El nuevo concierto de Muface divide al núcleo de las compañías aseguradoras
DKV «se posiciona en el ‘no’», Asisa «quiere continuar» y Adeslas «duda», según fuentes próximas a las aseguradoras
Fachada de un edificio de Muface en Madrid. | EP
La cuenta atrás ya se ha activado. Solo queda algo menos de dos semanas para el 5 de noviembre, día en el que las aseguradoras del concierto sanitario de Muface (Asisa, Adeslas y DKV) tendrán que comunicar al Gobierno su decisión de aceptar o abandonar las nuevas condiciones de los pliegos del Ejecutivo. Y nada parece estar claro en esta lucha de gigantes, con 1,5 millones de funcionarios públicos y familiares en vilo.
El Gobierno ha aprobado una subida de la prima del 17,2%, con un presupuesto de 2.681 millones de euros dividido en dos años: 1.337 millones para 2025 y 1.344 millones para 2026. Un aumento que las aseguradoras ven insuficiente tras acumular 429 millones de pérdidas con el convenio actual de Muface. No obstante, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes solventes próximas a las compañías, las dudas sobre si aceptar o no los nuevos pliegos son más fuertes en unas que en otras. Mientras que DKV «se sigue manteniendo en el ‘no’», Asisa «quiere continuar» y Adeslas «duda».
La situación de DKV
El Grupo DKV es parte del alemán ERGO, uno de las mayores aseguradoras en Alemania y Europa. Propiedad de Munich Re, está presente en más de 30 países en todo el mundo. «Ergo dice que se tienen que retirar, no quieren continuar en Muface asumiendo pérdidas», aseguran estas fuentes. DKV es la aseguradora que cuenta con el menor número de mutualistas: 132.085 optaron por ella en 2022 (17,3%). No obstante, es la compañía cuya edad media de los mutualistas es menor (57,1 años) y la que registra un mayor número de asegurados en activo (36%). También es la que cuenta con un mayor número de beneficiarios por mutualista, concretamente 0,49. DKV estima unas pérdidas de 60 millones de euros en el trienio.
Si definitivamente DKV decidiese abandonar Muface, más de 132.000 mutualistas y sus familiares deberán decidir si pasar a Adeslas o Asisa –en el que caso de que estas continúen– u optar por ser absorbidos por el sistema público de salud.
La situación de Adeslas
Adeslas es la compañía que asegura a un mayor número de funcionarios. En el año 2022, el 47,3% (361.978) de los mutualistas que prefieren recibir asistencia sanitaria privada eligieron SegurCaixa Adeslas, esto es, uno de cada dos funcionarios civiles del estado con sanidad privada. «Para Adeslas no es viable económicamente seguir en Muface. Es la mayor compañía aseguradora de este país, con una cuota de mercado del 29%, y no se puede permitir el lujo de perder tanto dinero», aseguran fuentes del sector próximas a la compañía, que señalan que «la gran duda» es la «presión que el Gobierno puede estar ejerciendo sobre La Caixa» para que Adeslas acepte las condiciones del concierto.
La media de edad de los mutualistas que optan por Adeslas es de 58,3 años, con un 40% de sus mutualistas titulares jubilados y un 60% en activo. Analizando el número de beneficiarios, se observa que SegurCaixa Adeslas es la segunda compañía con un mayor número de beneficiarios por mutualista (0,42). En total, la aseguradora acumula unos 256 millones de euros de pérdidas, comunicó la entidad, que recientemente señaló que estaba dispuesta a firmar un nuevo convenio asumiendo «pérdidas contenidas».
La situación de Asisa
Asisa, propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia, es la compañía que más claro tiene su continuidad, siempre según las fuentes mencionadas. Por su parte, un portavoz de la aseguradora ya señaló a THE OBJECTIVE que «se están valorando todos los factores a tener en cuenta» antes de tomar una decisión. De continuar, 270.600 de mutualistas (35,4%) tendrían asegurada su asistencia sanitaria privada, que son los que en la actualidad han elegido ser atendidos por Asisa.
Curiosamente, los mutualistas de esta aseguradora registran la edad media más elevada, concretamente 61,3 años. En consecuencia, cuenta con un mayor porcentaje de mutualistas titulares jubilados (47%). También es la que reconoce un menor número de beneficiarios por mutualista (0,39). Sus pérdidas llegan a los 113 millones de euros.
Las entidades tienen hasta el 5 de noviembre para tomar una decisión. De no aceptar ninguna de las tres el nuevo contrato, 1,5 millones de funcionarios y familiares serán absorbidos por la sanidad pública. Si esto ocurre, según un informe de la fundación IDIS, las lista de espera para consultas externas aumentarían un 266%, mientras que las de cirugía se dispararían un 115%; además, 13.000 puestos de trabajo en el sector sanitario privado desaparecerían.
