Moncloa rechaza finalmente usar el aeropuerto de Ciudad Real como centro de inmigrantes
Lo hace tras las revelaciones en los medios sobre las deudas del empresario y su aparición en los informes de la UCO
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. | Europa Press
Si el expresidente castellano-manchego, José Bono, consiguió que Cabañeros no se convirtiera en un campo de tiro, como así estaba negociando el Ministerio de Defensa de la época, Emiliano García-Page bien puede apuntarse otro triunfo. Finalmente, el aeropuerto de Ciudad Real no acabará siendo un centro de acogida de inmigrantes sin papeles, tal y como el Gobierno de Pedro Sánchez planteó inicialmente.
Pasadas las primeras horas de la tarde, el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, responsabilidad de Elma Saiz, ha emitido un comunicado en el que informaba de que, en efecto, se descarta construir usar las instalaciones del aeropuerto manchego.
Después de semanas de prospección -reza el comunicado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE- y, por motivos técnicos, «se ha tomado la determinación de descartar las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real para construir un Centro de Atención de Emergencia y Derivación, el quinto de estas características en el territorio».
A pesar del incremento de las llegadas con respecto al último año -sostiene Migraciones-, «la situación actual y la proyección para el último trimestre nos hacen trabajar dirigiendo recursos hacia otras alternativas». Desde el Ministerio -insisten-, «se hacen prospecciones constantes por todo el territorio con el fin de encontrar instalaciones que formen parte del Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional, un sistema flexible, acorde a las necesidades, que ofrece recursos para aliviar los puntos de primeras llegadas, como son las islas Canarias, Baleares o el sur de la península».
Un empresario relacionado con Delcy
En este sentido -mantiene el ministerio-, éste seguirá adelante con las labores de prospección, para las que resulta inestimable la solidaridad interterritorial y el apoyo de las diversas administraciones, como ha venido ocurriendo hasta ahora, para hacer frente al desafío común de la migración.
La decisión del Ministerio de Hacienda se produce tras una sucesión de informaciones publicadas en los medios de comunicación, donde, como ya destapó THE OBJECTIVE, había bastantes indicios de que el contrato con el Aeropuerto Internacional de Ciudad Real iba a tener lugar con un deudor de la Hacienda Pública, Rafael Gómez Arribas, quien además aparece en la agenda de Delcy Rodríguez, detectada por la UCO. Una agenda en la que quedaba claramente detallada una reunión entre el empresario español y la vicepresidenta venezolana, para hablar un 21 de enero de 2020, a las puertas de la pandemia en España, de unos vuelos charter desde Ciudad Real a Isla Margarita, enclave conocido por ser la puerta de Europa del narcotráfico.
Además, según ha podido constatar este medio, Rafael Gómez Arribas también está relacionado con Víctor Aldama -hoy en prisión y personaje central de la trama que asola, hasta la fecha, al Mininterio que presidía José Luis Ábalos-. Fuentes políticas consultadas por este diario sostienen que Gómez Arribas, como Aldama, eran dos personas conocidas en este ministerio situado en Nuevos Ministerios, subrayando que el dueño del aeropuerto de Ciudad Real «se movía por los pasillos de este lugar como Pedro por su casa».
1,3 millones para un deudor de 12 millones
Esta mañana, era la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, quien señalaba que le resultaba muy sorprendente la posición que estaba tomando hasta ahora la empresa propietaria del aeropuerto de Ciudad Real que -afirmó-, primero ha querido confundir o engañar a la ciudadanía haciendo ver que lo que quieren hacer es una acción humanitaria cuando claramente detrás hay un negocio del que pretenden sacar importantes beneficios. Incluso -apuntaba-, llegan a trasladar la imagen de que son una ONG cuando son una empresa que busca hacer un negocio.
Y sobre esa cuestión crematística reparó Padilla, al afirmar también que «la empresa propietaria parece que tiene muchas ganas de comunicar a la opinión pública confundiendo, pero estaría bien -destacaba-, que explicaran si es verdad que a cambio de esa labor que ellos quieren hacer sería a cambio de que el Gobierno de España le pagara 1,3 millones de euros al mes por tener ese centro de inmigrantes en un aeropuerto que no tiene actividad».
La semana pasada, fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha confirmaban que esta administración iba a llevar a cabo una inspección en estas instalaciones, tras detectar en las mismas que se estaban levantando unas vallas de tres metros de altura, perimentrando este emplazamiento. Además, tal y como más tarde señalaron estas mismas fuentes, de no haberse producido una rectificación o respuesta, el Ejecutivo de Emiliano García-Paje estaba dispuesto a iniciar un proceso sancionador contra esta empresa que pertenece a Rafael Gómez Arribas, deudor y moroso de la Hacienda Pública, al menos en 12 millones de euros, solo con dos sociedades relacionadas con el Aeropuerto Internacional de Ciudad Real.
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