seguro que a todo el mundo se le ocurre algo, eso no lleva a ningún lado.

«Cuando se calculan sin trampas, las balanzas fiscales ayudan a detectar inequidades, como los déficits de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía o el superávit del País Vasco»

P.- Por ese camino acabamos en la colonización, los aztecas y todo eso… Uno de los aspectos que contempla el acuerdo entre PSC y ERC es la introducción del principio de ordinalidad. Mucha gente se lleva las manos a la cabeza, pero tú no lo ves mal.

R.- La ordinalidad bien entendida no consiste en que le des más al que más tiene, sino en que no lo dejes peor que al beneficiario de su solidaridad. Esto es perfectamente razonable. Pensemos en el IRPF. Está concebido para reducir las disparidades de renta, pero si tú ingresas más que tu vecino y te gravan tanto que terminas con menos renta, te enfadarías bastante, ¿no? Pues con las regiones es igual. Lo que pasa es que los cálculos tienen que hacerse bien. [Para determinar la cuantía que corresponde a cada región no se puede utilizar como denominador la población total sin más]. Las necesidades no son las mismas en todas partes. Hay comunidades más envejecidas [o con más niños], lo que afecta al coste de su sanidad [o de su educación]. Precisan, por tanto, de más dinero [pero no para mejorar su situación personal, sino para acceder a los servicios esenciales en las mismas condiciones que el resto de los españoles]. Una vez que esto se tiene en cuenta, se ve cómo el sistema reduce las desigualdades, pero sin alterar el orden.

P.- Si se hicieran así las cosas, ¿dispondría Cataluña de más recursos?

R.- Dependería de cómo se hiciese. Si todos los ciudadanos recibieran lo mismo por unidad de necesidad, los que ahora están por debajo de la media subirían y los que están por encima, bajarían. Pero Cataluña está en la media, de modo que no recibiría más ni se movería.

«Las deudas históricas no tienen sentido. Imagínate que los asturianos decidiéramos que tienen que compensarnos por los servicios que prestó don Pelayo»

P.- El Gobierno no entiende por qué las comunidades del PP se quejan, porque dice que van a recibir más dinero que nunca.

R.- A ver, como el país crece, hay más PIB, hay más impuestos y hay más financiación autonómica. Con Sánchez las regiones han recibido más que con [Mariano] Rajoy, pero con Rajoy recibieron más que con [José Luis Rodríguez] Zapatero y seguramente con [Alberto Núñez] Feijóo recibirán más que con Sánchez.

P.- Lo que los barones del PP sospechan es que les van a tapar la boca con unas migajas, en comparación con lo que va a llevarse Cataluña.

R.- Y es una sospecha justificada, porque el acuerdo [para la investidura de Salvador Illa] dice que la financiación de la Generalitat debe experimentar un aumento sustancial y, como Cataluña es una región grande, un aumento sustancial supone mucho dinero. Eso significa, una de dos, o que habrá menos para repartir, o que habrá que sacarlo de algún sitio y, dado que el Estado ya no recaudará en Cataluña, ese sitio serán las demás. O sea, que las van a compensar con su propio dinero. Es una manera un poco rara de compensar.

«La ordinalidad es perfectamente razonable, pero si se implantara, a Cataluña no le corresponderían más recursos»

P.- La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que se esté extendiendo a Cataluña el modelo de concierto.

R.- Pues tiene toda la pinta…

P.- ¿Y por qué no estás de acuerdo con que se extienda el concierto?

R.- El sistema foral es muy raro. El único país donde existe es España, y como consecuencia de un accidente histórico. Al término de las Guerras Carlistas se promulga un decreto del Gobierno central que viene a decir: «Majos, se acabó la juerga, vais a ir a la mili como todo el mundo y vais a pagar impuestos. Pero como no tenemos montada la agencia tributaria, de momento va a ser la Diputación Foral la que se encargue de recaudar y nos dé la parte que nos toca de vuestros impuestos». De eso hace 150 años y la institución cuenta con una larga tradición y un fuerte arraigo. Es una anomalía soportable porque afecta a unos territorios pequeños. El País Vasco y Navarra suponen entre el 7% y el 8% del PIB español. Pero Cataluña es casi el 20% y, si además extendemos a Madrid el sistema de concierto tal y como funciona ahora, la parte rica de España dejaría de pagar impuestos federales y quedaría poco para repartir.

