Montero llega al Congreso con una reforma fiscal sin atar y con 47 enmiendas todavía vivas
Podemos no prestará su voto si Sánchez no se compromete a hacer permanente el impuesto a las energéticas
María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. | Europa Press
La reforma fiscal está en el aire. Se trata de un elemento crucial para que el Gobierno reciba el siguiente desembolso de los fondos europeos Next Generation y dar así credibilidad y garantía al Plan Estructural Fiscal enviado a Bruselas en octubre. España tienen que añadir en tiempo de descuento el borrador de los presupuestos generales del Estado de 2025. El Ejecutivo llega este jueves a la votación del Congreso de los Diputados con los deberes hechos a medias: apenas una ponencia, con hasta 47 enmiendas que están vivas y que pueden caer o seguir adelante en función de los apoyos parlamentarios. Lo que pase este jueves va a dar una idea del futuro que le espera a Pedro Sánchez a la hora de aprobar las cuentas públicas.
Entre estas enmiendas están la prórroga de los impuestos a las energéticas y a la banca, gravar más al diésel, las socimis y el seguro de asistencia de sanidad privada.
No fue hasta la madrugada de este martes cuando el partido en el Gobierno lograba cerrar el dictamen -previo a las enmiendas- en una interminable Comisión de Hacienda. Un encuentro que se tuvo que aplazar hasta en dos ocasiones. En esta ponencia, España se compromete a trasponer la Directiva de la Unión Europea 2022/2523, que establece un impuesto complementario para garantizar que los grupos de gran magnitud o las multinacionales tributen a un tipo mínimo global del 15%.
Un compromiso que, según varios economistas consultados por THE OBJECTIVE, «es una suerte de postureo, pues en España ya se grava con más del 15% a Sociedades», diferenciando que «no nos podemos llevar al engaño, confundiendo el resultado contable con la base imponible de Sociedades».
El trampantojo de las enmiendas
Para obtener el respaldo de las fuerzas políticas en la ponencia de esta disposición final, que modifica la Ley 27/2014 del impuesto sobre Sociedades, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, Alejandro Soler Mur, tuvo que hacer un largo receso para poder arrancar el voto favorable de todos los socios de la investidura.
El parón vino acompañado de una contradicción parlamentaria. Por un lado, el Gobierno se comprometió con ERC, EH Bildu y BNG a prorrogar el impuesto a las energéticas un año más, aunque esa prórroga ya existía desde principio de año, como informó THE OBJECTIVE. Al mismo tiempo, estampó en un documento del Ministerio de Hacienda, ante Junts, que no gravará a las empresas energéticas que inviertan en acciones contra la descarbonización, algo que hacen casi todas.
Se trata de un equilibrio complejo que pasa por decir una cosa y la contraria. El Gobierno se encuentra ahora con un dictamen en el que se incluyen la bonificación de la cuota empresarial por contrataciones en entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro y la modificación de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas en lo relativo a la disposición adicional sexagésima, sobre los rendimientos de actividades artísticas obtenidos de manera excepcional.
La apuesta de Podemos
El paquete fiscal incrustado en una proposición de ley y las peticiones de los socios siguen pendientes de la votación que tendrá lugar este jueves en el pleno. Aquí se procederá a la respuesta parlamentaria al dictamen y a cada una de las enmiendas. En ese momento se puede reproducir, según adelantan fuentes parlamentarias, la misma situación de caos que viene atravesando el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de conseguir el amparo de la izquierda, el independentismo y el nacionalismo.
Esas son las claves para que el dictamen y las enmiendas encuentren el cauce que necesita el Gobierno y, además, para que no se repita el «secuestro» del pasado martes, en palabras de los populares. El papel de Junts y de Podemos será decisivo para saber qué puede pasar con enmiendas como la prórroga o permanencia del impuesto a las energéticas, a la banca, a las grandes herencias, al patrimonio, al queroseno o al fondo de apoyo a deudores hipotecarios con recaudación del gravamen a la banca, como quiere la formación que lidera Ione Belarra.
Podemos ha hecho una apuesta fuerte: la de no dar nada de oxígeno al Gobierno si este no cede y convierte el impuesto a las energéticas en un tributo permanente. Algo que se había convertido en bandera de Junts, pero precisamente en el sentido contrario, por entender que perjudica al tejido industrial de Cataluña, desde el momento que Repsol deje de invertir en su planta de Tarragona y los inversores pongan pies en polvorosa.
La clave de los tres empates
El PNV jugó un papel secundario en este acto, dejando que Junts capitalizara el compromiso inicial del Gobierno de no gravar más a las energéticas. Fuentes parlamentarias explican a este periódico que los jeltzales «están ya comprados» por el Ejecutivo y exigirán poder encargarse de estas figuras fiscales a través de sus agencias forales.
Mientras se despeja la posición de Junts, de momento la llave la sigue teniendo Podemos. Al cierre de esta edición, los morados siguen con el ‘no’ hasta que no vean una propuesta real para prorrogar el impuesto a las energéticas, aunque el Gobierno sigue negociando con ellos. El voto en contra de los de Belarra provocaría un empate a 175 entre el bloque de investidura y PP, Vox, UPN y Podemos. Si esto se produce hasta en tres ocasiones, haría decaer la ley, según lo establecido en el artículo 88.1 del reglamento del Congreso.
