El 15-M de la vivienda pide medidas como las que ya dispararon el alquiler un 75%
Siete expertos desmontan las ‘soluciones’ del Sindicato de Inquilinas, que solo ve «mentiras»
Manifestación contra los propietarios de vivienda en Barcelona. | Agencias
Desde junio de 2015, el precio del metro cuadrado en alquiler se ha disparado un 75% en Barcelona. En estos años, la capital catalana ha tenido gobiernos municipales liderados por la común Ada Colau y su anterior socio de coalición, el socialista Jaume Collboni; y ejecutivos autonómicos conformados por diferentes combinaciones entre Junts, ERC y el PSC que se han apoyado parlamentariamente en formaciones antisistema como los Comunes o la CUP. Desde entonces, la Ciudad Condal ha visto la aplicación de normativas como la obligación de destinar un 30% de cada nueva promoción a pisos sociales o topes a los precios de arrendamiento dictados por ley, todo ello mientras las instituciones permitían que la urbe se convirtiese en la más okupada de España.
Según los expertos y los datos, lejos de aliviar el problema del acceso al mercado residencial estas medidas han contribuido a agravarlo, al reducir la oferta de pisos en el mercado. Sin embargo, las entidades convocantes de las últimas manifestaciones por el derecho a la vivienda en Madrid y Barcelona siguen poniendo encima de la mesa propuestas como la reducción por ley del alquiler e, incluso una huelga de impagos. La humanidad lleva siglos experimentando con el control de los precios de los inmuebles sin que nunca esta solución haya logrado demostrarse eficaz o perdurar en el tiempo, pero siempre acaba volviendo: «Es como una canción de verano, todo el mundo la baila y políticamente funciona muy bien, pero el control del alquiler no funciona, es de las pocas cosas en las que puedes encontrar una opinión unánime entre los economistas», advierte Josep Maria Raya, profesor de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).
«Volvemos a cargar sobre el flanco fácil, que es el propietario», lamenta el abogado Pablo de Palacio, que constata atónito que «ningún manifestante está cargando contra el Gobierno por no haber aprobado presupuestos anuales con inversión en vivienda», sino que se apuesta por defender normas que «ha quedado más que claro que realmente no tienen ningún tipo de beneficio», porque «los fondos invierten y venden, pero el mercado del alquiler se está reduciendo mucho y no solo aumenta el precio, sino que se reduce oferta». El jurista recuerda que «el obligado a garantizar el derecho a la vivienda es el Estado y no el propietario», el enemigo público de las últimas movilizaciones.
Arantxa Goenaga, abogada especializada en derecho inmobiliario, también cree que los organizadores «se equivocan de enemigos» y que «deberían revisar sus aliados, porque el responsable de garantizar el derecho a la vivienda es el Gobierno, no los propietarios». Enric Aragonès, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas de Barcelona, afirma que esto es «mentira» y que su movimiento considera que «los culpables son los rendistas» y «los responsables son los Gobiernos». «Con el Gobierno no nos hemos manifestado», asegura. Tanto la concentración de Madrid como la de Barcelona contaron con la asistencia de representantes de partidos que gobiernan o han gobernado en los últimos años, como las exministras Reyes Maroto e Irene Montero, además del apoyo expreso de los Comunes, que necesitan una nueva bandera para frenar su desgaste electoral en Cataluña.
«La confrontación entre propietarios y arrendatarios es absurda», protesta Xavier Vilajoana, presidente de APCEspaña, que observa que «el derecho a la vivienda y a la propiedad están los dos en la Constitución». «Si alguien quiere criminalizar la propiedad privada, que vaya al Congreso e intente cambiar la Constitución», reta el representante sectorial de la promoción y construcción. Incide en que la seguridad jurídica y la inversión extranjera son necesarias «guste o no» ante la falta de capacidad propia para construir los pisos que faltan en las zonas tensionadas y ve «muy significativo que incluso las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE no se hayan adherido a la ley de vivienda». «Muy claro no lo ven… si voy por la autopista y todos van en dirección contraria, da para pensar que igual eres tú el que va dirección contraria», sugiere.