«Si la financiación de Cataluña experimenta un aumento sustancial, habrá que sacarlo de algún lado y, como el Estado ya no recaudará en Cataluña, ese sitio serán las demás. Las van a compensar con su dinero. Es una manera un poco rara de compensar»

P.- Pero el cupo [la contribución que pagan anualmente los territorios forales] podría calcularse de modo que fuera realmente solidario.

R.- En teoría sí, pero en la práctica es muy dudoso. Primero, porque el equilibrio de fuerzas cambiaría a favor de las regiones, que negociarían con el dinero en la mano. Y luego, porque la propia experiencia de los territorios forales revela que su aportación es modesta y con tendencia a decrecer.

P.- El resto de los españoles tenemos la impresión de que vascos y navarros son unos privilegiados, pero ellos dicen que pagan impuestos como los que más.

R.- Depende del tributo y del territorio, pero, en general y para el nivel de renta que tienen, pagan algo menos que el resto. Aparte de que ese dinero se queda allí. Comparten poco con los demás.

P.- ¿Y no hay modo de que el cupo se calcule objetivamente? No parece tan complicado, ¿no?

R.- La ley del concierto prevé un procedimiento que, dentro de lo peculiar del sistema, es bastante razonable. Se cogen los Presupuestos Generales del Estado y, partida por partida, se va analizando si se trata de una competencia transferida o no. En caso afirmativo, no pagan nada y, en caso negativo, asumen la parte alícuota del gasto. Por desgracia, nadie ha visto nunca esos números.

«El sistema foral es una anomalía soportable porque afecta a territorios pequeños, pero si se extiende a Cataluña y Madrid, la parte rica de España dejará de pagar impuestos federales y quedará poco para repartir»

P.- No hay transparencia.

R.- Ninguna. Desde el primer día se ha mantenido una opacidad absoluta, y todos sospechamos que se debe a que en realidad esos números no existen. Porque si existieran serían muy diferentes. No puede ser que el resultado esté sistemáticamente sesgado a la baja, y no voy a dar cifras concretas, pero la diferencia es importante. Por el lado del gasto, se infravaloran los servicios que presta el Estado y, por el de los ingresos, se exagera la parte que les corresponde de los impuestos indirectos cuya recaudación no está totalmente trasferida.

P.- Barren siempre para casa.

R.- Sistemáticamente… Pero por recuperar el hilo de mi argumento, un sistema raro y mal calculado como este puede aguantarse mientras esté confinado a un trocito del país. De hecho, yo no soy partidario de eliminar los conciertos existentes. Vascos y navarros les han cogido cariño y quitárselos no conduciría a nada bueno. Pero exportarlos a otros territorios, a sabiendas de todos los inconvenientes que tienen, es una temeridad.

«Vascos y navarros pagan menos impuestos que el resto para el nivel de renta que tienen. Aparte de que ese dinero se queda allí. Comparten poco con los demás»

P.- Cambiando de negociado, ¿hace dumping fiscal la Comunidad de Madrid (CAM)?

R.- En este debate se mezclan varios conceptos. Se habla de un efecto capitalidad, y es innegable que lo hay. Si Madrid no tuviera la sede del Gobierno, sería básicamente como Talavera. Pero en algún sitio hay que poner la capital y, al elegir la CAM, concentras en ella empresas y funcionarios y la transformas en algo grande y distinto. Aparte de esto, no veo más privilegios. Madrid no puede tener las ventajas fiscales que se le reprochan desde el momento en que no dispone de una financiación por habitante superior al resto de las regiones. Siempre ha estado más o menos en la media, porque a pesar de ser muy rica, también le quitan mucho.

P.- Y al bajar determinados impuestos, ¿no succiona crecimiento de otras regiones?

R.- Nuevamente, ahí hay varios temas que conviene separar. En primer lugar, el sistema de financiación prevé esa posibilidad y por eso, como señalé antes, las cantidades que se aportan o detraen del Fondo de Garantía se calculan en base a una legislación de referencia igual en todo el país. Si a continuación una región baja sus impuestos, la cuota ya está satisfecha y el impacto recaudatorio se lo come ella. O si por el contrario los sube y recauda más, no debe meter más en la hucha común, puede quedarse con el exceso y destinarlo a lo que le dé la gana. Dicho esto, sí que existe un peligro real de fuga en el caso de Patrimonio y Sucesiones. Descentralizar estas dos figuras igual no fue una buena idea, porque sus contribuyentes son personas mayores, que no trabajan y pueden moverse fácilmente. Y si en Madrid tributan menos, a lo mejor se vienen, lo que puede dar lugar a una cierta carrera a la baja. En el caso de Patrimonio, que es un horror de impuesto, el que la competencia entre regiones se lo lleve por delante no me parecería mal, sería un servicio a la humanidad. En cambio, parece lógico conservar Sucesiones, para mitigar un poco la transmisión de desigualdades entre generaciones. Pero tampoco supone tanto problema y, en cualquier caso, no justifica la afirmación de que Madrid hace trampas.

