Hacienda diseña un impuesto a las energéticas como el que Franco creó tras la Guerra Civil
España se queda sola con esta fiscalidad de emergencia que el resto de socios europeos están retirando
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, con María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno. | Europa Press
La permanencia del impuesto a las empresas energéticas en nuestro sistema fiscal no deja de suscitar un debate que ha hecho que las sociedades afectadas tomen posiciones y algunas fuerzas políticas no sepan todavía qué camino tomar. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez busca alianzas para que este gravamen se convierta en un tributo estructural de la Hacienda Pública, aunque el precio de la energía ha bajado desde su máximo histórico, alcanzado en 2022.
De hecho, España es uno de los pocos países de Europa que aún mantiene un impuesto diseñado para gravar los beneficios extraordinarios, con el argumento de apoyar económicamente a los consumidores finales. Un tributo que de momento mantienen países como Polonia (hasta 2025), Reino Unido (previsiblemente hasta 2030), Lituania (hasta 2026) y, Eslovaquia (hasta 2027).
Los impuestos sobre beneficios extraordinarios están destinados a gravar las ganancias extraordinarias generadas en circunstancias excepcionales. «Pero este caso no es el de España -explica a THE OBJECTIVE Cristina Enache, economista de la TAX Fondation-, ya que lo que quiere este Gobierno es hacer permanentes unos impuestos especiales que no gravan los beneficios». Y esto «podría ser contraproducente, perjudicando el crecimiento económico, en lugar de plantearse políticas fiscales neutras que fomenten la inversión necesaria para mejorar el crecimiento económico».
La determinación de Sánchez de darle la vuelta a un gravamen extraordinario y convertirlo en un impuesto permanente, en una situación que nada tiene que ver con el momento en el que fue concebido, parece evocar tiempos pasados, cuando los impuestos extraordinarios se diseñaban para gravar los beneficios de las petroleras y de las empresas energéticas, debido a que los precios de la energía y los combustibles aumentaban exponencialmente por una crisis o una guerra. «Es lo que le pasó a la España de Franco -sostiene la también autora del Índice de Competitividad Fiscal Regional de España-, cuando este creó la contribución excepcional sobre beneficios extraordinarios, en enero de 1939, al final de la Guerra Civil».
Los primeros en gravar
Un impuesto que -según Miguel Ángel Martorell Linares y Francisco Comín en La Hacienda de la guerra franquista– sometía a tributación las ganancias calificadas de extraordinarias que se hubieran obtenido o pudieran obtenerse durante la guerra o como consecuencia de ella y, que curiosamente replicó la figura de la contribución sobre beneficios extraordinarios que se había creado en la zona republicana en 1937 y que no llegó a cobrarse con regularidad.
En el siglo XXI, España volvió a ser uno de los primeros países de Europa en introducir un impuesto sobre beneficios extraordinarios. En 2021, el Gobierno formado por PSOE y Sumar implementó un mecanismo temporal sobre las instalaciones de producción de energía eléctrica, minorando el exceso de retribución originado por los elevados precios de la energía y del gas. Sin embargo, con el tiempo, se aprobaron una serie de exclusiones y muchas empresas energéticas quedaron fuera del alcance de este mecanismo.
Un año más tarde, en octubre de 2022, y para homogeneizar el ingente número de impuestos sobre beneficios extraordinarios que los países europeos habían puesto en marcha, el Consejo de la Unión Europea acordó imponer un impuesto europeo, o ‘contribución solidaria’ sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por actividades en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías. La recaudación de dichos impuestos serviría para reducir el coste de la energía de los hogares vulnerables de una «manera no selectiva y transparente, apoyando a todos los consumidores finales».