Los impulsores del 15-M de la vivienda se escudan en que los datos que apuntan al fracaso del límite de precios no son oficiales ni comparables. «Solo será el colapso lo que nos saque de un relato de cosas que no funcionan», vaticina Carles Sala, portavoz y director institucional del Área Jurídica de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña. Su razonamiento es que con un alquiler limitado por ley, «al nómada digital que se puede permitir un alquiler de 1.500 o 2.000 euros le sale mucho más barato que vivir en París», por lo que se puede producir una mayor demanda que, junto con la falta de oferta, excluye del mercado a los más vulnerables. «Un agente nuestro puso en agosto dos viviendas de Barcelona en una plataforma y a primera hora ya tenía 700 correos electrónicos. 698 personas se quedan sin vivienda y dos se los queda el propietario, y son los que dan más seguridad de que cumplirán con el pacto, sea con el alquiler capado o no».
Una huelga de ‘inquiokupas’
Sobre la «huelga» de morosidad, Sala rememora que «se intentó hace 100 años aproximadamente, en 1931, y tuvo consecuencias nefastas para el que hacía la huelga, que acabó desahuciado, y para los propietarios, que retiraron sus viviendas». El portavoz del Sindicato de Inquilinas hace una lectura diferente de este episodio de la historia de España: aunque hubo «desahucios» y «represión», «después hubo bajadas de los alquileres». Para ello «debe ser masiva y organizada», según Aragonès, que explica que próximamente se anunciarán instrucciones concretas. No concreta cuándo se iniciará esta acción, pero sí que se seguirán «estrategias legales y económicas» como no pagar ni un céntimo al casero, ya que «si pagas solo una parte, estás en impago» de todos modos. «El sistema judicial no puede asumir una gran cantidad de personas a la vez declarándose en huelga de alquiler».
Para el abogado y criminólogo De Palacio, «un incumplimiento masivo de contratos saturaría los juzgados y aquí, cuidado, porque el Sindicato de Inquilinas podría tener consecuencias penales, puede ser considerado incluso como insurrección contra el Estado». Y es que «el delito del llamamiento se produce desde que se hace público, tenga más o menos seguimiento». La fiscalía del Tribunal Supremo, de un Tribunal Superior de Justicia autonómico o incluso de una Audiencia Provincial tendría en su mano «querellarse contra el sindicato» y «podríamos hablar de un delito de provocación a una insurrección» que puede «tener repercusiones penales».
Al Sindicato de Inquilinas no le preocupan las posibles derivadas judiciales por lo penal. Creen que una respuesta de este tipo «no tiene ningún recorrido», ya que «no pagar el alquiler no es delito, e incitar a no pagar no es un acto delictivo, es un conflicto civil». Goenaga les acusa de «irresponsables», porque cree que la peor parte, legalmente, se la van a llevar no los instigadores, sino quienes les sigan. «Están causando un perjuicio a la gente que no pague, porque se va a meter en un procedimiento judicial que les va a costar aún más dinero, les tocará pagar las costas y encima se quedarán sin casa», alerta la socia del bufete AF Legis.
«Todo por lo que están protestando es el resultado de las medidas que ellos han presionado para que se aplicasen, y nos han hecho ir por el precipicio», señala Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, que aconseja: «Si tus soluciones no funcionan, retírate y deja que alguien con más criterio proponga soluciones, no propongas una huelga que va contra ti mismo». «La gente con más dinero se ha encontrado que en Cataluña pueden encontrar mejores condiciones para alquilar, dando lugar a un efecto llamada que incrementa la demanda y tensiona más el mercado», añade. «Estas medidas generan más demanda y hacen retirar oferta del mercado».
Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de las patronales Fadei y Amadei, denuncia que «lo que están pidiendo es ilegal» y hace hincapié en que «el 95% o más de los que están poniendo el inmueble en alquiler son pequeños compradores que igual necesitan ese dinero para pagar la residencia de ancianos». Ninguno de los expertos consultados oculta su escepticismo con las propuestas ideológicas y sin base empírica que reclaman los sindicatos, sino que apuestan por otras salidas a esta crisis como invertir dinero público en construir vivienda social o reducir la burocracia para edificar obra nueva. De lo contrario, temen que la situación se seguirá agravando y que los barrios con más déficit de oferta tenderán a la «sobreocupación» y la «infravivienda», con pisos patera y habitaciones precarias a precio de oro.