«Madrid no puede tener las ventajas fiscales que se le reprochan porque su financiación por habitante no es superior a la del resto. Es muy rica, pero también le quitan mucho»

P.- Supongamos que Cataluña se independiza y que la secesión es pacífica, como lo fue la de Checoslovaquia en 1989. ¿Se notaría una diferencia grande en el bienestar de sus habitantes? Aparte de los aspectos emocionales, que no hay modo de medir, ni checos ni eslovacos han experimentado grandes cambios.

R.- Un divorcio voluntario es mejor que un matrimonio mal avenido y si la mayoría de los catalanes se quieren ir y la mayoría de los españoles está de acuerdo, pues adiós muy buenas. Pero a muchos avecindados en Cataluña, de los que yo fui uno durante 25 años, no nos gustaría que nos abandonaran en manos de los independentistas. En cuanto a las consecuencias económicas, no tendrían por qué ser traumáticas, especialmente si la región permanece dentro de la Unión Europea, lo cual no está claro. Así y todo, las fronteras importan y trocear un territorio que lleva siglos integrado tendría un coste, no enorme, pero apreciable.

«La economía española ha aguantado mejor de lo previsto estos años gracias a un influjo muy fuerte de inmigrantes, al dinero que nos ha llovido de Europa y al turismo»

P.- Yo lo digo principalmente poniéndome en los zapatos de los independentistas, que prometen que aquello será una especie de Arcadia cuando se separen.

R.- Se ahorrarían la aportación a la caja común española, pero perderían economías de escala y eficiencia.

P.- Un catedrático de Economía Pública [Jorge Martínez-Vázquez] me comentó que, si se consumara la secesión, cada catalán ganaría entre 500 y 1.000 euros más al año.

R.- ¿Y por qué iban a ganar más? ¿Se van a volver más listos?

P.- No, por lo que dejarían de aportar a la caja común.

R.- Podría ser, no he hecho los números, pero tampoco es tanto.

P.- A eso me refiero, a que la independencia no supondría una explosión de riqueza.

R.- Eso es lo que yo pienso también, pero hay quien dice que sí, que se van a volver más altos y más rubios.

«La productividad no termina de despegar y seguimos sin acometer la reforma de la educación, mientras hacemos cosas en pensiones y vivienda que nos van a pasar factura»

P.- Así es… Dos preguntas más. La primera es cómo ves la economía española. Sánchez dice que vamos como un cohete.

R.- Hemos aguantado mucho mejor de lo previsto estos años tan complicados [de la pandemia] y nos va mejor que a los vecinos, pero gracias a un influjo muy fuerte de inmigrantes, a los fondos que nos han llovido de Europa y al turismo, que ese sí va como un cohete. Ahora bien, en cuanto abres el plano y amplías el periodo considerado, el panorama ya no es tan halagüeño. Ahora mismo crecemos más que muchos países de nuestro entorno, pero en los últimos 20 años unos cuantos [antiguos miembros del bloque soviético] lo han hecho bastante mejor y algunos [como las repúblicas bálticas] están a punto de adelantarnos, si no nos han adelantado ya. La productividad no termina de despegar y seguimos sin acometer reformas indispensables, como la de la educación. Por el contrario, hemos hecho cosas que no tienen mucho sentido, sobre todo en pensiones y vivienda, y que nos van a pasar factura en el largo plazo.

P.- La última pregunta ya. ¿Pagamos pocos impuestos los españoles?

R.- Algo menos sí pagamos, aunque la presión fiscal ha subido mucho últimamente. A ver, a nadie le agrada pagar impuestos, pero son el precio de la civilización. El Estado necesita recursos para sufragar muchos programas importantes y, tal y como van las cosas, especialmente a la vista del ritmo al que envejece la población, va a ser inevitable seguir subiéndolos. Ahora bien, lo que hay que exigir es que ese dinero se use con criterio y eficiencia.