Desacople con el ordenamiento de la UE
«Dado que la regulación europea permitía a los Estados miembros aplicar la contribución solidaría o una medida nacional equivalente sobre los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y/o 2023 por la industria de combustibles fósiles, España optó por implementar su propio impuesto«, recuerda Enache. Así, en diciembre de 2022, se adoptó un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de los operadores principales de electricidad, gas natural, carburantes y gases licuados del petróleo, aunque nuestro gravamen -aclara la economista de la Tax Fondation-, «no fue igual que el del resto de los socios europeos».
En primer lugar -apostilla-, porque España utiliza la cifra de negocios como base imponible en lugar de los beneficios. De manera que se aplica una tasa del 1,2% del importe neto de la cifra de negocios derivada de las citadas actividades desatolladas en España. Y, esto implica que «la base imponible no está diseñada para gravar la rentabilidad, ya sea esta el resultado de beneficios extraordinarios o no. En cambio, se asemeja más a un impuesto sobre el consumo».
En segundo lugar -subraya la economista-, «el impuesto solo se aplica sobre operadores cuyo importe neto de la cifra de negocios superara 1.000 millones de euros en 2019. Además -añade-, el impuesto se aplica durante los años fiscales 2023 y 2024, mientras que la regulación europea impuso un impuesto temporal que no se prolongaría más allá de 2023. Por lo tanto -resume-, el impuesto nacional está lejos de ajustarse a los requisitos del ordenamiento de la UE tanto en cuanto al diseño de la base imponible como a su naturaleza temporal».
Con calzador y sin presupuestos
Lo cierto es que en 2023 la Comisión Europea proponía el fin de estos impuestos, ya que la “implementación tan dispar de estas medidas en los Estados miembros generó incertidumbre entre los inversores”, señalaba Cabe recordar que la regulación de la UE establece que este tipo de tributos sobre los beneficios extraordinarios tiene que ser una medida de carácter temporal y cuya duración debe estar vinculada a una situación de crisis específica».
Pese ello, España anunció en 2023, con motivo de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y con la presión de Sumar encima, la decisión de hacer permanente este impuesto y también el de la banca. Pero los presupuestos para 2024 ni tan siquiera fueron presentados, así que, a finales de diciembre de 2023, el gravamen se prorrogó hasta 2024.
La clave política
Ahora, de nuevo, el Ejecutivo, atendiendo a su acuerdo con Sumar, y sobre todo a los compromisos de ajuste del déficit público con la Unión Europea, quiere que el impuesto al sector energético siga hacia adelante para cuadrar las cuentas sin necesidad de meter recortes al gasto público. Pero se ha encontrado con serios obstáculos en el camino. Desde luego, el de empresas del ramo, como Repsol -que ya ha anunciando que se llevará sus inversiones verdes a otros países de la Unión Europea-. Pero también de fuerzas políticas como Junts, que ha reparado en el enorme impacto que un impuesto de estas características puede tener sobre la planta que esta empresa tiene en Tarragona. O el caso del PNV, que no quiere el gravamen como tal, pero si éste se convierte en impuesto, con su normativa fiscal en la mano, lo bonificará para aquellas empresas que determinen, como ya vienen haciendo con otros impuestos de índole empresarial.
Al margen queda el Partido Popular, que no ha fijado todavía su posición, si bien, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, afirmó el pasado lunes en Santander ante 600 empresarios que su formación lo primero que hará cuando llegue al poder será bajar impuestos. No obstante, otras fuentes apuntan a que el PP estaría considerando abstenerse en la votación de enmiendas sobre este asunto, que tendrá lugar la próxima semana. Y la razón no es otra, que pensar que esa posición les podría dar votos entre el electorado de izquierdas en su persistente idea de un «giro social«. Por otra parte -cuentan fuentes políticas a este diario-, también están las presiones de algunas empresas que estarían haciéndoles plantearse algunas aristas de este impuesto. Algo que descartan otras fuentes populares, que apuntan a este diario, a que el PP está en contra de este impuesto de forma tajante, porque va en la dirección contraria de lo que necesita España, que es mejorar sus inversiones.
